Presupuesto 2027: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría con sus aliados y llevará el proyecto al recinto
Diputados dictaminó el Presupuesto 2027 con cambios en discapacidad, sin ampliar fondos universitarios y con reclamos provinciales pendientes
La Libertad Avanza reunió 27 firmas sobre 48 integrantes presentes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. El despacho incorporó cambios en discapacidad y asignaciones familiares, pero mantuvo sin modificaciones los $7,3 billones previstos para universidades nacionales. El misionero Oscar Herrera Ahuad no acompañó ninguno de los dictámenes y reclamó mayores recursos para ciencia y tecnología.
El Gobierno nacional consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, luego de alcanzar un acuerdo con bloques aliados y legisladores provinciales. El despacho obtuvo 27 firmas sobre 48 presentes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó habilitado para su tratamiento en el recinto la próxima semana.
Además de las 20 firmas de La Libertad Avanza, el oficialismo sumó el acompañamiento de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y fuerzas provinciales. Algunos legisladores respaldaron el texto en disidencia, lo que refleja que el acuerdo parlamentario incluyó concesiones parciales y compromisos que todavía deberán traducirse en decisiones presupuestarias concretas.
Por su parte, Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, decidió no firmar ninguno de los despachos, en disconformidad con la falta de respuestas a planteos de su espacio, entre ellos el refuerzo de las partidas destinadas a ciencia y tecnología.
La negociación permitió modificar algunos puntos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, especialmente en materia de discapacidad y asignaciones familiares. Sin embargo, otros reclamos de los bloques dialoguistas quedaron sujetos a futuros acuerdos entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y los gobiernos provinciales.
Discapacidad: continuidad de prestaciones y facultades para reasignar partidas
Uno de los cambios centrales del dictamen fue la eliminación de los artículos 36 a 41 del proyecto original, que proponían modificaciones en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Esos apartados contemplaban cambios en las pensiones no contributivas, la cobertura médica y la actualización de las compensaciones a prestadores, además de mayores exigencias para acceder a determinadas prestaciones.
En reemplazo, se incorporó un artículo que garantiza la continuidad inmediata de las prestaciones y beneficios contemplados para el sector. La disposición establece que los programas serán financiados con recursos de la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud y habilita el uso de reservas de la Jurisdicción 91 si fueran necesarios fondos adicionales.
El texto también faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, a realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias para sostener esos servicios durante cada ejercicio.
La modificación se vincula con el debate legislativo sobre el fortalecimiento de las políticas de discapacidad, en un contexto en el que el Congreso avanzó con una iniciativa específica para el sector. La continuidad de las prestaciones dependerá ahora de la ejecución de los recursos y de la capacidad administrativa para garantizar los pagos y servicios previstos.
Universidades: se mantienen los $7,3 billones
A diferencia de lo ocurrido con discapacidad, el dictamen no incorporó modificaciones en las partidas para las universidades nacionales. El proyecto mantiene los $7,3 billones previstos originalmente por el Poder Ejecutivo, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional había reclamado un presupuesto de $11 billones.
El financiamiento universitario fue uno de los puntos de tensión durante las negociaciones con los bloques dialoguistas. La radical Pamela Verasay firmó el dictamen sin disidencias, pese a que su espacio había planteado la necesidad de revisar los recursos destinados al sistema universitario.
La diferencia entre el monto previsto y el solicitado por las universidades deja planteado uno de los principales debates para el tratamiento en el recinto: cómo se distribuirán los recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo académico y las actividades de investigación.
En el caso de Misiones, el planteo de Herrera Ahuad sobre ciencia y tecnología también expone una preocupación por el financiamiento de capacidades que tienen impacto en la producción, la innovación y la formación de recursos humanos. La falta de acompañamiento del legislador misionero muestra que los acuerdos alcanzados por el oficialismo no lograron satisfacer todas las demandas provinciales.
Concesiones al PRO, la UCR y los bloques provinciales
Entre las modificaciones incorporadas al dictamen figura la extensión de los regímenes de promoción para la industria autopartista y automotriz, un reclamo impulsado por el PRO. El texto contempla partidas por aproximadamente $136.500 millones para ese objetivo.
También se incorporó un beneficio para la Sociedad de Transporte de Mendoza, mediante la eximición de determinados impuestos. La medida formó parte de las negociaciones con representantes de esa provincia.
En cambio, el reclamo por las transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no quedó plasmado en el proyecto. Según lo informado durante la negociación, el oficialismo asumió el compromiso de discutir ese punto por fuera del debate presupuestario, directamente con el Ministerio de Economía.
Una situación similar se presentó con el Impuesto a los Combustibles. Varios bloques dialoguistas habían solicitado una reducción o una revisión del destino de los fondos recaudados, en particular por los cuestionamientos sobre el financiamiento del mantenimiento de las rutas nacionales. El dictamen no incorporó cambios y el Gobierno prevé abordar el tema mediante acuerdos individuales con las provincias.
El diputado del MID Eduardo Falcone anticipó que firmaría en disidencia parcial porque los pedidos de su bloque habían sido aceptados solo en parte. Entre los compromisos mencionó una partida para terminar 20 kilómetros de la Autovía de la Ruta Nacional 5, aunque aclaró que los recursos no aparecerán identificados específicamente en el Presupuesto, sino que se canalizarían mediante partidas discrecionales.
Ese mecanismo deja una diferencia relevante entre los compromisos políticos asumidos durante la negociación y las asignaciones presupuestarias expresamente identificadas. Para las provincias y los sectores involucrados, la ejecución efectiva dependerá de que esos acuerdos se traduzcan en transferencias y obras concretas.
La oposición cuestionó las proyecciones económicas y el nivel de gasto
Los bloques opositores cuestionaron tanto las prioridades de gasto como los supuestos macroeconómicos sobre los que se construyó el proyecto. Desde Unión por la Patria, la diputada Julia Strada advirtió sobre el escenario de actividad económica y puso en duda las proyecciones oficiales de crecimiento e inflación.
La legisladora también cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante la discusión en comisión. Según planteó, las previsiones del proyecto no reflejan adecuadamente la situación económica y financiera del país.
Desde el Frente de Izquierda, Romina del Plá sostuvo que las estimaciones presupuestarias dependen de variables externas, como el clima, los precios internacionales de la soja y el petróleo y la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos. Su cuestionamiento apuntó a la exposición del programa fiscal frente a cambios en esas condiciones.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también criticó la orientación general del proyecto y sostuvo que no contempla una recomposición suficiente de las partidas de educación, salud y asistencia social. En contraposición, defendió el dictamen de su espacio, que propone reforzar el financiamiento educativo y recomponer el programa Remediar.
La discusión parlamentaria deja así planteadas dos visiones sobre la asignación de recursos públicos: la del oficialismo, que busca sostener el esquema presupuestario y avanzar con acuerdos puntuales, y la de los bloques opositores, que reclaman mayores partidas para áreas sociales, educativas, científicas y de infraestructura.
El debate en el recinto y la ejecución, los próximos desafíos
Con el dictamen de mayoría, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados la próxima semana. La votación permitirá medir si el oficialismo conserva los apoyos que reunió en comisión y si los compromisos asumidos con los bloques provinciales resultan suficientes para sostener la aprobación.
Más allá del resultado parlamentario, el desafío posterior será la ejecución presupuestaria. La continuidad de las prestaciones por discapacidad, el financiamiento universitario, las obras viales y los recursos destinados a ciencia y tecnología dependerán de las partidas aprobadas y de las decisiones administrativas que se adopten durante el ejercicio.
Para las provincias, el debate no se limita al volumen total del gasto, sino también a la previsibilidad de las transferencias, la distribución territorial de la inversión y la posibilidad de sostener servicios e infraestructura. En ese escenario, la discusión del Presupuesto 2027 será una instancia clave para definir cómo se traducen los acuerdos políticos en recursos concretos.
