Gobierno reglamenta el Registro Nacional de Datos Genéticos para reforzar la investigación criminal. Con el Decreto 709/2025, el Poder Ejecutivo aprobó una nueva reglamentación de la Ley 26.879 que fortalece el uso forense del ADN en investigaciones criminales.

El Ministerio de Seguridad Nacional será la autoridad de aplicación y deberá garantizar altos estándares de seguridad, confidencialidad e interoperabilidad entre jurisdicciones.

Un nuevo marco normativo para la identificación genética

El decreto, publicado el 3 de octubre en el Boletín Oficial, establece la reglamentación de la Ley 26.879 y sus modificaciones, derogando la normativa anterior aprobada en 2017 (Decreto 522/17). La medida redefine el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, que tendrá a su cargo la organización de una base de datos informatizada de perfiles genéticos, entrecruzamiento de información y provisión de informes a las autoridades judiciales y al Ministerio Público.

Según el artículo 1°, el Registro deberá almacenar perfiles obtenidos de imputados, procesados y condenados, evidencias biológicas, cadáveres no identificados, familiares de desaparecidos y personal interviniente en la escena del crimen. El objetivo es favorecer el esclarecimiento de delitos graves y evitar la impunidad, priorizando casos de homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

Seguridad, confidencialidad y control judicial

El anexo del decreto precisa que los laboratorios deberán estar acreditados conforme a normas ISO/IEC 17025 y supervisados por la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que además tendrá potestad de dictar normas técnicas, asesorar sobre equipamiento y velar por la cadena de custodia.

El artículo 8° fija un reglamento de seguridad de datos, que prohíbe expresamente compartir información con bancos privados, registros no autorizados o entidades extranjeras sin ley específica. Asimismo, toda operación deberá quedar registrada para garantizar trazabilidad y transparencia.

La normativa también resguarda los derechos de las personas imputadas o procesadas, garantizando que la extracción de ADN se realice del modo menos lesivo, con orden judicial y sin afectar la dignidad del afectado. El control judicial se mantiene en la decodificación de perfiles, que solo se habilitará ante un impacto identificatorio positivo.

Coordinación federal y dirección interina

El decreto designa al Ministerio de Seguridad Nacional como autoridad de aplicación, facultándolo a integrar los datos de registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo convenios de reciprocidad. Esta coordinación federal es considerada clave para unificar criterios y mejorar la eficacia del sistema.

En tanto, hasta que se realice el concurso público previsto en la Ley 27.759, el Poder Ejecutivo podrá designar un Director Interino del Registro, con requisitos de especialización en genética forense y experiencia comprobada. El futuro titular será designado tras un concurso de oposición y antecedentes, supervisado por la Comisión Nacional de Huellas Genéticas.

La reglamentación refuerza la política de prevención y persecución penal mediante la ciencia forense, en un contexto donde el avance tecnológico multiplica las posibilidades de identificación criminal. A la vez, plantea un desafío en materia de protección de datos personales, ya que involucra información altamente sensible.

Entre los sectores más directamente afectados se encuentran el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y los laboratorios forenses acreditados. También tendrá repercusión en las provincias, que deberán adecuar sus registros locales para garantizar interoperabilidad.

En lo institucional, la medida busca evitar la impunidad y reducir la revictimización en casos de delitos graves, además de mejorar la trazabilidad de investigaciones abiertas y la identificación de personas desaparecidas.