La debacle de la ley Ómnibus en el Congreso fue el epílogo de una crónica anunciada. El enorme paquete de reformas tenía destino de fracaso desde las primeras horas, ante la negativa incluso de la oposición más complaciente de votar un nuevo desguace nacional. Las alertas deberían haber saltado en el tablero del Gobierno, pero la tozudez de ir por todo o nada, diluyó cualquier intento de negociación para acercar posiciones. Por momentos pareció que el presidente Javier Milei no estaba muy interesado en un final distinto. El choque con el Congreso, con los gobernadores y con quien se ponga enfrente, le sirve en definitiva para construir el enemigo. Ganar tiempo. Fortalecer el relato de “ir contra la casta”. Aunque las consecuencias de su modelo económico tienen nulo impacto en el imaginario de “casta”. Los números son elocuentes: en enero el gasto primario cayó 36,9 por ciento, pero los mayores recortes, según Analytica Consultora, fueron en jubilaciones, con 43,2 por ciento, subsidios económicos, 163,1, asignaciones familiares y AUH, 19,8, obra pública, 70,5 por ciento y programas sociales, con 40,8 por ciento. 

La casta hasta ahora son los que no pueden llegar a fin de mes, los que tienen que hacer colas para activar la SUBE, los que se sorprenden con la boleta de la luz y los que empiezan a caminar un poco más para ahorrar combustible. 

En los días de Milei, todavía no se conoció una sola medida -ni una sola-, que alivie los problemas que ya eran severos en la herencia recibida. Por el contrario, su gestión los agravó. En diciembre, según el INDEC, en promedio los asalariados formales e informales -unos 13 millones- tuvieron un aumento promedio del 8,9% contra una inflación del 25,5%. Equivale a una pérdida del poder compra de los trabajadores del 13,2% en tan sólo un mes. La devaluación, reconoce el Gobierno, generó 2,5 millones de nuevos pobres, al mismo ritmo en que se licuan los salarios y jubilaciones.

La lógica presidencial de acusar de “traidores” a quienes cuestionaban los artículos de la ley choca con la historia reciente: en los 90, antes de que se privatizara YPF, nadie sabía muy bien dónde quedaba Cutral Có. Hoy el nombre del pueblo está grabado a fuego en la memoria.. Antes de la desregulación del mercado yerbatero, en Buenos Aires nadie conocía el rostro curtido de Hugo Sand. Entre 2001 y 2002, una década después, fue protagonista del tractorazo, una historia que ahora se quiere reescribir. Ambos conflictos fueron “locales”, pero emergentes de decisiones tomadas en alguna oficina porteña. Las soluciones, los reparos, las reivindicaciones, también fueron locales, en el “territorio”. Ese al que, en algún momento, deben volver los diputados que levantan la mano. Un poco de Realpolitik.  

Tampoco se puede hablar de una “traición”. Un traidor es aquel que comete una falta quebrantando la fidelidad o lealtad. Milei tiene apenas siete senadores y 38 diputados . No tiene un solo gobernador. Los gobernadores responden a partidos o a sus provincias. Cada uno fue votado a partir de una realidad local. Premio a la gestión o confianza en corregir lo que había que corregir. Por algo la mayoría separó las elecciones provinciales de las nacionales. Hay que recordar las primeras palabras del gobernador Hugo Passalacqua, apenas juró en la Cámara de Diputados el último 10 de diciembre. Quien tiene hoy la mayor valoración entre los mandatarios de la Argentina, con 63,9 por ciento de imagen positiva, dijo: “Nunca esta lanza -por el bastón de mando de Andresito- va a intentar trabar la rueda del carro del que está gobernando en la Nación. Venimos a construir, no a ser famosos por destruir. Seguiremos con nuestros reclamos, sí, lo haríamos con cualquier presidente. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga. No vamos a entorpecer, pero pedimos el debido respeto a la voluntad popular en Misiones”. 

La elección presidencial fue otra cosa. Allí ganó Milei, pero por una unión de espantos. El Presidente sigue encaramado a esa foto del 56 por ciento, pero Milei, comienza el 2024 con una caída generalizada de su imagen positiva en todas las provincias del país. Su imagen positiva más alta la encuentra en Mendoza (67.8%) y la más baja en Formosa (41.7%). Pero la provincia donde más cayó comparado a la medición anterior fue Córdoba (-6%).

La realidad no es una foto. Es una película. De drama para millones de argentinos. Distópica para el Presidente, que se retrata a sí mismo como un Terminator listo para ¿liquidar? gremialistas, gobernadores, opositores. Juez y ejecutor. Listas negras. Una analogía que sintetiza la suma de todos los miedos republicanos. 

Que el personaje icónico de Arnold Schwarzenegger sea un cyborg sin sentimientos diseñado como arma para someter a los humanos es apenas un detalle. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se ve como un personaje fantástico, pero se representa como una mítica superheroína que viene a salvar a la humanidad con lazos y espadas. La elección no parece ser azarosa. La Mujer Maravilla se define bella como Afrodita, sabia como Atenea, tan fuerte como Hércules y tan rápida como Hermes.  Y… contrapeso de Superman ¿el Presidente? Digresiones psicológicas en las que es mejor no ahondar. Como tampoco en qué se inspiró William Moulton Marston, el creador de la mítica Wonder Woman. 

La confianza ciega en ambos protagonistas fue sellada en octubre por menos de un 30 por ciento de convencidos. El resto, macristas y radicales, tienen sus propias miradas. El peronismo, una opuesta y en este caso, de oposición intransigente, aún cuando muchos de los problemas por resolver parten de la ineficiencia del Gobierno anterior. Y los partidos provinciales son, justamente, provinciales. Obedecen a los mandatos locales. 

Así y todo, hasta el más reacio aportó para que la ley avance. Los gobernadores de Cambiemos estaban todos alineados. Pero es responsabilidad del Gobierno acercar posiciones. Si no fuera por Miguel Pichetto, el permanente, la ley no salía de comisión. Desde el minuto cero el bloque misionerista dejó claro que iba a acompañar la sanción en general, pero iba a plantear disidencias en particular, en cada artículo que causara un daño en la provincia. 

El radicalismo y los más díscolos del PRO tomaron esa misma postura. No hubo emboscadas ni sorpresas. Si una visible impericia en manejar una negociación. Ni el ministro del Interior, Guillermo Francos, ni el presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, sabían que volviendo la ley a comisión se caía todo lo votado. Tuvieron que avisarles en la televisión en vivo. 

Los mercados dieron su veredicto: “Este es un revés político importante para la Administración. Primero, esta ley fue su iniciativa de políticas más significativas. En segundo lugar, y más importante, la decisiva derrota política sufrida por el Gobierno en el Congreso da fe de su débil gobernabilidad y su falta de capacidad política”, afirmó Mauro Roca, director general de TCW Group, citado por la agencia Bloomberg.

Nadie baja al recinto una ley que no está discutida hasta el último detalle. Puede haber una o dos controversias. Pero esto era un paquete de más de 600 artículos al que se le fueron podando capítulos invotables. Y las controversias se sumaban por decenas. Una enorme pérdida de tiempo y ninguna solución a la vista. Pichetto recordó que Eduardo Duhalde, tras la crisis de 2001, para salir de la Convertibilidad y cambiar el sistema económico de la Argentina, planteó una emergencia con apenas 22 artículos. La última, la de diciembre de 2019, contenía once títulos y 88 artículos. No más de 600.  Y ante la inminente derrota, en un alarde de experiencia, Pichetto chicaneó al oficialismo: “Le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo, traten de ver cómo, cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar, no hay que perder, hay que ganar.”

La caprichosa reacción presidencial ante el fracaso, los agravios a los gobernadores y diputados, enrarecen un clima social que ya es denso. Milei dice que no necesita la ley para imponer el ajuste que, dice, es innegociable. Pero ¿qué piensa la sociedad de un eventual gobierno por decreto? El 59,4 por ciento considera que es el camino incorrecto, según el último estudio de la consultora Zuban&Córdoba. El 58,1 por ciento rechaza el ajuste agresivo sobre las provincias. 

El Presidente también deslizó que podría convocar a un plebiscito. Pero si lo hace, sería no vinculante y lo que se decida, debe volver a pasar por el Congreso y no puede hacer el llamado sobre cuestiones impositivas ni electorales, penales ni tributarios, todos los que están en el proyecto caído. 

El “castigo” presidencial no afecta a los gobernadores. Daña a los argentinos. 

La quita de subsidios al transporte público no hará más que encarecer el boleto que pagan millones de usuarios y profundizar las asimetrías internas, ya que el Estado seguirá subsidiando en el AMBA. Con el esquema anterior, el usuario pagaba aproximadamente el 10 por ciento del valor real del boleto, que advierten las empresas, es de 1,50 dólares. En Posadas, el municipio admite un costo técnico de 1.212 pesos. Lo que no llegue de Nación deberá ser cubierto por las provincias y municipios. Si no pueden -no todos podrán-, será inevitable un tarifazo. No es descabellado calcular que las tarifas actuales se triplicarán. De todos modos, todavía no hay ningún instrumento legal que aporte alguna certeza de cómo se materializará la quita, ya que los fondos están incluidos en el presupuesto 2023, que fue prorrogado por el Presidente. 

No es la única duda. ¿Cuál es el fundamento administrativo de la decisión del Ejecutivo Nacional? En el comunicado distribuido por el Ejecutivo nacional, se sostiene que la medida de ajuste se basa en “el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018” (…) mediante el cual se “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.

Ese pacto fue reemplazado por el Consenso Fiscal que suscribieron Nación y las provincias en septiembre de 2021, luego aprobado por el Congreso de la Nación y publicado como Ley N°27.687 en el Boletín Oficial el 4 de octubre de 2022. 

Mientras se analiza el impacto del ajuste, Misiones ya anunció que el Boleto Estudiantil Gratuito, creado durante la primera gestión de Passalacqua, seguirá vigente. 

Con los fondos docentes hay un escenario similar. El castigo no es para las provincias, aunque seguramente tendrá como consecuencia un comienzo de clases incierto -los gremios ya anticipan medidas de fuerza-. El freno a los envíos tiene un impacto directo en el salario de los docentes que no podrá ser cubierto por las provincias, ante la brutal poda de recursos federales. A eso se suma la parálisis en obras de infraestructura -solo en Misiones hay 37 obras paradas, con distintos porcentajes de avance y un atraso de fondos de Nación de más de 576 millones-. No es casual que los ministros de todas las provincias -incluida Caba-, hayan pedido precisiones al secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, para delinear “seriamente” las políticas educativas en cada jurisdicción. 

Los fondos nacionales tienen tres componentes: Fonid, 16.500 pesos por cargo, Conectividad, 12.250 y la diferencia entre el piso salarial provincial y el nacional. En el salario de un docente que recién se inicia, que en diciembre fue de 250 mil pesos, el aporte nacional era de 88.486,63 pesos por cargo. 

La palabra seriedad en el manejo de la cosa pública, también aplica al mercado yerbatero. Al mismo tiempo que un tractorazo imponente se registraba en Andresito en reclamo de mejores precios para la materia prima, un selecto grupo de productores tuvo una visita guiada por el Senado después de una frustrada reunión con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Ante el desplante, terminaron reunidos con un funcionario de tercera línea. Para salvar el viaje, el organizador del encuentro, el senador Martín Goerling los llevó a la oficina de la Vicepresidenta, con quien se sacaron una foto. No se habló de precios ni de la continuidad del INYM.

Pocas horas después, vino a Misiones por primera vez un funcionario de Javier Milei. Se trata de Juan Pazos, un ex Cambiemos que ahora es secretario de Industria y Desarrollo Productivo, en la órbita del ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Pazos primero desautorizó a Vilella, el funcionario que hace una semana había anunciado a Daniel Notta como nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ante la queja de la Provincia y de los productores, que identifican a Notta como un empleado de Ramón Puerta, el gobernador misionero durante la década desregulada, Pazos aseguró que no está firme su designación y que será revisada.

Después sorprendió con una posición que contradice a su propio Gobierno: el INYM tiene las facultades intactas para fijar los precios y seguir regulando el mercado, porque el DNU de Milei “todavía no fue reglamentado”.

En la misma línea, instó al directorio a fijar precio y prometió que si no hay acuerdo, la Nación emitirá el laudo correspondiente atendiendo las grillas de costos de productores e industrias. Los productores, directores del INYM y el ministro del Agro, se miraban desconcertados ante tamaña generosidad. Los más avezados siguen desconfiados. Si así fuera, tampoco rigen la desregulación del sistema de salud, las prepagas y otras tantas reformas impuestas. 

En contraste, los juristas más especializados, se mostraron escépticos sobre los dichos de Pazos. “El DNU es una ley que entró en vigencia a los 8 días de su publicación. Ninguna acción judicial logró una cautelar que suspenda su vigencia, excepto la de la CGT en el capítulo laboral, que ya tiene sentencia sobre la cuestión de fondo y lo declaró inconstitucional y ya va camino a la Corte. La reglamentación de cualquier ley tiene que ver con la instrumentación, pero nunca puede desvirtuar el contenido de la ley, es decir que si se trata de una desregulación, la reglamentación no puede ir en contra”, precisó un abogado con larga trayectoria en litigios complejos. Hay excepciones, claro, como cuando Mauricio Macri incluyó a los familiares de funcionarios en el blanqueo, pese a que la ley los excluía expresamente.

Pero el ex presidente también quería imponer la desregulación del mercado yerbatero, así que es improbable que en este caso aconseje borrar lo escrito en el DNU. Sin embargo, su presencia será cada vez más imponente en el “rediseño” del Gobierno que se sacó de encima a los “traidores”: el director de la Anses, Osvaldo Giordano, esposo de una diputada cordobesa que votó en contra de la ley Ómnibus, y Flavia Royón, la directora de Minería, que responde al gobernador de Salta. El macrismo, tercera fuerza en el lejano en octubre, ganará así más volumen en el Gobierno. Se habla de María Eugenia Vidal a la Anses, Javier Iguacel a Infraestructura y Guillermo Dietrich en otro cargo clave. ¿El radicalismo? Afuera. A pesar de sus ganas de pertenecer.

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