La Oficina de Captación de Comunicaciones y el juez Federal Ariel Lijo entregaron hoy sendos informes a la Corte Suprema de Justicia, por medio de los cuales se desligaron de la filtración de las escuchas judiciales realizadas al teléfono del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.
Tanto la Oficina de Captación, que depende del máximo tribunal, como el juez Lijo destacaron que los procedimientos fueron realizados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que fue la fuerza auxiliar de la justicia elegida por el magistrado que interviene en la causa para la ocasión.
El pedido de informes solicitado ayer por la Corte se produjo luego de que Parrilli reclamara respuestas sobre la difusión de los audios en los que se lo escucha hablando con la ex presidenta Cristina Kirchner.
Se trata de las escuchas entre el ex jefe de los espías y la ex mandataria, en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por “encubrimiento agravado” del detenido Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez Lijo.
“Cumpliendo la solicitud del juez se autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia tanto al diligenciamiento del oficio, como al retiro de los CDs (con las grabaciones) y a llevar cabo las tareas de escucha directa de los abonados”, sostuvieron los funcionarios judiciales que suscribieron el informe de la Oficina de Captaciones.
“El material en cuestión fue entregado a personal que cumplió las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)”, remarcaron en el texto de 18 páginas.
“La responsabilidad de la dirección en cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta designare”, aseguraron en el informe firmado por el camarista Martin Irurzun, su colega de Comodoro Rivadavia, Javier Leal Ibarra y Juan Tomas Rodriguez Ponte, director general a cargo de las escuchas.
El juez Lijo, por su parte, elaboró un documento de nueve páginas en el que detalló cómo se llegó a pedir la intervención directa -escucha en tiempo real- del teléfono de Parrilli, cómo fue la cadena de custodia del material producido y cuándo fue visto por las partes involucradas en la causa.
“Se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia -el cual también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones”, sostuvo el magistrado.
“El 21 de septiembre de 2016 se recibió un informe por parte de la Agencia Federal de Inteligencia vinculado a las intervenciones telefónicas ordenadas y, asimismo, en esa ocasión, se recibieron también un total de ciento noventa (190) discos con la totalidad del producido de las intervenciones telefónicas”, explicó.
“La copia del material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia por un Secretario y un Prosecretario de este Tribunal quienes al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este Tribunal”, detalló.
El magistrado también insistió en que el 30 de septiembre de 2016, Parrilli designó como su abogado a Roberto Boico y lo autorizó a extraer copias, tomar vista y realizar todo trámite con relación el expediente, por lo que tuvo conocimiento sobre las escuchas mucho antes de que se filtrara su contenido.
El juez relató además que el 20 de enero de 2017, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, “tras solicitar vista de los informes efectuados por la Agencia Federal de Inteligencia con relación a las intervenciones practicadas”, solicitó que se investigara un diálogo entre Parrlli y Cristina en el que ésta hablaba de “armar” causas.
Esa denuncia había sido anticipada por el diario Clarín, que un día antes publicó en su edición de papel una nota en la que se aseguraba: “el fiscal Marijuán decidió que imputará a Cristina por `abuso de autoridad en concurso de falsa denuncia”.

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