“Es una situación similar o peor a la de 2001. Es lamentable que que siempre tengamos que pagar el pato los productores, el sector más débil de la cadena”, definió Igor Sobol, uno de los productores yerbateros que hoy encabeza el “abrazo” al Instituto Nacional de la Yerba Mate, en un nuevo intento -que saben poco eficaz- de conseguir torcer la voluntad del Gobierno nacional y recuperar las facultades de regulación y fijación de precios. El abrazo no es la única herramienta. El conflicto por la yerba mate, uno de los principales productos de exportación del Nordeste, escaló en terreno judicial. Un conjunto de asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de Misiones presentó una medida cautelar innovativa en el fuero penal federal para que el presidente Javier Milei “cese en el delito” y que designe de manera inmediata al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El planteo no es menor. Las entidades sostienen que la omisión del Gobierno configura un “estado de delito permanente” y que la desregulación del mercado yerbatero, iniciada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, derivó en un perjuicio económico estimado en más de $140.000 millones para el sector primario. Para los productores, el DNU de Milei, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de “la chacra” misionera”.

El abogado José Federico Padolsky, en diálogo telefónico con Open1017, definió la presentación judicial como la expresión colectiva de un sector en emergencia: “Esta presentación resume el sentimiento de las asociaciones de productores”, dijo, y explicó que detrás del expediente hay un trabajo sostenido: “Venimos trabajando hace rato respecto a hacernos escuchar desde el punto de vista judicial”. 

Padolsky sostuvo que el objetivo inmediato es provocar un cambio concreto en la dinámica del mercado yerbatero y provocar una respuesta institucional: “Creemos que esta medida tendría un impacto, por lo menos generaría algunos cambios en la situación del sector yerbatero”. Finalmente señaló que continuarán “quedando atentos a todo lo que venga ocurriendo posteriormente a esta presentación” y que permanecerán en contacto con las comunidades productoras para acompañar los pasos siguientes.

El INYM fue creado en 2002 como un organismo público no estatal con participación de la Nación, las provincias de Misiones y Corrientes, y los distintos eslabones de la cadena. Entre sus atribuciones centrales estaba la fijación de precios de la hoja verde y la yerba canchada, herramienta destinada a equilibrar la relación entre productores y molinos.

El DNU 70/2023 eliminó esas facultades regulatorias, bajo el argumento de promover la competencia y liberalizar la economía. Sin embargo, las asociaciones afirman que en los hechos se consolidó el poder de un oligopolio industrial-comercial integrado por unas pocas compañías con capacidad de fijar precios, “financiarse a costa de los productores” y orientar el negocio hacia un modelo de agronegocio intensivo.

Durante la cosecha gruesa de 2024, el precio de la hoja verde se desplomó de $370 por kilo en diciembre de 2023 a $180 puesta en secadero. La diferencia, aplicada a los 700 millones de kilos aportados por productores familiares (el 71% de la oferta total), implicó que el sector dejara de percibir alrededor de $140.111 millones.

La magnitud de la cifra ubica al caso más allá de un litigio sectorial: se trata de una de las transferencias de ingresos más grandes desde la agricultura familiar hacia la industria concentrada en la historia reciente del país.

La consecuencia inmediata fue la pérdida de ingresos de más de 12.000 pequeños productores y 15.000 cosecheros, muchos de los cuales “quedaron en situación de indigencia”, dice la presentación judicial. 

Pero el impacto va más allá:

• Estructura agraria: el derrumbe de precios acelera la inviabilidad de las chacras familiares y promueve un proceso de concentración de tierras.
  
• Mercado laboral: el sector tarefero enfrenta mayor precarización, con pagos diferidos a 6 o 12 meses mediante cheques.
  
• Consumo y calidad: la parálisis del INYM limita los controles de calidad y trazabilidad, con riesgo de deterioro del producto en góndola.
  
• Dimensión social: la pérdida de ingresos afecta la seguridad alimentaria, el acceso a la salud y la continuidad educativa en zonas rurales.
  

La presentación judicial también plantea una discusión institucional de fondo: el Ejecutivo nacional no sólo modificó una ley por decreto, sino que desobedeció un fallo de la Cámara Federal de Posadas que en abril de 2024 restituyó la vigencia plena de la Ley 25.564. Según los denunciantes, esta omisión encuadra en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El caso, además, tensiona el federalismo: al vaciar al INYM, se desconoció la participación de Misiones y Corrientes en la gobernanza del sector y se concentró poder en el Ejecutivo nacional.

Más allá de la resolución judicial, el caso exhibe las tensiones estructurales del negocio yerbatero: la disputa por el reparto del valor entre producción primaria e industria. Un debate que, con números de esta magnitud, excede al sector y se convierte en un espejo de las políticas económicas aplicadas a las economías regionales.  La yerba mate, en el semáforo de Coninagro, está, desde 2024, en luz roja.