I𝗻𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗵𝗼𝗴𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼. Así describe el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto el ajuste de Nación sobre las provincias, que motivó, una presentación ante la Corte Suprema para que el Gobierno de Javier Milei gire los recursos que son, por definición, de las provincias. El gobernador pampeano reclama $ 𝟯𝟵𝟳 𝗺𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗱𝗼𝘀, 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮.

“𝗦𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗳𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀  según lo fija la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Están  𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗰𝘂𝗯𝗿𝗶𝗿 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼𝘀,  circunstancias claramente consolidadas ante la situación de las provincias producto del ahogo financiero impulsado por el Gobierno nacional. Deben distribuirse bajo los 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱, 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝘆 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮, tal los postulados incorporados por la reforma constitucional de 1994, que modifican el criterio original de distribución de la ley de Coparticipación”, refleja la demanda pampeana ante la Corte.

Otras provincias están evaluando presentaciones similares. En el Gobierno misionero coinciden en el reclamo. La caída de los recursos federales -que se nutren de lo que aportan las provincias-, en el caso de Misiones llega a 85.694 millones de pesos en los primeros cinco meses del año. Por transferencias no automáticas, la merma fue de 28.427,0 millones de pesos, mientras que por los fondos automáticos, la caída es de 57.267,6 millones.

En contraste, el Gobierno nacional sólo ha transferido $10.300 millones en pocas provincias, lo  que configura una suma ínfima con relación al total no distribuido.

Esta situación no tiene antecedentes en gobiernos anteriores. La última distribución masiva data del mes de noviembre de 2023. En esa oportunidad, el ministro de Economía Sergio Massa distribuyó $131.000 millones al conjunto de las 24 jurisdicciones federales.

“Sin dudas, esta actitud del Gobierno nacional profundiza el cada vez más evidente deterioro del federalismo fiscal. Un elemento más que se suma a la reversión de la distribución establecida en la actual ley de coparticipación federal que inicialmente asignaba un 58 % al conjunto de provincias. Hoy, ese porcentaje queda en manos del Estado Nacional”, detalla la presentación pampeana ante la Corte.

La presentación ante la CSJN imputa la inobservancia de lo establecido en la reforma de 1994 que, en el art. 75 inciso 2, que constitucionalizó el sistema de coparticipación federal de los impuestos directos e indirectos estableciendo un sistema de distribución de los recursos equitativo, solidario, que priorice un grado de equivalente desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país y,  a la vez, garantice la automaticidad de la remisión de fondos.

La distribución de los fondos coparticipables, provenientes de los ATN, depende de la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional sin tener en cuenta ningún parámetro constitucional de distribución, lo cual colisiona con los criterios objetivos de reparto previstos por el art. 75 inc. 2 de la Constitución de la Nación Argentina causando un daño irreparable a las provincias y fundamentalmente a los derechos de sus habitantes.