Veintiún años después, el mercado de la yerba vuelve a ser desregulado y el Instituto Nacional de la Yerba Mate quedará reducido a un organismo de promoción, sin facultades de regular ni el mercado ni los precios. La “modernización” del INYM está dentro del paquete de “desregulación” de la economía, como en 1991 estuvo la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, cuando el presidente Carlos Menem impuso un decreto similar al que esta noche presentó Javier Milei. 

El objetivo del Presidente es que el INYM se equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de “impedir su intromisión en un mercado competitivo”, replicando así el “exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”. Según trascendió, el equipo presidencial ya tiene un nombre para encabezar el “nuevo tiempo” del INYM y se baraja el nombre de Alberto Ré, un conocedor del sector, que ya fue presidente durante la gestión Cambiemos. 

De este modo, la resolución 170 que fijaba límites a la producción, quedará en abstracto, justo después de que la Justicia correntina devolviera a Misiones el conflicto suscitado por el reclamo de dos empresas contra el corsé de cinco hectáreas para nuevas plantaciones. 

En esa línea, también se deroga la Ley N° 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes, lo que abre el juego a la compra de materia prima por parte de otras provincias para industrializarse fuera de la zona productora. La ley justamente buscaba promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate en la región productora.

En cuanto al INYM, el DNU sustituye el artículo 3 de la ley y lo reemplaza por un nuevo rumbo: “Los objetivos del INYM serán promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando proteger el carácter competitivo de la industria”.

Se elimina el inciso J del artículo 4, que le daba potestad para “crear registros para la identificación de la producción, elaboración, industrialización, comercialización de la yerba mate y derivados debiendo inscribirse en ellos, con carácter obligatorio los productores, elaboradores, acopiadores, molineros, fraccionadores, importadores, exportadores, y cualquier otro participante de la cadena del negocio de la yerba mate y derivados”. 

También se elimina el inciso N, que instaba al INYM a “promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora”, lo que contradice profundamente el modelo productivo de Misiones. 

Finalmente, se suprime el inciso R, que le daba facultad al INYM para “acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes el precio de la materia prima”. 

En cuanto al inciso I del artículo 4 de la ley del INYM, que le permitía realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados, a efectos de implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda, y, en caso necesario, establecer en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, medidas que limiten la producción, será reemplazado por “realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados”.

Milei también le quita los fondos previstos en el inciso E del artículo 5 -se los podrá quedar el Tesoro nacional- y, elimina el rol de policía que ejercía el INYM, al derogar el quinto párrafo del artículo 21, que estipulaba la prohibición e inmediato decomiso a la exhibición, transporte o tenencia de yerba mate molida y envasada fuera de la planta fraccionadora o molinera sin el correspondiente estampillado. Ese artículo estipulaba que “las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba en contrario, resultando aplicables las sanciones establecidas en el artículo 28 de la presente ley”. Ahora, se reemplazó el párrafo por: “A las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas le resultarán aplicables las sanciones establecidas en adición a las que la legislación aplique a la figura de evasión impositiva”.

Milei también derogó el artículo 22, que marcaba que “todos los fondos serán de propiedad del mencionado Instituto y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del INYM serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del Instituto” y el 24, que marcaba que “los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5% de los gastos totales del Instituto”.

Un nuevo escenario que no es el que imaginaron los productores cuando hace 20 años salieron a las rutas en protesta justamente por las consecuencias de la década desregulada. Entre 1991 y 2001, el precio de la yerba se desplomó: el kilo de hoja verde cayó de $0,20 en 1991 a 0,06 pesos convertibles uno a uno. El precio en góndola, en cambio, se mantuvo casi constante. Esos 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por una cosecha promedio de 700 millones de kilos por 10 años, permite visualizar la enorme transferencia de ingresos de la producción hacia la  industria, comercios e impuestos: casi 1.000 u$s millones en una década. 

Veinte años después, con regulación, una decidida intervención del Gobierno provincial, en línea con el INYM, la yerba está en su mejor momento con el consumo interno más alto de los últimos cinco años y el mejor nivel de exportaciones desde 2020, el año récord. La materia prima se pagaba por encima de los precios oficiales y el objetivo era insistir en los 60 centavos de dólar, ya que el precio en pesos se acercó bastante hasta la devaluación. Sin embargo, la licuación del precio oficial, hoy en 210 pesos, es evidente: con un dólar a 800 pesos, el precio de la materia se desplomó a 0,26 centavos de dólar. Sin la facultad de fijar precios, será muy complejo elevar esos valores.

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