Diputados impulsan el uso de Taser y que los policías se compren sus propias armas
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Fue llamativa la coincidencia con la que surgieron los proyectos en la sesión de la Cámara de Diputados: el libertario Adrián Núñez pidió incorporar las armas Taser para la Policía y que se creen juzgados para el narcomenudeo, inmovilizar cuentas y congelar activos. Acto seguido, Walter Ríos propuso que los policías se compren sus propias armas. Ramón Amarilla completó el triángulo acusando al Gobierno y la Policía de “liberar zonas” para robos en zonas rurales y citó como ejemplo al productor citrícola Ricardo Ranger que constantemente se queja del robo de naranjas de sus plantaciones que están al alcance de la mano en Eldorado. “La cúpula policial es espectadora de lujo del saqueo”, acusó el diputado que hace poco integraba la fuerza.
Salió al cruce del ex comisario la diputada Anazul Centeno, quien le recordó que si tiene pruebas de delitos tiene la obligación, como funcionario, de presentarlas a la Justicia, no como un “pedido de informes”.
En el Gobierno no desconocen las denuncias de Ranger, pero abren un interrogante sobre su propia responsabilidad en el cuidado de la producción. Si su chacra, ubicada junto al pueblo, carece de medidas mínimas de protección, pretender que la Policía custodie permanentemente sus frutales supone trasladar al Estado una tarea que también exige inversión y prevención del propietario.
La cantidad de denuncias tampoco reemplaza la necesidad de aportar pruebas. Determinar cuántas naranjas fueron sustraídas y establecer su procedencia requiere elementos verificables: la sola presencia de fruta en un puesto de venta sobre la ruta no demuestra que pertenezca a su establecimiento.
La defensa de la propiedad merece una respuesta, pero debe sostenerse en pruebas y en una responsabilidad compartida por la prevención.
Pero no fue el único elemento polémico de la noche. Núñez introdujo en el debate una iniciativa de “mano dura”, como promueve Patricia Bullrich. Quiere que la Policía y el Servicio Penitenciario usen armas Taser, como en Capital Federal y otras ciudades.
La iniciativa forma parte de un paquete de seis proyectos vinculados con el combate al narcomenudeo y la seguridad.
“Pensemos en una persona violenta, fuera de sí. Hoy el policía tiene dos opciones: no actuar o usar el arma de fuego. Las dos son malas”, sostuvo al fundamentar la propuesta.
El planteo del legislador apunta a ampliar los recursos disponibles para una intervención policial. La incorporación de las Taser estaría acompañada por condiciones específicas para su utilización, tanto en las fuerzas de seguridad como en el ámbito penitenciario.
Según explicó, únicamente podrían emplearlas agentes certificados y ante una amenaza real. La propuesta prohíbe su uso sobre personas esposadas, embarazadas, niños y personas mayores. También establece que cada descarga tenga una duración máxima de cinco segundos y que, después de su aplicación, se brinde atención médica obligatoria.
Otro de los componentes del proyecto es la documentación de las intervenciones. Núñez señaló que cada disparo deberá quedar registrado y grabado mediante una cámara corporal, un mecanismo que vinculó con el control de la actuación de los agentes.
“Eso protege al ciudadano de un abuso y al oficial de una denuncia falsa”, afirmó. De esta manera, el registro audiovisual aparece en su exposición como una garantía para revisar las circunstancias en las que se utilizó el dispositivo.
Durante su presentación, el diputado describió las Taser como un instrumento que inmoviliza por unos segundos y afirmó que no pone en riesgo la vida. Esa afirmación requiere precisión: se trata de dispositivos de menor letalidad, cuyo uso no está exento de riesgos. La capacitación, las restricciones, la asistencia médica y la revisión de cada intervención son, por eso, aspectos centrales del esquema que expuso.
La incorporación de pistolas eléctricas integra el bloque de medidas que el legislador definió como orientadas a la “seguridad del vecino”. En paralelo, presentó propuestas para que la Justicia provincial investigue la venta de drogas en los barrios, para perseguir el dinero de las organizaciones delictivas y para crear un sistema de denuncias anónimas -aunque el narcotráfico es un delito federal-.
Como fundamento general, Núñez mencionó que en lo que va de 2026 se incautaron en Misiones más de 25 toneladas de marihuana y 50 kilos de cocaína, con un valor que estimó superior a los 45 millones de dólares. Reconoció el trabajo policial, pero planteó que esos resultados también muestran la dimensión del problema en una provincia fronteriza.
“La pregunta no es si la Policía trabaja o no. La pregunta es si la ley acompaña el trabajo que hace la Policía”, sostuvo.
El paquete de Núñez también incluye la creación de un Sistema Provincial de Denuncias Anónimas Seguras, con una plataforma web, una aplicación móvil, una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas y buzones presenciales. El proyecto prohíbe exigir datos personales y establece que los canales digitales y telefónicos no podrán almacenar información que permita identificar al denunciante. Contempla, además, la eliminación de metadatos de los archivos adjuntos, el enmascaramiento opcional de la voz y una auditoría técnica independiente anual. La recepción quedaría a cargo de una unidad de personal técnico y civil del Ministerio de Gobierno, con independencia funcional de la estructura operativa policial.
La información deberá remitirse a la autoridad judicial competente dentro de las 24 horas, con intervención inmediata cuando exista un riesgo para la vida o la integridad física. Cada persona recibirá un código para seguir su aporte y ampliarlo sin revelar su identidad. El proyecto precisa que esos avisos tendrán carácter de noticia anónima y que su valoración corresponderá a la Justicia o al Ministerio Público. También prevé un mapa reservado de puntos críticos para orientar patrullajes, cámaras e iluminación, mientras que la información referida exclusivamente a consumos problemáticos se destinará a la asistencia sanitaria. En paralelo, busca incentivar la instalación de cámaras de seguridad por parte de los vecinos.
En paralelo, Ríos propuso que los policías sean dueños de sus propias armas. El Estado las compraría, pero los policías las pagarían con descuentos de sus salarios y cada efectivo conservaría la propiedad incluso después de retirarse o ser dado de baja. Ese es el núcleo del proyecto de Walter Roque Ríos y Débora Mangone, del espacio Por la Vida y los Valores. La iniciativa combina exigencias de capacitación y control psicológico con una decisión económica concreta: trasladar al agente el costo de adquisición del arma que utilizará para prestar el servicio de seguridad.
La propuesta establece que cada efectivo recién egresado reciba una pistola calibre 9 milímetros y tres cargadores reglamentarios, completamente nuevos. Desde la entrega, esos elementos pasarían a ser de propiedad personal e intransferible del policía. El Estado provincial financiaría el costo total y lo recuperaría mediante cuotas mensuales descontadas directamente del recibo de haberes.
El proyecto parte de una premisa que no demuestra: que convertir al policía en dueño de su arma mejorará su cuidado y hará más eficiente el gasto público.
El punto más cuestionable es que permite conservar el arma tanto al retirarse como al recibir la baja, sin distinguir sus causas. Aunque exige cumplir la normativa nacional, no desarrolla cómo se retiraría o custodiaría el armamento ante una pérdida de aptitud. Desde esa perspectiva, la crítica es concreta: se propone transformar equipamiento policial en patrimonio personal sin demostrar qué gana la sociedad con ese cambio. La seguridad exige formación, supervisión y capacidad de intervenir cuando un efectivo deja de estar en condiciones de portar un arma. Ser dueño de ella no garantiza ninguna de esas capacidades.
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