El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó hoy el reconocimiento de posesión de tierras para la producción de la agricultura familiar en la región jujeña cercana a Palma Sola, al indicar que organismos nacionales “emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes”.

El mandatario jujeño se pronunció así sobre el reconocimiento de la posesión de 23.000 hectáreas de tierras realizado el pasado 19 de abril por la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en la región de las Yungas.

“Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del Gobierno provincial y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”, enfatizó Morales.

A través de sus redes sociales, el gobernador manifestó que “esos territorios pertenecen al dominio público provincial o titulares privados, y la entrega de estos territorios por parte de los funcionarios nacionales es ilegal”.

El pasado 19 de abril, unas sesenta y tres familias campesinas de la localidad jujeña de Palma Sola recibieron una certificación como poseedores de territorios para la producción de la agricultura familiar, luego de un relevamiento impulsado por el municipio local, la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación y el Parque Nacional Calilegua.

La distinción que legitima a los comuneros de la región se realizó a partir de una ordenanza municipal de Palma Sola aprobada en 2016, que declaró a una zona de su territorio como “Área de Producción Campesina”.

En los últimos dos años, equipos técnicos de los organismos nacionales como la Secretaria de la Agricultura Familiar (SAF) y el Parque Nacional Calilegua, iniciaron el relevamiento territorial, que alcanzó 23.000 hectáreas para la producción de baja escala.

“Se entregaron las carpetas técnicas a 63 familias en la localidad de Palma Sola y ello tiene un impacto muy fuerte porque reconoce la posesión de la tierra de los campesinos”, señaló en su momento, Miguel Ángel Gómez, secretario nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

En la zona declarada se halla una producción ganadera de monte abierto, a lo que se suma la armoniosa obtención hortícola y frutícola, y múltiples puestos de granja.

En contraposición a esa decisión, Morales, dijo que en Jujuy, “no avalamos la usurpación ilegal de tierras” y aseguró que “promovemos soluciones habitacionales formales para los jujeños que lo necesiten, en línea con una política de regularidad en el otorgamiento de terrenos, porque respetamos las normas, la transparencia y la equidad”.

“Repensar la territorialidad en el país no puede ser un sinónimo de violentar normas y promover la anomia. Los sectores más postergados que precisan de soluciones habitacionales deben ser tratados con imparcialidad y con justicia”, manifestó.

Asimismo, consideró que “tras esta maniobra irregular e ilegal, se repartieron a 63 militantes un total de 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una Reserva Provincial, algo que es inaceptable y muy grave”.

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