Durante la guerra de Malvinas, la dictadura construyó un relato épico triunfalista que permitió exacerbar el nacionalismo y convencer a los argentinos de que todo iba bien. “Estamos ganando” se repetía en los medios de la época hasta días antes de la rendición en las islas y el recuento de víctimas que dejó 649 soldados argentinos caídos contra 255 británicos. 

El presidente Javier Milei está usando la misma lógica: “Estamos ganando”, cuando la evidencia demuestra lo contrario. 

“La Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, aseguró el Presidente. 

Para el libertario, “resulta insostenible que los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. Sin embargo, los datos en los que se basa son cuestionados por tener cimientos débiles. Una de las principales críticas es que cambió la metodología de calcular los ingresos, lo que modifica artificialmente, las condiciones de las familias. En la calle, la realidad marca que la principal preocupación es cómo llegar  a fin de mes, mientras crece la morosidad en tarjetas, créditos y hasta billeteras digitales. Es mucho más que anécdotas. 

Milei pide paciencia, pero parece estar agotada. Mucho más después del escándalo de Manuel Adorni, el vocero devenido en Jefe de Gabinete y ahora viajero VIP con millonarias propiedades adquiridas en los últimos dos años, según confirmó la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien le ayudó a conseguir las jubiladas generosas para financiar sus hipotecas. 

No es el único escándalo, pero quizás el más tangible. Pero hay otros incluso más graves. La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y eleva la presión judicial sobre un entramado que ya aparece como uno de los expedientes más sensibles en materia de gasto público social. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días el pedido de 29 nuevas indagatorias, formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a partir de un reciente hallazgo en la investigación que apunta a un esquema de desvío de fondos por más de 75.000 millones de pesos.

“Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. MAGA VLLC!”, tuiteó. 

Pero sólo lo celebra el grupo duro. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que Javier Milei llega a este tramo de su gestión con una desaprobación del 65%, una aprobación del 33,9% y apenas 1,1% de indecisos. 

Es la consolidación de una tendencia. Desde octubre de 2025, cuando la desaprobación era de 62,8%, el rechazo nunca volvió a perforar el umbral alto y, tras una breve meseta en torno al 50%, volvió a escalar hasta tocar su máximo de la serie. En paralelo, la aprobación cayó desde 48,8% en diciembre de 2025 a 33,9% en abril de 2026. 

En apenas cuatro meses, el Gobierno perdió casi 15 puntos de respaldo y ganó más de 15 puntos de rechazo.Ese deterioro se vuelve todavía más relevante cuando se lo cruza con otra variable decisiva: la percepción sobre el rumbo del país. Allí el estudio muestra una fractura profunda. Solo el 28,3% considera que la Argentina va en la dirección correcta con el gobierno de Milei, mientras que el 63,6% cree que va en la dirección incorrecta y un 8,1% no sabe. 

La percepción de que la dirección es “incorrecta” sí se basa en datos que se pueden advertir a simple vista: a diario cierran empresas, se pierde empleo y los datos oficiales confirman el derrumbe constante de los principales indicadores. 

Industria, comercio y construcción -los tres grandes motores históricos del empleo- siguen en caída y muy por debajo de los niveles de 2023. No se trata de sectores marginales: juntos explican casi la mitad del empleo registrado. Cuando estos engranajes se frenan, lo que se resiente no es sólo la actividad, sino el tejido social y productivo en su conjunto.

Milei prefiere mirar únicamente la parte de las estadísticas que le conviene. El EMAE -ese termómetro que sintetiza el pulso de la economía- exhibe crecimiento. ¿La explicación? El impulso proviene de un puñado de sectores dinámicos: agro, minería, petróleo e intermediación financiera, actividades que en conjunto apenas concentran el 9,2% del empleo.

Ahí aparece la paradoja que define el momento actual: la economía crece, pero no necesariamente donde viven y trabajan la mayoría de los argentinos.

Para los sectores que hoy lideran la expansión, el escenario es promisorio. Hay rentabilidad, inversión y expectativas alineadas con un ciclo de mejora. Pero para quienes dependen de la industria, el comercio o la construcción -es decir, la mayoría- la percepción es otra: ingresos que no alcanzan, actividad retraída y un horizonte incierto.

La industria manufacturera tuvo en febrero uno de sus peores registros recientes. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una contracción de 8,7% interanual, mientras que el acumulado del primer bimestre cayó 6,0% frente al mismo período de 2025. En la serie desestacionalizada, el descenso fue de 4,0% respecto de enero.

El deterioro fue además muy extendido. En febrero, 14 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Por incidencia en el índice general, retrocedieron alimentos y bebidas (-6,9%), maquinaria y equipo (-29,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-24,6%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-24,6%), prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%), productos de caucho y plástico (-15,7%), industrias metálicas básicas (-12,5%), productos textiles (-33,2%), muebles y otras manufactureras (-12,3%), productos minerales no metálicos (-7,2%), productos de metal (-5,7%), tabaco (-14,9%), otro equipo de transporte (-19,8%) y madera, papel, edición e impresión (-1,5%). Solo mostraron incidencias positivas refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,7%) y sustancias y productos químicos (3,7%).  En textiles, donde la baja fue una de las más severas, la producción de tejidos y acabado cayó 47,0% y la de hilados de algodón 30,7%; según las empresas relevadas, pesaron la menor demanda interna y una mayor competencia de importados. 

La construcción también registró una caída de 1,3% respecto de enero y las expectativas empresarias no describen un escenario expansivo, sino más bien de cautela. Para el período marzo-mayo de 2026, el 69,3% de las firmas dedicadas principalmente a obras privadas cree que la actividad no cambiará.

En contraste, la inflación de marzo se mantendrá por encima del 3 por ciento. En mayo se cumplirá un año completo de aceleración de los precios. 

Caída de actividad, pérdida de empleo y precios en alza. Un combo que el Presidente prefiere obviar. 

Adrián Núñez, el representante en Misiones de la Libertad Avanza, se refleja en Milei. Ante la realidad, negarla. “No hay ninguna crisis”, enfatizó el diputado libertario sobre la yerba mate, cuando el sector productivo está en la miseria, con precios por la materia prima más bajos que hace dos años, cuando comenzó la nueva era de desregulación. 

Insistió en que la desregulación llegó para quedarse y que los productores deben “adaptarse” a la nueva realidad. Esa nueva realidad no es desconocida. En los 90, la anterior década desregulada, produjo una enorme transferencia de recursos desde la producción a la industria. Ahora se estima que por la caída de precios, la chacra perdió 400 mil millones, en detrimento de los eslabones más altos de la cadena. Por productor, los cálculos marcan una pérdida anual de 32,7 millones de pesos. 

La disputa por la renta yerbatera es la clave de la nueva demanda de inconstitucionalidad del DNU 70/2023. Con el patrocinio del abogado Federico Padolsky, se presentaron el viernes en la Justicia federal de Misiones sendas demandas contra la desregulación. El eje es que el DNU avanzó sobre el espíritu de la ley sancionada en 2001. que respondió a la necesidad de corregir las profundas asimetrías estructurales existentes dentro de la cadena de valor de la yerba mate. En efecto, mientras los sectores Industrial y Comercial presentan elevados niveles de “concentración” económica, la Producción Primaria presenta una “gran dispersión”, ya que se encuentra conformada por miles de pequeños y medianos productores que desarrollan su actividad en condiciones de marcada vulnerabilidad frente a los restantes actores del mercado.

El texto de la demanda recuerda que las herramientas regulatorias previstas por la ley (particularmente aquellas vinculadas a la fijación de precios de la materia prima y a la regulación de nuevas plantaciones) constituyeron instrumentos esenciales para evitar situaciones de abuso de posición dominante y para garantizar condiciones mínimas de sustentabilidad económica para los productores primarios.

La nueva estrategia judicial ataca en particular, los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del decreto presidencial, que eliminaron o modificaron diversas facultades regulatorias del organismo, suprimiendo herramientas institucionales que durante más de veinte años habían constituido pilares fundamentales del sistema legal de la actividad. Las normas aquí cuestionadas, eliminaron “lisa y llanamente” las atribuciones vinculadas con la fijación del precio de la materia prima y con la regulación de nuevas plantaciones de yerba mate, alterando de manera sustancial el esquema institucional diseñado por el “Legislador”.

La supresión de dichas facultades regulatorias importa una profunda transformación del régimen legal que rige la actividad yerbatera, cambiando de facto la naturaleza jurídica del INYM. En los hechos, tales modificaciones dejan sin herramientas institucionales al organismo creado por el Congreso para intervenir en la actividad, debilitando significativamente su capacidad para cumplir las funciones para las cuales fue concebido.

La eliminación de los mecanismos institucionales de concertación sectorial agrava las asimetrías existentes dentro de la cadena productiva, exponiendo a los Productores Primarios a condiciones de negociación significativamente más desfavorables frente a los sectores industrial y comercial.

El artículo 99 inciso 3 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede dictar Decretos de Necesidad Y Urgencia cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”, exigencia que constituye una garantía fundamental del principio republicano de división de poderes y de gobierno (art. 1 CN).

La doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que el dictado de esos decretos constituye una facultad de carácter excepcional, cuya utilización sólo resulta constitucionalmente válida cuando se verifica una situación de urgencia real que impide el funcionamiento normal del proceso legislativo.

En el caso yerbatero, no se advierte a diciembre de 2023, la existencia de ninguna circunstancia extraordinaria que justificara la utilización de este mecanismo excepcional para modificar el “régimen institucional” de la actividad yerbatera, el cual había sido establecido por el Congreso de la Nación luego de un amplio proceso legislativo.

No se trata de una mera formalidad retórica: la Constitución Nacional le exige expresamente al Poder Ejecutivo Nacional la explicación fundada de por qué la situación que pretende (des) regular no puede esperar el trámite ordinario de formación de las leyes.

En el DNU, todo el fundamento del Presidente se reduce a apenas dos párrafos, con los que pretende “reconfigurar” toda una economía regional que involucra a miles de productores, miles de trabajadores rurales, decenas de industrias, etc.

En esos dos párrafos Milei afirma, en esencia, que corresponde “modernizar” el Instituto Nacional de la Yerba Mate y “evitar” su intervención en un mercado que considera “competitivo”. Afirmación que realiza sin aportar “estudios técnicos”, ni “datos sectoriales”, ni “informes económicos”. Mucho menos un “análisis de mercado yerbatero argentino”, ni un solo “diagnóstico productivo”. 

La ausencia de motivación resulta todavía más evidente cuando se analizan los indicadores objetivos del sector al momento del dictado del decreto. Lejos de encontrarse en crisis, la actividad yerbatera mostraba indicadores de expansión sostenida, con: a) crecimiento del consumo total, 

b) aumento significativo de las exportaciones, 

c) estabilidad del mercado interno, 

d) expansión del valor agregado en la cadena productiva, 

e) garantía de calidad y trazabilidad del producto, entre otras mejoras que había logrado la existencia del INYM en el sector yerbatero argentino.

Esa descripción no proviene de una fuente aislada ni de un estudio privado, sino de la evaluación del Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino, elaborado con participación de organismos públicos, instituciones técnicas y universidades, del año 2022. Es decir, eran datos oficiales, que simplemente fueron desdeñados. 

La nueva estrategia judicial tiene respaldo explícito del gobernador Hugo Passalacqua. La Provincia sigue buscando herramientas para proteger a los pequeños productores y recuperar el equilibrio en la cadena. Por eso volvió a convocar a una reunión de la Mesa Yerbatera, el próximo 23 de abril, con el objetivo de acercar posiciones y mejorar el precio de la materia prima. Será una tarea titánica, ya que la industria no se mueve de los 250 pesos en promedio, aunque el costo está certificado en 391 pesos, lo que eleva el precio para garantizar una mínima rentabilidad, a 508 pesos. 

El gobernador entiende que más allá de que la situación de crisis de la producción primaria es consecuencia directa de una política nacional, no hay que desatender a los eslabones más vulnerables. No hay tiempo para la “adaptación” que marcan los libertarios, sino que las urgencias son del ahora. 

Por eso la Provincia pone en marcha sus propios anticuerpos a la crisis, con inversión y fondos propios. A diferencia de otras provincias, tiene obras viales en marcha, viviendas entregadas, aunque no en la proporción de otros años y puso en marcha una inédita obra energética que cambiará la matriz de la zona centro y sur: la línea de 132 kv entre Posadas, Alem y Oberá, con una inversión propia de 72 millones de dólares. 

En la oposición, ante la escasez de méritos propios que celebrar, la campaña está enfocada en insistir en temas que poco tienen que ver con el día a día. Una serie de fallos de la Corte Suprema pretendió ser utilizada en contra de la política fiscal misionera, como argumento para justificar la inédita caída de empresas. Pero la decisión suprema puso claridad en otras provincias, que cobraban impuestos más caros a las empresas extraterritoriales. En Misiones hay equidad tributaria y estabilidad fiscal, destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Y, por lejos, es la provincia con mayor cantidad de empresas de la región. Cabe hacerse la pregunta ¿si los impuestos locales no cambiaron, cómo hasta hace un par de años los comercios vendían bien y había empleo privado récord y ahora cierran diariamente por caída de ventas y costos exacerbados? Quizás la explicación no deba buscarse en Misiones, sino en el deterioro económico nacional.