El Gobierno prorrogó concesiones de transporte de YPF por 10 años con un plan de inversiones de USD 364 millones

El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 698/2025, la prórroga por diez años de las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos operados por YPF S.A., que atraviesan seis provincias y totalizan unos 3.000 kilómetros de extensión. La medida, que regirá desde noviembre de 2027, está condicionada a un ambicioso plan de inversiones de USD 364,3 millones, orientado a ampliar la capacidad de transporte, optimizar la seguridad operativa y modernizar la infraestructura.

Concesiones estratégicas y alcance territorial

Las concesiones alcanzadas incluyen los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo, además de los poliductos que conectan Luján de Cuyo con Villa Mercedes, Montecristo, San Lorenzo, Junín, La Matanza, y los tramos La Plata-Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables-La Matanza. También se incorpora el JP Ducto La Matanza-Ezeiza.

En conjunto, estas instalaciones conforman un sistema de interconexión de ductos de aproximadamente 3.000 kilómetros, que atraviesa las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, clave para el transporte de petróleo crudo y derivados desde la Cuenca Neuquina y otros centros de producción hacia refinerías y terminales de abastecimiento.

La prórroga fue solicitada por YPF en virtud del artículo 41 de la Ley 17.319, ante el vencimiento de los 35 años originales de concesión otorgados por la Ley 24.145 de federalización y privatización de hidrocarburos.

Plan de inversiones y compromisos de YPF

El decreto aprueba un Plan de Trabajo e Inversiones por USD 364,3 millones para el período 2027-2037, con el siguiente desglose:

• Ampliación de capacidad de transporte: USD 13,3 millones
• Optimización de sistemas de transporte: USD 91,7 millones
• Seguridad operativa: USD 162,4 millones
• Actualización y automatismo de válvulas: USD 24,6 millones
• Overhaul de motores y bombas: USD 24,9 millones
• Ampliación del sistema de protección catódica: USD 30,2 millones
• Tecnología de inspecciones en línea (ILI): USD 17,2 millones

Adicionalmente, hasta 2027 —plazo en que vencen las concesiones vigentes— la petrolera se comprometió a invertir USD 278,1 millones, cuyo cumplimiento será auditado semestralmente por la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de Energía.

El incumplimiento “sustancial e injustificado” de estas inversiones será causal de caducidad de las concesiones, según lo establece el artículo 80 inciso c) de la Ley 17.319.

Impacto en el sector energético y regulaciones

El decreto establece que YPF deberá permitir el acceso abierto a la capacidad de transporte no contratada o no utilizada, bajo un régimen de tarifas reguladas por la Secretaría de Energía. Asimismo, mantiene la obligación de cumplir con estudios ambientales, planes de contingencia y monitoreos periódicos, además de informar mensualmente los volúmenes transportados.

El refuerzo de la infraestructura es considerado estratégico en un contexto donde el desarrollo no convencional de Vaca Muerta requiere capacidad de evacuación adicional para evitar cuellos de botella en la producción y garantizar la provisión al mercado interno, con potencial de generar excedentes exportables.

La decisión también refleja un equilibrio entre la necesidad de inversión privada y el control estatal, que mantendrá supervisión sobre seguridad, tarifas y cumplimiento ambiental, en línea con los compromisos normativos de la Ley 17.319 y la Ley 27.742 de Bases.