El Instituto Nacional de la Yerba Mate anticipó que si es necesario irá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de la norma que pone cupo a las plantaciones y que fue frenada a pedido de La Cachuera por un juez federal de Paso de los Libres. En paralelo, el ente yerbatero advirtió que se analizará si la posición de la empresa misionera que cuestionó la regulación, no viola la ley de Defensa de la Competencia.

El presidente del INYM, Juan José Szychowski, junto al vice, Ricardo Maciel, el síndico Emilio Jouilá y la asesora legal, Graciela Castelli, dieron a conocer la posición del organismo ante la demanda planteada por La Cachuera en el juzgado federal de Paso de los Libres, ciudad correntina lejos de la zona productora. La Cachuera cuestionó la norma que limita a cinco hectáreas por productor las futuras plantaciones de yerba. Uno de los argumentos es que tiene previsto plantar más de mil hectáreas en los próximos tres años.

 El juez Gustavo del Corazón Fresneda, bendecido por Ricardo Colombi, con vínculos aceitados con Las Marías, llamativamente decidió intervenir en el conflicto, pese a que el fiscal le recomendó declararse incompetente. No solo eso, ante el reclamo por territorialidad que hizo el INYM, ratificó su competencia y prácticamente obvió los argumentos expuestos por el organismo yerbatero. En paralelo, el fiscal federal de Posadas, Jorge Campitelli pidió la competencia del caso, ya que tanto el INYM como La Cachuera tienen domicilio legal en Misiones. Ahora definirá la Cámara Federal correntina y si es necesario, el INYM irá a la Corte no sólo por la cuestión territorial, sino porque considera que se está planteando un conflicto de poderes que afecta sus facultades y colisiona con el Poder Ejecutivo nacional.

En el INYM entienden que el poder de regulación es uno de los pilares que le dan vida al organismo nacido al fragor de la batalla de 2001, cuando otra crisis de sobreoferta condenaba al sector a precios de miseria para la materia prima. El bloqueo del juez designado por Mauricio Macri en 2019, atenta contra esa facultad esencial de poder regular, que va más allá de la fijación de precios, hasta el equilibrio del mercado. Sin esa facultad, la razón de ser del organismo queda en la nada.

A ese equilibrio apunta el límite de plantaciones, fijado en cinco hectáreas por productor, más un porcentaje de replante. Según los asesores legales del INYM, La Cachuera inicialmente reconoció la norma que obliga también a declarar las plantaciones existentes.

“Si plantan mil hectáreas como pretende La Cachuera, se deja afuera a 200 productores y sus familias. Pero además, si como dicen, el rinde es de 20 mil kilos por hectárea, estamos hablando de que una sola empresa introducirá al mercado 20 millones de kilos, lo que impacta en los precios”, indicó Jouliá. Castelli agregó que en su planteo jurídico, la firma presentó propiedades donde supuestamente se iba a plantar yerba, que están lejos de la zona productora, incluso una en Villa Gesell.

Maciel agregó que el INYM no sólo tiene la facultad de fijar precios, sino que su misión es velar por el equilibrio y la sustentabilidad de la cadena.

“Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar una negociación para ampliar el número de hectáreas. No vamos a claudicar en el cuidado de la sustentabilidad de la cadena y no habrá ventajas para nadie”, definió tajante Szychowski. Por lo pronto el amparo concedido por Fresneda beneficia únicamente a La Cachuera. Insistió en que la razón de ser del organismo es garantizar la sustentabilidad de toda la cadena y eso implica velar por el sostenimiento del productor en la chacra.

En realidad, la necesidad de regular las plantaciones ya fue tema de debate en 2017 y el INYM, entonces presidido por Alberto Ré, durante la gestión Cambiemos, había aprobado una resolución similar con el apoyo de la industria. Era más dura que la actual: prohibía plantaciones durante 2017, 2018 y 2019, solo que, en tiempos en que el Presidente quería desregular todo el mercado, nunca se puso en práctica.

De todos modos, el amparo del juez correntino beneficia únicamente a La Cachuera y no bloquea la aplicación de la norma que limita las plantaciones, que comenzará a regir oficialmente el 1 de enero de 2022.

About The Author