La nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó el protocolo para el uso de armas de fuego y de las pistolas Taser instaurado por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, así como también los programas Servicio Cívico Voluntario y Ofensores en Trenes. La funcionaria cuestionó duramente las iniciativas de Bullrich y las acusó de atentar contra los Derechos Humanos y de “criminalizar a los trabajadores”.

La flamante ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó este martes (24/12) el protocolo para el uso de armas de fuego dictado por su antecesora en el cargo Patricia Bullrich, así como otras de sus iniciativas que fueron características de su gestión: el uso de las pistolas Taser, el “Servicio Cívico Voluntario” y el programa “Ofensores en Trenes”.

A través de la Resolución 1231/2019 publicada en el Boletín Oficial este 24/12, Frederic eliminó varios reglamentos implementados por el gobierno de Mauricio Macri.

Uno de ellos es el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” que permitía que las fuerzas utilizaran armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

Para Frederic, ese reglamento “excede los criterios impuestos [por la ONU] y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”. Asegura que “en la base conceptual de este reglamento subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa”.

Y remarca que las situaciones consideradas por la Resolución 956/2018 “atentan contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal”. Así, sigue el texto, “el aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas”.

En su lugar, restituye la vigencia de las disposiciones de cada fuerza específica: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La ministra también derogó el “Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales”, más conocidas como pistolas Taser, al considerar que las disposiciones para su uso tienen un texto “vago” y “general” y que “en realidad no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas”.

También la funcionaria eliminó los programas de “Servicio Cívico Voluntario en Valores” y el plan “Ofensores en Trenes”.

La actual conducción sostiene que las finalidades y las funciones de la Gendarmería no guardan relación con los objetivos del Servicio Cívico Voluntario, que serían materia del Ministerio de Educación. “El Ministerio de Seguridad avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones”, afirma el texto, que anuncia la transferencia de ciertas responsabilidades del programa a la cartera educativa.

Y cuestiona “la habilitación de un espacio de intervención entre una fuerza de seguridad militarizada con niños, niñas y adolescentes”.

En cuanto al plan “Ofensores en Trenes”, la principal objeción es que “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”.

La nueva resolución establece que la medida “pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”, además de contradecir “los estándares de seguridad democrática” y “los estándares internacionales de Derechos Humanos”.

También se revocó la creación del “Centro de Formación de Gendarmes” en Complejo Unidad Turística Chapadmalal.

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