El Gobierno decidió esta semana derogar una normativa que había traído cierta estabilidad a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, generando inquietud entre los actores clave del sector. Según señalan, la decisión pone en peligro la planificación de 56 proyectos y amenaza el desarrollo de un sector con potencial para crear 10.000 empleos y generar exportaciones por u$s50 millones anuales.

A nivel global, el cannabis ha experimentado una expansión significativa debido a su versatilidad, siendo utilizado en la salud, la construcción y diversas industrias como la química, alimenticia y textil. Según el economista Nicolás Sidicaro, la producción legal mundial de cannabis pasó de 9,5 toneladas a 650 toneladas en las últimas dos décadas.

En términos de valor económico, un informe de Arcview Market Research y BDS Analytics, citado por el economista Andrés López en un documento para el Ministerio de Desarrollo Productivo, estimó que el consumo legal global de cannabis alcanzó los u$s11.000 millones en 2018, con una proyección de ascender a u$s40.600 millones en 2024, aunque gran parte de este crecimiento se debe al uso recreativo.

Un marco regulatorio incierto

En Argentina, la industria del cannabis y el cáñamo industrial contaba con la Ley 27.350 de 2017, pero este marco era demasiado restrictivo para fomentar el surgimiento de nuevos emprendimientos productivos. En 2022, la promulgación de la Ley 27.669 intentó establecer un nuevo marco regulatorio para el sector, con la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) como entidad de control. Esta reglamentación permitió que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) comenzara a registrar genéticas locales, evitando la dependencia de importaciones.

Sin embargo, con la reciente derogación de la Resolución 02/2023 por parte del interventor de ARICCAME, Ignacio Ferrari, y la promesa de una nueva reglamentación centrada solo en la producción de semillas, grano o fibra no psicoactiva (con menos de 1% de THC), el panorama cambió drásticamente. Los 56 proyectos aprobados hasta diciembre de 2023, que ya se encontraban en proceso de adecuación, ahora enfrentan un limbo regulatorio que genera incertidumbre.

Impacto en los proyectos y la inversión

Uno de los proyectos más relevantes afectados es el de Agrogenética, una empresa con participación del Estado de La Rioja. Benjamín Enrici, presidente de la firma, expresó su frustración por el tiempo perdido bajo la gestión anterior y criticó la decisión de “volver a empezar desde cero” sin aprovechar el conocimiento acumulado por los actores del sector.

Enrici explicó que las nuevas medidas excluyen el cannabis psicoactivo, dejando su regulación en manos del Ministerio de Salud, mientras que la producción de cáñamo industrial solo abordará en una primera etapa las semillas y sus derivados, como aceites y harinas. Proyectos de cáñamo medicinal aún carecen de una regulación clara para la producción y transporte de aceites, lo que podría desarmar inversiones en infraestructura por más de u$s500 millones y desalentar a inversores privados que perciben una falta de seguridad jurídica.

En consonancia, Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), calificó la derogación como “un despropósito legal” que ha sumido al sector en un “limbo regulatorio”. Empresas que esperaban más de dos años para homologar sus proyectos ahora enfrentan una parálisis que compromete su seguridad jurídica y capacidad de planificación.

Oportunidades y desafíos para el sector

A pesar de la incertidumbre, el potencial de la industria del cannabis en Argentina es considerable. Según estimaciones del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, se proyecta que el sector podría generar un mercado interno de u$s500 millones anuales, además de exportaciones por u$s50 millones. Iniciativas como la de Agrogenética, que ya había logrado exportar flores de CBD a Suiza, podrían verse truncadas si no se restablece el marco normativo necesario para el comercio exterior.

Los desafíos principales que enfrenta la industria incluyen la estandarización de controles de calidad, la segmentación del mercado y la generación de sinergias con mercados internacionales. Sin embargo, la reciente derogación ha enfriado las expectativas, y la reactivación del sector depende de que las nuevas normativas logren equilibrar la seguridad jurídica con la innovación y el desarrollo productivo.