El Gobierno nacional renueva medidas en la lucha contra el contrabando

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El Gobierno nacional firmó acuerdos con cámaras empresariales y compañías de comercio electrónico para fortalecer los controles contra el contrabando, la falsificación y la comercialización de productos de origen irregular. El esquema incorpora a Mercado Libre a un mecanismo de detección y eventual baja de publicaciones sospechosas, que comenzará con notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos, e incluye el intercambio de información con organismos públicos para identificar posibles inconsistencias comerciales y aduaneras.

La iniciativa contempla convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Mercado Libre, Frávega, Cetrogar y Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram. En paralelo, se establecieron acuerdos específicos con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar para definir mecanismos concretos de cooperación e intercambio de datos.

El objetivo oficial es ampliar la capacidad de detección de mercadería que podría provenir de operaciones ilegales y coordinar respuestas entre las plataformas comerciales y las áreas de fiscalización. Para ello, se prevén reportes trimestrales cuyos datos podrán cruzarse con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

La incorporación de Mercado Libre constituye una de las principales novedades del esquema. En una primera etapa, el mecanismo se concentrará en cinco categorías de productos: computadoras portátiles, teléfonos celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. La información sobre los principales oferentes y los artículos comercializados permitirá identificar posibles inconsistencias y, cuando se detecten publicaciones vinculadas con operaciones ilegales, avanzar con su eliminación conforme a los procedimientos establecidos.

El sistema no implica que toda publicación de esas categorías quede bajo sospecha ni que los productos sean retirados automáticamente. La intervención dependerá de la detección de indicios de irregularidad y de los mecanismos de fiscalización correspondientes. En el caso de Meta, el acuerdo contempla la baja de sitios o publicaciones denunciados en Facebook e Instagram, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Comercio.

Los convenios también prevén campañas de comunicación dirigidas a vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente en relación con el origen de los productos ofrecidos. Según la Secretaría de Comercio, cuando corresponda, los procedimientos podrán encuadrarse en el Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado mediante la Resolución 56/2026, que establece controles sobre el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad e información. Las actuaciones podrían derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización o la intervención judicial, según cada caso.

La industria reclama controles sobre el comercio físico y digital

El acuerdo con la UIA tiene un alcance más amplio que la fiscalización de plataformas digitales. La entidad industrial impulsa desde 2025 una agenda para combatir el contrabando, el fraude aduanero, la falsificación de marcas y la comercialización de productos que incumplen las normas técnicas, tanto en los canales electrónicos como en los establecimientos físicos.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la central fabril, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y ocasiona pérdidas fiscales por unos US$ 2.300 millones anuales. Además, la tercera encuesta de la entidad indica que seis de cada diez empresas industriales se consideran afectadas por el comercio desleal, mientras que cuatro de cada diez identifican competencia ilegal en plataformas de comercio electrónico, marketplaces y redes sociales.

Estas cifras corresponden a estimaciones y relevamientos de la UIA, que sostiene que las operaciones fuera de los circuitos legales generan condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con las obligaciones tributarias, aduaneras y regulatorias.

“El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores”, afirmó el presidente de la UIA, Martín Rappallini, al referirse al convenio. El dirigente sostuvo que la cooperación entre las empresas y los organismos de control puede mejorar la detección de irregularidades mediante el uso de tecnología y el intercambio de información.

El acuerdo marco con la entidad industrial se organiza en cinco ejes: cooperación contra el contrabando y el fraude aduanero; incorporación de herramientas tecnológicas y controles sistémicos; intercambio de información; articulación con organismos públicos; y creación de una mesa de trabajo permanente.

La participación de las empresas asociadas a la UIA será voluntaria. El convenio general no obliga a las compañías a compartir datos: aquellas que decidan sumarse deberán formalizar acuerdos particulares que establezcan las condiciones de cooperación y las categorías de productos alcanzadas.

La mesa de trabajo estará integrada, por el lado del Gobierno, por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, y por parte de la UIA, por su Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales, a través de la mesa dedicada al comercio ilegítimo, el contrabando y la competencia desleal. El esquema contempla un plan de trabajo semestral y un seguimiento trimestral de las acciones acordadas.

Qué organismos participarán en la fiscalización

La coordinación prevista incluye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Autoridad Nacional de la Competencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La intervención de estas dependencias apunta a vincular el análisis de la información comercial con los controles aduaneros, la propiedad intelectual y el cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias, de acuerdo con las características de cada producto.

La Secretaría de Comercio explicó que los datos aportados por las plataformas sobre los principales oferentes de categorías consideradas sensibles serán cruzados por ARCA para detectar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades. Ese procedimiento busca mejorar la identificación de operaciones que requieran una revisión por parte de las autoridades competentes.

La efectividad del mecanismo dependerá de la calidad y oportunidad de los datos, de la capacidad para verificar las alertas y de la coordinación entre las empresas y el Estado. También será relevante distinguir entre una inconsistencia comercial y una infracción comprobada, para que las medidas se adopten de acuerdo con los procedimientos aplicables.

El antecedente de los controles aduaneros

La firma de los acuerdos se produjo después de reuniones entre representantes industriales y autoridades aduaneras por el ingreso irregular de mercadería y la posible subfacturación de importaciones. A comienzos de octubre, la UIA planteó ante funcionarios las dificultades que enfrentan sectores como el textil, la indumentaria, el cuero, el calzado, los celulares, la cerveza y el tabaco.

Uno de los temas abordados fue la eliminación de los precios de referencia que se utilizaban como herramientas de control de importaciones. Según el relato de la reunión, las autoridades señalaron que trabajaban en un sistema tecnológico para cruzar cantidades y precios declarados, con el propósito de detectar inconsistencias en las operaciones.

Ese desarrollo forma parte de una línea de trabajo distinta, centrada en los controles aduaneros, aunque comparte con los nuevos convenios el uso de herramientas de análisis de datos para identificar posibles irregularidades.

La agenda industrial también incluye un formulario único de denuncias desarrollado junto con Defensa del Consumidor y actividades de capacitación para integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, destinadas a mejorar la identificación de modalidades de comercio ilegal.

Desde AFARTE, su directora ejecutiva, Ana Vainman, consideró que el convenio representa un punto de partida para combatir la competencia desleal. La directiva sostuvo que, según las estimaciones de la entidad, uno de cada tres celulares vendidos en Argentina no habría sido importado legalmente ni fabricado en el país.

El desafío para el Gobierno y las empresas será convertir los compromisos en resultados verificables: detectar mercadería irregular, aplicar los controles correspondientes y reducir las ventajas de quienes operan fuera de la ley. Para la industria, el impacto se medirá en condiciones de competencia; para el Estado, en la capacidad de fiscalización y recaudación; y para los consumidores, en mayores garantías sobre el origen y la conformidad de los productos comercializados.

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