El Gobierno derogó una ley histórica para el financiamiento de viviendas para fuerzas armadas y de seguridad. Por decreto, se eliminó el Fondo Nacional creado en 1975 para construir viviendas de servicio. El Ejecutivo argumenta ineficiencia y desuso del régimen en el marco del ajuste del gasto público.

Mediante el Decreto 437/2025, el presidente Javier Milei dispuso la derogación de la Ley N° 21.134, que establecía el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal Militar, de Gendarmería, Prefectura Naval y la ex Policía Aeronáutica. El Gobierno consideró que el régimen se encuentra inactivo y representa una estructura obsoleta que genera una asignación ineficiente de recursos públicos.

La medida fue firmada también por el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se enmarca en la Ley de Bases N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a modificar o eliminar organismos y estructuras estatales cuya existencia resulte innecesaria o redundante.

La Ley N° 21.134, sancionada en 1975 y ordenada por el Decreto 2644/80, preveía la creación de un fondo específico para financiar la construcción, adquisición y mantenimiento de viviendas para personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como centros cívicos en localidades estratégicas.

En el articulado original se detallaban mecanismos de financiación a través del Presupuesto Nacional, donaciones, legados y rentabilidad de capitales administrados por el Ministerio de Defensa. También se preveía la retención de una parte del haber de los ocupantes como retribución por el uso de las viviendas, cuyos fondos debían volver al sistema para su sostenimiento.

Sin embargo, según los fundamentos del decreto presidencial, “actualmente el régimen no cumple con la función para la cual fue creado”, ya que los recursos del fondo no se utilizan ni se canalizan a través de la estructura prevista por la ley. Las tareas de mantenimiento de viviendas y equipamiento se ejecutan por otras vías presupuestarias, lo que genera una superposición administrativa y gasto innecesario.

La decisión se apoya en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 27.742, también conocida como Ley de Bases, que faculta al Ejecutivo a realizar modificaciones estructurales en el marco de la emergencia pública declarada en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Entre los principios invocados, el decreto subraya la necesidad de “reducir el sobredimensionamiento del Estado”, “transparentar el gasto” y “asegurar el control interno de la administración pública nacional”. En esa línea, se considera que mantener un fondo inactivo atenta contra la eficiencia fiscal y contradice los objetivos de racionalización que impulsa la gestión actual.

Además, el Ejecutivo asegura que la eliminación del régimen permitirá “reducir costos administrativos innecesarios y eliminar una estructura obsoleta”, alineándose con la política de reingeniería estatal que ya impactó en múltiples áreas del aparato público desde diciembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 26.122, la medida será girada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez del decreto delegativo. El dictamen resultante será elevado a ambas cámaras para su tratamiento expreso.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa avanzando en su estrategia de eliminar organismos y fondos con baja o nula operatividad, en el marco de una mayor centralización presupuestaria y búsqueda de equilibrio fiscal.