Yamila Ruiz pide declarar la emergencia yerbatera y que el INYM vuelva a fijar precios
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La diputada nacional por Misiones Yamila Ruiz propone una intervención sobre dos problemas que atraviesan al productor yerbatero: el precio que recibe por su cosecha y los recursos que necesita para seguir produciendo mientras espera cobrarla. Mediante dos proyectos de ley, plantea declarar la emergencia del sector, devolver al Instituto Nacional de la Yerba Mate sus herramientas de regulación y crear un programa extraordinario de asistencia financiera y fiscal para las explotaciones de hasta 50 hectáreas cultivadas.
Las iniciativas tienen alcances diferentes y complementarios. Una busca modificar de manera permanente las reglas de funcionamiento de la cadena, con la recuperación de los acuerdos de precios y las facultades de fiscalización del INYM. La otra procura atender la urgencia financiera mediante créditos del Banco Nación, protección temporal frente a nuevas acciones judiciales de ARCA y transferencias para aliviar costos vinculados con el empleo registrado.
El diagnóstico de Ruiz parte de la desigual capacidad de negociación dentro de la actividad. En los fundamentos describe una producción primaria distribuida entre miles de explotaciones frente a compradores con mayor concentración y capacidad financiera. Caracteriza ese funcionamiento como un oligopsonio, un mercado en el que pocos compradores negocian con numerosos vendedores.
Desde esa perspectiva, el problema excede la evolución de los costos. También comprende las condiciones bajo las cuales el productor vende y cobra. La legisladora sostiene que los pagos se difieren entre 60 y 120 días, mientras los gastos de mantenimiento y cosecha requieren desembolsos inmediatos. Así, el productor entrega materia prima y debe financiar el período que transcurre hasta recibir el dinero.
Los fundamentos señalan, además, que el precio percibido en chacra llegó a ubicarse hasta un 50% por debajo de los costos técnicos mínimos calculados por el INYM.
La respuesta institucional aparece en el proyecto de Emergencia Yerbatera y Restitución de Facultades Regulatorias del INYM. Propone declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social durante un año, prorrogable por otro. Pero establece una distinción decisiva: las atribuciones recuperadas por el Instituto permanecerían vigentes cuando termine la emergencia.
El núcleo de esa recuperación es el acuerdo semestral del precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, mediante unanimidad de los sectores representados en el Directorio. Si no hubiera acuerdo, la definición quedaría sujeta al laudo vinculante de la autoridad agraria nacional.
La iniciativa agrega una protección específica para esos valores: los declara de orden público y dispone la nulidad absoluta de los contratos que establezcan precios inferiores o plazos de pago diferidos que vulneren las referencias oficiales. La intención es impedir que el precio sostén pierda eficacia por las condiciones de contratación.
El proyecto también contempla recuperar registros obligatorios de los integrantes de la cadena, promover cooperativas y otras formas asociativas, constituir fondos específicos y utilizar estadísticas y relevamientos para ordenar la relación entre oferta y demanda. Incluye la posibilidad de establecer, junto con la autoridad agropecuaria nacional, medidas que limiten la producción ante situaciones de sobreproducción estructural.
Para sostener ese esquema, Ruiz propone restituir artículos de la Ley 25.564 a su redacción anterior a las modificaciones del DNU 70/2023 y dejar sin efecto el Decreto 812/2025. El planteo alcanza, por lo tanto, tanto las competencias legales como el marco reglamentario que condiciona su ejercicio.
La dimensión financiera del organismo también forma parte del proyecto. Se busca resguardar sus recursos frente a apropiaciones, retenciones o confiscaciones del Tesoro Nacional, restablecer el régimen de fiscalización del estampillado y limitar los gastos administrativos al 5% de sus ingresos o gastos totales.
La propuesta ordena, además, reponer autoridades y estructura orgánica al estado anterior al 20 de diciembre de 2023, con representación sectorial con voz y voto. Acompaña esa disposición con una cláusula que excluye indemnizaciones, retroactivos, salarios caídos y otras compensaciones por el período de alteración de las facultades institucionales.
Según sus fundamentos, la recuperación de competencias se financiaría con recursos propios del INYM y no requeriría aportes del Tesoro.
El segundo proyecto, denominado Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero, se concentra en las explotaciones que no superen las 50 hectáreas cultivadas. Su principal instrumento es una línea de crédito del Banco Nación para capital de trabajo, con tasa subsidiada y un período de gracia mínimo de un año.
Los fundamentos proyectan una línea global de $50.000 millones, con un subsidio de 15 puntos porcentuales de tasa nominal anual. Bajo el supuesto de desembolso total durante doce meses, estiman un costo de $7.500 millones para esa bonificación.
La protección fiscal propone suspender durante un año, prorrogable por otro, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares por ARCA para los contribuyentes inscriptos en el Registro de Productores Yerbateros, dentro del alcance general del programa.
El alivio tiene límites precisos. No condona deudas, mantiene el devengamiento de intereses y suspende la prescripción de las acciones de cobro. Tampoco establece expresamente el levantamiento de embargos ya trabados ni la paralización general de procesos iniciados. Ofrece una protección temporal frente a nuevas medidas, aunque la obligación tributaria continúa acumulándose.
A ello se suman transferencias transitorias para aliviar el costo de la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Los fundamentos calculan $3.200 millones para este componente, orientado a preservar el empleo formal rural, sin fijar un monto individual ni un porcentaje obligatorio de cobertura.
El programa también propone reforzar las auditorías sanitarias y de origen de la yerba importada. No establece cupos, prohibiciones ni nuevos aranceles: exige controles y cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
La estimación económica total requiere otra precisión. Ruiz calcula $12.800 millones, integrados por $7.500 millones de subsidio de tasas, $3.200 millones de transferencias y $2.100 millones de postergación de cobros fiscales. Este último componente es un efecto de caja por diferimiento de ingresos, de naturaleza distinta del gasto en subsidios y compensaciones.
El documento sostiene que el total equivale al 0,009% del gasto primario proyectado para 2027. El financiamiento previsto consiste en reasignar partidas del presupuesto nacional vigente, sin identificar programas concretos de origen.
Ambos proyectos exigen informes trimestrales al Congreso. El programa de asistencia deberá reportar ejecución de recursos, precios en chacra, importaciones e impacto sobre las familias tareferas. El INYM, por su parte, deberá informar sobre registros, ordenamiento productivo, acuerdos de precios, controles y administración de sus fondos.
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