Cuando en las próximas horas el Senado convierta en ley la Reforma Laboral -concebida con la premisa de aliviar cargas empresarias y bajo la promesa, todavía incierta, de dinamizar la creación de empleo- el presidente Javier Milei sumará una nueva pieza a su arquitectura económica. En poco más de dos años de gestión, ese engranaje ya incluye el mega DNU de desregulación, la Ley Bases, un presupuesto moldeado por el ajuste y dos salvatajes financieros: uno del Fondo Monetario Internacional y otro del siempre gravitante “Tío Donald” en Estados Unidos. 

Sin embargo, más allá del sostenido superávit financiero, los resultados concretos exhiben una fragilidad evidente. La inflación, lejos de estar bajo control, continúa mostrando una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, aun en un contexto de fuerte intervención y cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Mientras se celebra la flexibilización laboral, el cierre de Fate se transformó en un síntoma de la agonía económica: 920 despidos en un miércoles negro, que desnudó los efectos de la apertura de importaciones al mismo tiempo que una desprotección de la producción nacional. No es, ni cerca, un problema exclusivo de la única fábrica de neumáticos de capital nacional, sino un caso testigo de un mal de época que provocó la pérdida de 21.938 empleadores desde diciembre de 2023 (30 por día) y la destrucción de 290.600 puestos de trabajo registrados –más de 400 puestos por día-.

Nadie en el oficialismo puede explicar cómo la Reforma Laboral ayudará a recuperar ese empleo perdido. La oposición y los menos crédulos advierten que eso no sucederá. 

No es que no se crea en las buenas intenciones del Gobierno, sino que los antecedentes no son positivos. La reforma es muy similar a otra que se aprobó a los apurones en los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa. La recordada “ley Banelco” se emparenta con el proyecto actual, que retoma, casi sin matices, los mismos ejes que ya se intentaron en el pasado: ampliación del período de prueba, descentralización de la negociación colectiva, debilitamiento de la ultraactividad de los convenios, habilitación de modalidades contractuales precarias, reducción o pago parcial del salario y la imposición de cláusulas atadas a la productividad. 

El Gobierno tuvo que quitar el artículo 44, que incluía el “exceso” de imponer descuentos de hasta el 50 por ciento por enfermedad para los trabajadores. 

El conjunto tiene una lógica repetida en otros tiempos de la Argentina: hay que sufrir el presente para aspirar a un futuro, potencial, lejano, que será mejor. Álvaro Alsogaray pedía resignación con su célebre “hay que pasar el invierno”; en 1961, Roberto Alemann insistía en que “suframos hoy, que mañana estaremos bien”. En 1989, Carlos Menem ensayaba el optimista “estamos mal, pero vamos bien”; en 2001, poco antes del estallido, Fernando de la Rúa aseguraba que “lo peor ya pasó”; en 2016, Mauricio Macri prometía “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel”. 

En 2024, Javier Milei hablaba de una “salida en V corta” también en el segundo semestre. Distintos contextos, distintas recetas y signos políticos, pero una constante narrativa: la promesa de que el sacrificio presente será recompensado en un futuro inmediato que, casi siempre, se anuncia más cercano de lo que la realidad termina permitiendo.

La reforma laboral fue aprobada en Diputados en medio de un paro general de la CGT. Contundente. El cuarto en la era Milei, que ya se convirtió en el tercer presidente con mayor número de huelgas, detrás de De la Rúa y Raúl Alfonsín. Según la central obrera, se trata del primer paso de una resistencia a la reforma, que seguramente terminará siendo judicializada y con escaso apoyo político: Un monitoreo de la consultora Zentrix sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

En nombre de la “modernización”, el núcleo del planteo apunta a flexibilizar las condiciones laborales bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo.

Ese esquema en el año 2000 fue impulsado en su momento por la ministra de Trabajo de la alianza: Patricia Bullrich, promotora también del descuento del 13 por ciento a estatales y jubilados. La promesa era la misma: la flexibilización sería el camino para generar empleo. Un argumento similar usó la senadora, ahora libertaria, Patricia Bullrich para defender la iniciativa rediseñada por Federico Sturzenegger, otro ex alianza, que ahora lidera el plan de desregulación, mientras su esposa cierra jugosos contratos con el Estado. 

A la luz de la experiencia acumulada, la ecuación -menos regulación a cambio de más empleo- no se verificó. De la Rúa se escapó en helicóptero días antes de las navidades de 2001, con 20 por ciento de desocupación y cerca de tres millones de personas sin empleo. 

Hoy la Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La industria advierte que la reforma laboral no cambiará el desequilibrio. En un comunicado, la Unión Industrial remarcó que “las principales economías del mundo no dudan en desplegar instrumentos de defensa comercial cuando perciben amenazas sobre sus cadenas de valor estratégicas”. 

Frente a prácticas de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas, los Estados intervienen para resguardar su entramado productivo. Pretender que la Argentina compita en un escenario de apertura irrestricta, sin herramientas equivalentes ni correcciones internas, supone ignorar esa evidencia comparada. La Argentina atraviesa una combinación de caída del consumo, suba de costos y competencia externa barata. ¿Si no hay a quien vender, cómo mejorará la ecuación?

El dogma libertario pretende que con menos regulaciones, el mercado se ordenará solo, generará empleo y habrá crecimiento. La yerba mate es un ejemplo cercano de que la desregulación no implica un círculo virtuoso: desplome de precios de la materia prima, con un impacto brutal en el sector productivo, acompañado por importaciones libres y sin control de calidad, lo que amenaza a la misma industria y promueve una guerra comercial de precios bajos con costos por las nubes. Sturzenegger es quien se jacta de hacer realidad la desregulación yerbatera. Los productores no tienen nada para celebrar. El viernes iban a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero Rodrigo Correa pegó el faltazo sobre la hora. Las entidades productivas firmaron un documento en el que expusieron el estado de situación: las entidades sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el sector atraviesa “quizás el peor momento de su historia”, marcado por una fuerte caída del precio de la hoja verde y la eliminación de herramientas regulatorias.

Apuntan específicamente a los decretos 70/2023 y 81/2025, que limitaron facultades del INYM en materia de fijación de precios y regulación del mercado. Según los productores, la pérdida de esas atribuciones dejó al sector sin un instrumento clave para equilibrar la cadena y proteger a los pequeños y medianos yerbateros.

“¿Quién puede subsistir en la Argentina de hoy, donde el combustible y otros servicios esenciales no paran de subir, con un promedio de rendimiento de 6 mil kilos por hectárea, cobrando 180 pesos por kilo y con pagos a 120 días o más?”, plantean en el documento.

“A través de este escrito, evidenciándose claramente que la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del INYM y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”, señala el acta firmado por los productores.

La Provincia quiere que el INYM por lo menos sugiera un precio de referencia y convocó a la industria a una reunión para el 10 de marzo para analizar la situación de toda la cadena y evaluar avances del Centro de Transacción de la Yerba Mate. 

La crisis productiva en la yerba mate es una consecuencia de las políticas nacionales, pero con efecto focalizado en Misiones, como Fate en Buenos Aires, Dass en Eldorado, La Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o cientos de pymes en cada punto del país. Las respuestas a esas crisis “locales” son siempre de las provincias, gobernadores e intendentes. Sin embargo, al mismo tiempo, son demonizados por el “costo político” y los “gastos estatales”. Pero sin esa contención, el tejido social ya hubiera implosionado. 

Es la paradoja del momento. Los gobernadores deben negociar la sobrevivencia con Nación y se les exige atender los estallidos. Al mismo tiempo se les cuestiona si se oponen a las políticas nacionales y si no logran contener sus consecuencias. 

Misiones lo puede hacer gracias a una política económica sostenida en el tiempo, aunque está cada vez más exigida. Fue la primera provincia en acordar incrementos salariales para el sector docente y de la seguridad y ya tiene agendados encuentros con otros sectores de la administración pública. 

En conjunto, el salario docente insume alrededor de 60 mil millones por mes. De cada diez pesos que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente 6 salen directamente del presupuesto provincial. 

A eso se suman el Boleto Estudiantil y diversos programas de cuidado del bolsillo que continúan vigentes desde hace varios años, desde crisis anteriores. Decisiones políticas al servicio de la sociedad. El gobernador Hugo Passalacqua trazó una línea: se congeló el sueldo hasta diciembre de este año y redobló la exigencia sobre el gabinete para estar cerca y mostrar resultados. La eyección de una funcionaria de Turismo por sus comentarios desaprensivos, es una prueba de que no habrá tolerancia a desvíos.