Discapacidad: Herrera Ahuad fue clave para acordar la nueva ley en Diputados

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Después de cuatro horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El dictamen logró el apoyo mayoritario de todos los bloques, con la excepción de un sector de cordobeses y la abstención del Frente de Izquierda. Ahora, el texto seguirá su tratamiento en la Cámara alta.

Tras una extensa como intensa discusión en los pasillos del Palacio Legislativo, La Libertad Avanza concedió la incorporación de ratificar la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y la coexistencia de esa mensualidad con otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Asimismo, el proyecto de ley garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o la denominación que adopte en el futuro. También incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes y habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados aprobó el nuevo proyecto sobre discapacidad después de una negociación en la que Oscar Herrera Ahuad ocupó un lugar central para acercar la propuesta del oficialismo a los reclamos de las organizaciones y las familias. El presidente del bloque Argentina Federal reunió las modificaciones, las presentó ante el recinto y consiguió que La Libertad Avanza aceptara incorporarlas. La iniciativa deberá continuar su tratamiento en el Senado. 

El acuerdo modificó el escenario con el que había comenzado la discusión. Mientras el oficialismo buscaba avanzar con su propio régimen, distintos bloques opositores promovían una prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793. Las conversaciones durante la sesión permitieron acercar posiciones alrededor de garantías sobre las pensiones, el financiamiento y la continuidad de las prestaciones.

Herrera Ahuad fue el encargado de enumerar los cambios consensuados. La aceptación del oficialismo quedó expresada en el recinto por el diputado libertario Huesen, quien ratificó el acompañamiento a las modificaciones presentadas por el misionero. 

La intervención del legislador puso el financiamiento en el centro del debate. El texto que defendió establece que las leyes de presupuesto deberán garantizar un crédito suficiente para asegurar la “sostenibilidad real y permanente del sistema”. También incorpora una protección frente a la pérdida de poder adquisitivo: “El ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al contemplado en el ejercicio inmediato anterior”, expresó al leer la redacción propuesta.

La cláusula agrega una obligación para el Poder Ejecutivo. A través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias en cada ejercicio para garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones y los beneficios contemplados.

El alcance de esa disposición es concreto: obliga a prever recursos suficientes y contempla un mecanismo para cubrir las necesidades del sistema cuando las partidas asignadas resulten insuficientes.

Pero el entendimiento legislativo dejó abierto otro frente. Herrera Ahuad reclamó un compromiso explícito para retirar el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que contiene derogaciones y modificaciones contrarias a las garantías discutidas en el recinto.

“Pido, señor presidente, el compromiso explícito”, sostuvo antes de solicitar la eliminación de las disposiciones remitidas por el Ejecutivo. El planteo apuntó a evitar que el Congreso aprobara una protección para las personas con discapacidad y luego la debilitara mediante la ley presupuestaria.

Entre los puntos cuestionados aparece la propuesta de derogar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los aranceles de las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumidor. El documento aportado para el debate ratifica la vigencia de ese artículo y también la de la Ley 26.816, correspondiente al régimen de empleo protegido para personas con discapacidad.

La exigencia presupuestaria constituye, por lo tanto, una discusión que continúa. El reclamo de retirar ese capítulo no equivale todavía a su eliminación del proyecto de Presupuesto.

Otro eje del acuerdo fue la relación entre la pensión y el acceso al trabajo. La propuesta mantiene la compatibilidad con una actividad laboral dentro del límite de ingresos previsto, de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese umbral, contempla la suspensión del beneficio y la posibilidad de solicitar su rehabilitación inmediata cuando termine el vínculo laboral o disminuyan los ingresos. El monto de la pensión se establece en el 70% del haber mínimo jubilatorio. 

El articulado aportado también precisa que, para evaluar el requisito económico de acceso, se considera el ingreso individual de la persona y no el del grupo familiar. Entre las condiciones figuran la acreditación del Certificado Único de Discapacidad, la documentación de identidad y una evaluación socioeconómica.

La redacción distingue, además, los distintos supuestos de acceso a la pensión previstos en la Ley 13.478. La referencia a las personas de 70 años o más no constituye una edad mínima para obtener una pensión por discapacidad: el artículo contempla por separado a quienes alcanzan esa edad, a quienes están imposibilitados para trabajar y a las personas con discapacidad.

Las modificaciones impulsadas por Argentina Federal también abarcaron las auditorías. Herrera Ahuad propuso que, antes de una suspensión preventiva, se notifiquen las causas y se otorgue una instancia para presentar un descargo. Asimismo, planteó la rehabilitación inmediata y provisoria del beneficio para quienes sostengan que cumplen los requisitos, mientras se resuelve su situación. Para los prestadores con compensaciones pendientes, solicitó la publicación de un cronograma de pagos. 

La participación del misionero resultó decisiva para ordenar esos reclamos dentro de una propuesta que el oficialismo aceptara acompañar. El acuerdo permitió avanzar en Diputados; su continuidad dependerá ahora del tratamiento en el Senado y de que las garantías de financiamiento encuentren respaldo en el Presupuesto 2027.

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