¿Vuelve el plebiscito por Corpus? Impulsan el debate público sobre la hidroeléctrica
La Universidad Gastón Dachary reunió a especialistas de la COMIP, ingenieros y abogados para analizar el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í. La propuesta busca reabrir una discusión que Misiones rechazó en las urnas hace 30 años, con un nuevo emplazamiento, necesidades energéticas crecientes y una agenda de exigencias ambientales, jurídicas y económicas que todavía debe resolverse.
El proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í volvió a instalarse en la agenda pública de Misiones, esta vez con una propuesta que busca replantear las condiciones de una obra que tiene un antecedente político determinante: el rechazo expresado por la ciudadanía misionera en el plebiscito de 1996. La iniciativa fue presentada y analizada en la Universidad Gastón Dachary, en Posadas, durante una jornada que reunió a especialistas en energía, ingeniería, derecho y representantes de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP).
El encuentro no tuvo como objetivo anunciar el inicio de una construcción ni presentar una decisión definitiva sobre la represa, sino exponer los estudios disponibles, explicar las características del nuevo emplazamiento y abrir una instancia de discusión sobre sus posibles consecuencias para la provincia. La cuestión central es si Misiones puede transformar una eventual obra hidroeléctrica en una oportunidad para resolver problemas estructurales de infraestructura energética, obtener beneficios económicos y establecer condiciones ambientales y sociales antes de cualquier decisión irreversible.
Uno de los primeros puntos planteados durante la presentación fue la necesidad de diferenciar el proyecto actualmente analizado del que fue rechazado hace tres décadas. Enrique Guardo explicó que la propuesta Pindo-í contempla un emplazamiento ubicado aproximadamente 70 kilómetros aguas arriba del sitio original de Corpus. Esa modificación, sostuvo, cambia sustancialmente las características del aprovechamiento y reduce parte de las afectaciones territoriales consideradas en los estudios anteriores.
La diferencia no es menor desde el punto de vista político e institucional. El rechazo de 1996 constituye un antecedente que condiciona cualquier discusión posterior, pero los impulsores de la iniciativa consideran que las nuevas características técnicas, las transformaciones del sistema energético y las capacidades institucionales adquiridas por Misiones justifican volver a examinar el proyecto.
Guardo también planteó un cambio en la forma de abordar este tipo de emprendimientos. A diferencia de lo ocurrido con grandes obras hidroeléctricas del pasado, sostuvo que una iniciativa de esta magnitud no podría desarrollarse actualmente sin participación de la sociedad misionera. La provincia, afirmó, cuenta hoy con capacidades profesionales, técnicas y legislativas para intervenir en la discusión y establecer sus propias condiciones.

La crisis de infraestructura eléctrica, detrás de la discusión energética
Uno de los ejes centrales de la jornada fue la situación del abastecimiento eléctrico provincial. El ingeniero mecánico y doctor en Ingeniería Eléctrica Martín Rodríguez Paz expuso un diagnóstico sobre las limitaciones del sistema de transmisión y distribución de Misiones y explicó por qué, a su entender, la discusión sobre Corpus Pindo-í no puede reducirse exclusivamente a la cantidad de energía que produciría una nueva central.
El especialista recordó que la tarifa eléctrica tiene tres componentes: el precio estabilizado de la energía, el valor agregado de transmisión y el valor agregado de distribución. Los dos primeros dependen de decisiones del ámbito nacional, mientras que el tercero corresponde a la jurisdicción provincial y a la estructura de distribución local.
En ese esquema, Rodríguez Paz identificó un problema estructural: Misiones perdió capacidad para incorporar energía al sistema debido a las limitaciones de su infraestructura de transporte y transformación. Según explicó, la provincia experimentó un crecimiento sostenido de la demanda desde comienzos de siglo, hasta que alrededor de 2015 comenzaron a evidenciarse restricciones importantes en las instalaciones de San Isidro y Posadas.
La respuesta de emergencia fue la incorporación de grupos generadores diésel, conocidos como equipos delivery, destinados originalmente a cubrir situaciones puntuales de insuficiencia energética. Sin embargo, esos equipos permanecieron operativos durante años y su utilización terminó convirtiéndose en un componente costoso del abastecimiento provincial.
El escenario se agravó con los cambios en los costos de los combustibles y la reducción de los subsidios nacionales. El resultado, de acuerdo con la exposición, fue una mayor presión sobre los costos del sistema eléctrico misionero.
El problema no se limita a la generación. Rodríguez Paz explicó que Misiones depende de un esquema de transmisión con escasas alternativas de circulación interna, lo que genera vulnerabilidad ante fallas en las líneas principales. La conexión con el Sistema Argentino de Interconexión se realiza a través de Rincón Santa María y San Isidro, pero la falta de circuitos alternativos deja a buena parte del territorio expuesta ante interrupciones.
El ingeniero advirtió que esta configuración también afecta la calidad del servicio. En distintas localidades, tareas de mantenimiento o poda pueden requerir interrupciones importantes porque no existen suficientes circuitos alternativos para sostener el suministro.
A ese escenario se suma el crecimiento de la demanda. La expansión urbana, los edificios en altura, la climatización de ambientes, la actividad comercial e industrial y la incorporación futura de vehículos eléctricos configuran un consumo que exige inversiones sostenidas en infraestructura.
Durante la presentación se mencionó que la demanda provincial se aproxima a los 700 megavatios. Para el especialista, los récords de consumo que se anuncian periódicamente también reflejan una demanda que no siempre puede expresarse plenamente por las restricciones de abastecimiento.

Energías renovables: complementariedad y necesidad de generación firme
La exposición energética también abordó el papel de las fuentes renovables. Rodríguez Paz sostuvo que Misiones tiene oportunidades para desarrollar energía solar y biomasa, aunque consideró que ninguna de esas alternativas, por sí sola, puede reemplazar la necesidad de contar con generación firme y disponible.
En el caso de la energía solar, señaló que las condiciones de radiación, la nubosidad y las temperaturas elevadas influyen sobre el rendimiento de los paneles. Además, recordó que su generación depende de las condiciones climáticas y no puede responder de manera permanente a las variaciones de la demanda.
Respecto de la biomasa, destacó el potencial de la actividad forestal misionera, aunque advirtió que su aprovechamiento debe considerar la disponibilidad de residuos, los usos industriales existentes y los costos logísticos del transporte.
La propuesta expuesta apunta a integrar distintas fuentes de generación, con sistemas solares distribuidos, aprovechamiento de biomasa y centrales hidroeléctricas capaces de aportar energía de base. En esa perspectiva, Corpus Pindo-í aparece como una alternativa que sus promotores consideran complementaria y no excluyente respecto de otras tecnologías.
El desafío, sin embargo, no consiste únicamente en producir más electricidad. Para Rodríguez Paz, la provincia necesita una planificación integral que contemple generación, transmisión, transformación y distribución, además de un inventario energético actualizado que permita conocer con precisión los recursos disponibles.
Entre las condiciones que consideró estratégicas mencionó la incorporación de nuevos nodos de transformación de 500 kilovoltios y el cierre de circuitos de transmisión en el este y norte provincial, particularmente en las zonas que presentan mayores restricciones.
La discusión adquiere así una dimensión que excede la construcción de una represa: se trata de definir qué infraestructura necesita Misiones para sostener su crecimiento productivo durante las próximas décadas. Y la pregunta más importante es ¿cómo Misiones podría imponer condiciones’ para recibir esa infraestructura, a la par de las obras o incluso antes de aceptar que se haga una megarepresa en territorio provincial. Por qué hay que recordar que el emprendimiento será binacional y las partes intervinientes son los Estados nación, no las provincias.
Un proyecto de 2.880 megavatios y estudios ambientales que deben actualizarse
El ingeniero Luis Bergman presentó las características técnicas del aprovechamiento hidroeléctrico y explicó las etapas necesarias para avanzar desde los estudios preliminares hasta una eventual construcción.
Según los datos expuestos, Corpus Pindo-í contempla una potencia instalada de 2.880 megavatios, distribuida en 20 turbinas. De ese total, 1.440 megavatios corresponderían a la Argentina, de acuerdo con el esquema de aprovechamiento binacional presentado durante la jornada.
La infraestructura incluiría presas, una central de generación, un vertedero para evacuar crecidas, sistemas de transferencia de peces y una esclusa para permitir la navegación a través del desnivel generado por el aprovechamiento.
Bergman explicó que una obra de esta magnitud requiere atravesar distintas instancias de evaluación. Primero se desarrollan los estudios de inventario y prefactibilidad, luego la factibilidad técnica, económica y ambiental, y finalmente el proyecto ejecutivo, etapa en la que se definen con precisión las características constructivas.
Recién después de completar esos procesos podría avanzarse hacia una licitación, construcción y posterior operación. En la exposición se estimó que la etapa constructiva podría demandar entre cinco y seis años, aunque los plazos dependerán de las condiciones definitivas del proyecto y de su esquema de financiamiento.
Uno de los aspectos más sensibles es la afectación territorial. Durante la presentación se mencionaron estimaciones preliminares de 117 viviendas del lado argentino, además de superficies de bosques, áreas productivas y sectores vinculados con el entorno natural del río Paraná.
El expositor sostuvo que la superficie afectada sería menor en comparación con otros aprovechamientos hidroeléctricos de magnitud similar. También explicó que los estudios contemplaron diferentes escenarios de caudal para identificar las posibles consecuencias sobre viviendas, caminos, bosques y actividades productivas.
Sin embargo, los propios participantes reconocieron que la información ambiental disponible necesita una actualización más profunda. El antecedente principal corresponde a estudios elaborados en 2002, con una revisión posterior realizada en 2020 a partir de información cartográfica y satelital.
Ese punto tuvo especial relevancia durante el intercambio con los asistentes. Una de las intervenciones cuestionó que la discusión ambiental no puede limitarse a indicadores generales de superficie inundada y cantidad de viviendas afectadas. También debe incorporar el impacto sobre áreas naturales protegidas, biodiversidad, fauna, comunidades indígenas y dinámicas sociales del territorio.
La observación fue reconocida por los expositores, quienes señalaron que se encuentran trabajando en acuerdos con la Universidad Nacional de Misiones para avanzar en relevamientos territoriales y mejorar la información disponible.
También se aclaró una diferencia técnica importante: el proyecto cuenta con antecedentes de estudios de impacto ambiental, pero todavía no dispone de un plan de gestión ambiental definitivo, que deberá desarrollarse en una etapa posterior, cuando exista un proyecto ejecutivo con características constructivas precisas.
La actualización de esos estudios será determinante para que la sociedad pueda evaluar no solamente la energía que produciría la obra, sino también sus costos ambientales y las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar sus consecuencias.

El principal condicionante: un nuevo plebiscito y la participación ciudadana
El abogado Emiliano Viviani abordó el marco jurídico que condiciona cualquier avance. Su exposición puso el foco en las leyes provinciales sancionadas después del rechazo de 1996, particularmente en la normativa que establece la obligatoriedad de una nueva consulta popular ante un proyecto hidroeléctrico con características diferentes.
La legislación provincial establece que la ciudadanía debe pronunciarse nuevamente mediante un plebiscito obligatorio y vinculante. Por lo tanto, el desarrollo de Corpus Pindo-í no puede considerarse una decisión tomada ni una autorización automática derivada de los estudios técnicos.
Viviani remarcó que la legitimidad de una eventual consulta dependerá de que la población disponga de información suficiente, comprensible y accesible. La discusión, explicó, debe permitir que cualquier ciudadano pueda entender qué se propone, cuáles serían las consecuencias y qué beneficios y obligaciones asumiría la provincia.
También señaló que la evaluación debe contemplar el marco constitucional y ambiental vigente, incluido el derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, las competencias provinciales sobre sus recursos naturales y las obligaciones de participación y consulta previstas para las comunidades indígenas.
En ese sentido, recordó que el carácter internacional del río Paraná exige una articulación entre Argentina y Paraguay, sin desconocer las atribuciones de Misiones sobre su territorio y los recursos naturales involucrados.
La cuestión jurídica introduce una condición fundamental: incluso si los estudios técnicos y económicos resultaran favorables, la viabilidad del proyecto dependerá de los procedimientos institucionales y de la decisión ciudadana.

La promesa económica: regalías, infraestructura y financiamiento privado
Antonio “Tony” López, representante argentino de la COMIP, explicó que la iniciativa se encuentra todavía en una etapa de prefactibilidad y que el objetivo de las presentaciones públicas es poner a consideración de la sociedad los estudios realizados hasta el momento.
El funcionario sostuvo que el proyecto merece ser analizado nuevamente por la relación entre su capacidad de generación y las afectaciones territoriales estimadas. Sin embargo, reconoció que todavía se necesitan estudios adicionales para alcanzar una evaluación integral.
Uno de los argumentos económicos presentados fue la posibilidad de que Misiones obtenga ingresos permanentes mediante regalías hidroeléctricas. López señaló que, por las características del aprovechamiento compartido, la provincia podría recibir la totalidad de las regalías correspondientes a la generación argentina.
Durante su exposición realizó una estimación preliminar de ingresos que podría ubicarse en torno a los 50 millones de dólares anuales, aunque aclaró que se trata de un cálculo sujeto a variables como la generación efectiva y los valores de comercialización de la energía.
También planteó que una eventual obra debería estar acompañada por un programa de compensación y desarrollo que contemple inversiones en infraestructura, conectividad y obras estratégicas para la provincia. Entre los ejemplos mencionó mejoras viales y la posibilidad de fortalecer los corredores de transporte vinculados con la actividad productiva.
Otro aspecto destacado fue el modelo de financiamiento. Según López, la inversión necesaria podría ubicarse actualmente en torno a los 5.000 millones de dólares y la ejecución estaría a cargo del sector privado mediante un esquema de concesión.
La alternativa buscaría evitar que los Estados argentino y paraguayo deban afrontar directamente el costo de construcción, aunque la participación privada también abre interrogantes sobre las condiciones contractuales, la recuperación de la inversión, la distribución de los beneficios y los mecanismos de control.
En este punto, la discusión económica no debería limitarse a determinar si la obra puede financiarse, sino también a establecer qué compromisos asumiría el inversor, qué beneficios quedarían efectivamente en Misiones y qué garantías tendría la provincia durante toda la vida útil del emprendimiento.
López sostuvo que la decisión de avanzar con el análisis debe permitir que Misiones negocie desde una posición más activa, vinculando la eventual aceptación del proyecto con las inversiones que necesita su infraestructura energética.

Una discusión que todavía tiene preguntas abiertas
El intercambio con el público permitió identificar algunas de las principales preocupaciones que atraviesan el debate. La tarifa eléctrica, las consecuencias ambientales, el financiamiento, la disponibilidad de información y las garantías sobre el destino de la energía fueron algunos de los temas planteados.
Una de las preguntas centrales estuvo relacionada con la posibilidad de que la construcción de Corpus Pindo-í reduzca el costo de la electricidad para los usuarios misioneros.
La respuesta de los especialistas fue que una mayor disponibilidad de generación no implica automáticamente una reducción tarifaria. El problema provincial, según el diagnóstico presentado, también está relacionado con las limitaciones de transmisión y transformación que impiden incorporar energía al sistema en condiciones adecuadas.
Por eso, los expositores insistieron en que cualquier negociación debería contemplar las obras eléctricas que Misiones necesita para mejorar su conexión con el sistema nacional y garantizar un abastecimiento más confiable.
También se planteó que los ingresos provenientes de regalías deberían tener un destino estratégico y verificable, de modo que puedan traducirse en inversiones concretas para el desarrollo provincial.
En materia ambiental, los asistentes reclamaron incorporar especialistas en biodiversidad, fauna, recursos naturales y ciencias ambientales a las próximas instancias de discusión. La observación apuntó a ampliar la mirada más allá de las dimensiones técnicas y jurídicas de la obra.
Desde la COMIP respondieron que comparten la necesidad de profundizar los estudios y adelantaron que trabajan en acuerdos con la Universidad Nacional de Misiones para realizar relevamientos en territorio, además de gestionar financiamiento para nuevas evaluaciones.
La jornada dejó en evidencia que Corpus Pindo-í es mucho más que una discusión sobre generación hidroeléctrica. Pone en juego el futuro del abastecimiento energético, la competitividad industrial, la protección ambiental, la relación entre Nación y provincia y la capacidad de Misiones para negociar beneficios asociados al aprovechamiento de sus recursos naturales.
El antecedente del plebiscito de 1996 seguirá siendo un componente ineludible de ese debate. Pero también lo será la necesidad de contar con información actualizada, estudios independientes, reglas de transparencia y garantías concretas para las poblaciones potencialmente afectadas.
Por ahora, no hay una decisión de construir la represa. Lo que comenzó a tomar forma es una nueva instancia de discusión pública sobre sus posibilidades y condicionamientos. El desafío será que esa discusión no se agote en los argumentos a favor o en contra, sino que permita establecer con precisión qué necesita Misiones, qué está dispuesta a aceptar y bajo qué condiciones podría hacerlo.

