El Gobierno decretó la nueva movilidad jubilatoria

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A través de un decreto, el Gobierno nacional impuso la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicará desde julio. En abril habrá un aumento del 12,5%.

Con el debate parlamentario estancado, eliminada la fórmula que regía y con los jubilados perdiendo poder adquisitivo, el Gobierno impuso por decreto este lunes (25/3) la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se actualizará por inflación y se aplicará desde julio. Hasta entonces, habrá aumentos a cuenta. El incremento de abril será del 12,5%.

El Gobierno de Javier Milei pretendió establecer una nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios dentro del debate de la Ley Ómnibus pero, al fracasar esta, tampoco envió un proyecto al Legislativo y mientras tanto los ingresos de los jubilados se vieron resentidos por las subas en el costo de vida.

Con la fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández derogada por decreto, Milei apeló al pago de bonos como el anunciado para abril de $70.000 y ahora decidió establecer por decreto la nueva movilidad.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que “con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación”.

El Ejecutivo argumentó que “es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.”Política eficiente”

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En el decreto, el Gobierno sostuvo que “el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia”.

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