La conflictividad política, en medio de un altísimo deterioro de las ya débiles condiciones económicas del país, solo trajo en la semana que pasó más incertidumbre, pesimismo y tensión a la que ya existía. 

Desde un plano estrictamente político, cuesta entender los pasos dados por el Gobierno nacional en su relación de poder no solo con el Congreso, sino también con las provincias. En una clara señal del más salvaje unitarismo, el presidente Javier Milei, paso a paso, busca llevar las relaciones políticas Nación-Provincias a los tiempos de 1820. Tácitamente niega la condición de preexistentes de las provincias argentinas y entiende al Poder Ejecutivo nacional como el órgano supremo que no requiere control, contrapeso ni negociaciones. 

“Las provincias también tienen que hacer su esfuerzo”, afirman desde el Gobierno nacional, mientras Milei celebra en la red social X que “bajamos las transferencias discrecionales 98%”. Parece que ni el Presidente entiende de lo que habla. No están bajando el gasto político, están atacando directamente el bolsillo de los trabajadores, la posibilidad de desarrollo y el propio funcionamiento del Estado como ordenador de la sociedad. 

Uno de los puntos centrales que resonó esta semana tiene que ver con el Fondo Compensador al Transporte del interior, un fondo cercano a los $ 100 mil millones que hace que los usuarios no deban pagar tarifa plena. Para Misiones en 2023 representó una asignación cercana a los $290 millones mensuales de promedio que en este 2024 no recibirá y obligará a redundar esfuerzos locales para contar con los recursos de modo tal de evitar el salto tarifario. En Posadas, los usuarios pagan hoy la mitad de lo que se paga en Corrientes. 

Según estimaciones de cámaras empresariales del transporte, con la quita del Fondo Compensador más la liberalización de las tarifas, se corre el riesgo de que el boleto valga entre $ 1.000 y $ 2.000. Desde el Gobierno nacional afirman respecto a esto que se mantiene la tarifa social y por ende, el subsidio va directo al usuario. Perfecto en el concepto, horrible desde la aplicación. La tarifa social, que se aplica sólo mediante SUBE, corresponde a una parte de la población como ser jubilados, beneficiarios de AUH y otros, pero deja afuera a muchísimas personas. Un simple trabajador, que observa como su salario cayó estrepitosamente en el 2023 y continuará haciéndolo por lo menos durante el primer trimestre de este año, no goza de tarifa social y será quien deba pagar una eventual suba del 100% o más de la tarifa de colectivos. 

¿El Gobierno castiga a los gobernadores díscolos, traidores a la patria y casta como tanto dice? Para nada, castiga al trabajador. 

Otro punto que estuvo en debate estos días está vinculado al sector docente, específicamente con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Por este concepto, en enero no hubo transferencias desde el Estado nacional (a excepción de Chubut que recibió la casi simbólica suma de 12 millones), situación que generó que sean los gobernadores quienes paguen este concepto a los docentes de sus provincias, sin tener certeza alguna si recibirán estos fondos como compensación a la erogación realizada. Esto se agrava cuando se observa que por FONID, el Estado aún le debe fondos a las provincias. En 2023 se pagaron $290 mil millones pero se devengaron $333 mil millones; es decir, quedan casi $43 mil millones de deuda. 

Si observamos la situación de Misiones, aún queda una deuda por cobrar por parte de la provincia de $1.450 millones, sumados a los $ 2.920 millones que corresponden a enero 2024 y tampoco se cobró. Es decir, hay $ 4.370 millones que Misiones aún no percibió por este fondo. Aún compensando esta deuda con fondos provinciales, es insostenible pensar en este desarrollo durante todo el año. Nuevamente el castigado no es la casta, los políticos ni el Estado: se está poniendo a los docentes bajo un marco de incertidumbre respecto a una parte importante de su salario, ni más ni menos. Se ataca directamente al docente. 

La cuestión del FONID además cobra un nuevo capítulo: si Milei no firma un decreto de prórroga, ya no solo están amenazados los recursos, sino incluso la existencia del fondo. Si el Presidente decide no prorrogarlo, entramos en una escalada del conflicto que será político, social y también, con mucha seguridad, judicial. Se está comprando un problema que desgastará enormemente su capital político y que puede provocar además una escalada de conflictividad social. 

Estos dos ejemplos, transporte público y docentes, muestran las verdaderas consecuencias de la filosofía política del Presidente en términos de poder: confrontar con actores políticos de la “casta” como fundamento final de toda acción política, o peor aún, acción gubernamental. No hay lógica alguna en creer que los argentinos estarán mejor con aumentos del boleto de transporte o reducción salarial por no pago del fondo docente en un contexto donde el índice de salarios se movió casi 60 puntos porcentuales por debajo de la inflación en 2023, agravado sobre todo por la caída real de casi 14 puntos solo en diciembre. 

Es cierto que las administraciones están siendo fuertemente golpeadas no solo por las decisiones políticas del Presidente y su equipo económico, sino también por el propio contexto económico, como ya pasó también en el 2023, principalmente en el segundo semestre. 

Inflación a la suba, recaudación a la baja, recorte de partidas no automáticas y capricho libertario de pegarle a la casta generó que el consolidado de provincias y CABA hayan perdido solo en enero un total de $ 431.293 millones, medidos a precios de hoy. Misiones perdió unos $15.133 millones solo en un mes; serían 90 mil millones si semestralizamos el dato hasta junio inclusive, sumado a otros $ 7 mil millones (a precios de hoy) que se perderían por subsidios al transporte. 

“Que las provincias se dediquen a producir y vivir de lo recaudan”, expresan algunas de las más iluminadas mentes de los libertarios. Lo que omiten, o quizás ignoren, es que hay provincias que deberían tener muchos más recursos de los que efectivamente reciben del Estado nacional si la Argentina tuviese una estructura tributaria no centralizada en la ciudad autónoma. Los datos de AFIP que muestran la distribución geográfica del pago de impuestos nacionales reflejan una realidad que no es tal para todos los casos: solo en Misiones, de acuerdo con estimaciones privadas, se le computa a la provincia aproximadamente un 30% menos debido a que muchas empresas con actividad económica en la provincia tributan en la capital del país. Ello genera que no se vea reflejado en los excels del ente recaudación el real aporte de la provincia a la actividad y a la recaudación nacional.

Por todo esto, es imperiosa la necesidad de discutir una reforma integral de las relaciones Nación-Provincias, siempre bajo el paraguas de la Constitución Nacional. En toda nuestra democracia hemos sido testigos de cómo los Gobiernos nacionales han premiado a amigos y castigado a enemigos según las banderas políticas. En la actualidad, vemos un Gobierno nacional que rivaliza con todas las provincias sin distinguir color. En el fondo, se esconde un sistema altamente centralista que pone de rodillas a provincias como un explotador a un explotado. Pero lo novedoso de lo que estamos viviendo estos días es que Milei viene rompiendo todo, incluso los pocos consensos en términos de federalismo que existían.

En vista de los casi 60 días de presidencia de Milei, parece que este mandato presidencial no será el apropiado para esa discusión, pero si la Argentina quiere resolver sus problemas con predominio de valores democráticos y republicanos, la discusión es impostergable.

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