El artículo 17 del decreto reglamentario del Instituto Nacional de la Yerba Mate fue redactado a propósito para no repetir precios de miseria pagados en los 90: “El precio de las materias primas no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, incluyendo una rentabilidad razonable”. Con un nuevo decreto, Javier Milei acaba de borrar de un plumazo ese artículo, entre otros, que todavía incluían algún mecanismo de regulación del mercado yerbatero. El Presidente legalizó que se le pague al productor por debajo del costo de producción, como está sucediendo actualmente. 

Según el último estudio difundido por el INYM, el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde.

Los precios reales que se pagan en el mercado están muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305. Ahora esos valores son legales. El valor cayó 77 por ciento, según los cálculos de la Provincia. 

El nuevo decreto presidencial sorprendió en Misiones. Llegó sin aviso y casi sin necesidad. El DNU de diciembre de 2023 ya había sido demoledor. Pero ahora el desguace es total. El INYM quedó apenas con un rol de promoción. Los productores que votaron -nuevamente- a Milei no encuentran explicación ni respuestas cuando reciben las críticas de otros yerbateros. 

Incluso en la industria sienten que se está llevando al extremo una situación que no beneficia a nadie en Misiones. El precio bajo sólo conviene a Buenos Aires. La rentabilidad industrial también se resiente con precios planchados, mientras que los costos operativos no paran de subir.

El siempre sonriente Federico Sturzenegger, sin embargo, salió a celebrar el nuevo decreto. Destacó que la producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico, lo que obedece más al fin de la sequía y la mayor producción que a la desregulación -se tarda cuatro años en cosechar una planta-. También apuntó que las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord, pero eso nada tiene que ver con la desregulación, ya que el INYM no regulaba nada en esa área y, de hecho, impulsaba la venta en mercados externos con participación en ferias y promociones. 

El ministro desregulador insiste en el precio real de la yerba cayó 44%, lo que -según su lectura- implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras. Pero el único precio que “cayó” fue el de la materia prima. En góndolas subió 126,4 por ciento desde diciembre de 2023. En todo caso, aumentó menos que la inflación acumulada desde entonces -241,03%-, según los últimos datos-. 

Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo. Dinámico, como el futuro de la chacra. 

La producción amenaza con no iniciar la zafra de verano y escalar la batalla contra la industria, aunque ésta no sea el principal enemigo, sino que está aprovechando un entorno más favorable. 

La supervivencia de la economía regional está en riesgo: en las chacras ya se observa la caída de rentabilidad. En la industria sufren por la competencia de nuevas marcas baratas que van ganando terreno ante los bolsillos flacos. 

El gobernador Hugo Passalacqua alertó sobre el riesgo de la concentración en la yerba mate y la supervivencia de cerca de 13 mil productores. En la oposición algunos aprovecharon para intentar llevar agua para su molino, como el diputado provincial electo Ramón Amarilla. Diego Hartfield, ajeno al tiempo y a la realidad territorial, se dedicó a explicar el rendimiento de los bonos en la Bolsa. 

No hay salida de corto plazo para la crisis de la producción yerbatera. La Provincia busca ampliar mercados para que haya más demanda de materia prima -culminó con éxito una misión comercial a la India, encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a varios empresarios-. Mientras tanto, se seguirá gestionando ante la Nación para recuperar el INYM -la esperanza es lo último que se pierde, dicen en el Gobierno.- y fortalecer otras producciones que puedan compensar la caída de rentabilidad. Con el té, el gobernador Hugo Passalacqua inició gestiones para que sea incorporado al acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos y lograr que se elimine el arancel del 10 por ciento que cobra actualmente el país de Donald Trump. Sin esa traba, la rentabilidad de la industria tealera podría dar un salto competitivo que permita mejorar el precio de la materia prima.

Esos temas serán analizados con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien vendrá a Misiones este martes -será la primera provincia que visite-. Santilli viene en busca de respaldos al Presupuesto y otras leyes que quiere imponer Milei. Pero viene con mochilas flacas, con poco para ofrecer en relación con los reclamos de la Provincia. 

En la última asamblea de gobernadores del Norte Grande, Passalacqua trazó una línea clara: pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.

En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.

El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente”.

Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”

Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil”.

Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.

El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.

No quiere decir eso que se bloquee el tratamiento legislativo de los proyectos del Gobierno nacional. Pero se exige alguna reciprocidad que por ahora no aparece. Santilli deberá hacer algún esfuerzo para convencer. No hay visión federal ni un intento de acercamiento real del Presidente con los gobernadores. De hecho, parece haber una desconexión entre la agenda presidencial y las demandas reales de la Argentina, que exhibe una pérdida inédita de empleo y empresas aún más grande que durante la pandemia. La comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores/as registrados/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

No parece haber modelo económico pensado para la recuperación de esos empleos ni del poder adquisitivo. Con un valor equivalente a 225 dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina se hundió por debajo de países vecinos con economías mucho más pequeñas, como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares), y quedó lejos de los niveles que exhiben Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) o Ecuador (470 dólares).

El retroceso del salario mínimo argentino se profundizó durante los últimos dos años en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El SMVM no solo es el más bajo de Latinoamérica, sino que además ya se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, previo a la salida de la Convertibilidad. 

Apenas hay un plan financiero, atado a los humores de Donald Trump y el FMI. Ni siquiera los bancos de Estados Unidos parecen estar dispuestos a confiar en el plan: se bajaron del salvataje de 20 mil millones de dólares porque no encontraron “garantías” de poder cobrar la deuda. Se trata de uno de los acuerdos de salvataje que habían festejado desde el Ejecutivo y formaba parte de las medidas anunciadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo atinó a relativizar la necesidad de auxilio, contradiciendo lo que celebraba hasta hace unas pocas semanas, cuando se evitó el colapso económico, justo antes de las elecciones. 

La frustrada ayuda no parece poner en riesgo la continuidad del ministro, uno de los sobrevivientes en el Gabinete que ya tiene a dos nuevos nombres: Alberto Presti, ex jefe del Ejército, será el primer militar en ocupar el ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia. La designación es toda una declaración política del presidente Javier Milei, que quiere poner fin a la “demonización” de las fuerzas armadas. La alusión no es inocente. El flamante ministro es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). El coronel estaba acusado por 44 crímenes de lesa humanidad.

La otra designación es la de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich en Seguridad -la ex ministra irá al Senado-. La flamante titular de la cartera de seguridad está dedicada al rubro desde 1995. Fue consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el “exitoso Modelo Bukele”. Es discípula del general Oscar Naranjo, quien incorporó en Colombia técnicas antiterroristas y antinarcóticos de la DEA y el FBI y fue uno de los que logró cazar a Pablo Escobar. Toda una declaración.