La política de ajuste en obra pública del Gobierno nacional abrió un frente de conflicto con los gobernadores. Javier Milei ha reiterado que el Estado no debe destinar recursos a infraestructura vial, pero la realidad muestra otra cara: según datos del propio Gobierno, las rutas nacionales están en estado calamitoso, con una siniestralidad que preocupa y costos futuros que multiplican los ahorros inmediatos.

Un informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial, en 2024 murieron diez personas por día en la Argentina por causas vinculadas a la inseguridad vial. Más de la mitad de esos siniestros ocurrió en rutas: 29 % en las nacionales y 25 % en las provinciales.

El deterioro es evidente. Una evaluación del propio Gobierno reveló que uno de cada dos kilómetros de rutas nacionales no está en buen estado. Del relevamiento de 19.171,3 kilómetros realizado por Vialidad Nacional surge que:

• 47,5 % fueron calificados como “buenos” (9.098,8 km).
• 29 % como “malos” (5.565,3 km).
• 23,5 % como “regulares” (4.507,2 km).

Provincias más afectadas

El Instituto Argentina Grande, con datos de Vialidad, identificó a las provincias más críticas: Buenos Aires, Misiones, Salta, Jujuy y Chaco.

• Buenos Aires: la gestión de Axel Kicillof registró la mayor caída, con un desplome de 40 puntos porcentuales en rutas en buen o regular estado.
• Misiones: las nacionales 12 y 14 presentan tramos en pésimo estado, con alta siniestralidad y sin mantenimiento. Misiones tiene la segunda tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes, con 14,5.
• Salta: la emblemática Ruta 40, entre Payogasta y La Quiaca, combina sectores sin asfaltar y deterioro avanzado.
• Jujuy: las rutas 9 y 66 figuran entre las más peligrosas del país.
• Chaco: la Ruta 16 atraviesa la provincia en condiciones críticas.

Otros distritos también muestran números alarmantes:

• En Tucumán, de los 185,4 km evaluados, el 60 % estaba en mal estado.
• En Santa Fe, de 998,3 km relevados, el 53,6 % obtuvo la calificación de “malo”.

El costo de no invertir

La advertencia es clara: lo barato sale caro. Según el Instituto Argentina Grande, el costo de mantener anualmente el sistema vial argentino es de USD 4.213 millones, mientras que la recuperación de infraestructura deteriorada escala a USD 40.773 millones.

En el caso específico de las rutas nacionales, el costo de recuperación asciende a USD 23.240 millones.

Las cuentas fiscales muestran el recorte: en 2023, el Estado nacional destinó USD 10.321 millones en gastos de capital. En 2024, ese número cayó a USD 2.437 millones, lo que significa un desplome del 76 % en dólares.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) insiste en que “la ausencia de un mantenimiento regular acelera el deterioro de las vías”, lo que obliga a desembolsar cifras mucho más altas en reparaciones de emergencia o directamente en reconstrucciones.

En números: para recuperar los niveles de inversión de 2023 faltarían USD 7.883 millones adicionales. Un esfuerzo que hoy parece inviable, pero cuya postergación amenaza con agravar la crisis vial y multiplicar la siniestralidad.