El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera respalda la denuncia penal realizada por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productores yerbateros autoconvocados de las localidades de Oberá y Aristóbulo del Valle, contra el presidente de la Nación, Javier Milei, al considerarlo responsable legal de no haberse nombrado un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) hasta la fecha, perjudicando a la actividad yerbatera, especialmente a los sectores de tareferos, productores y cooperativas. La presentación se radicó el 18 de marzo de 2025 en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del Dr. Alejandro Gallandat Luzuriaga.

Específicamente, plantea que “se investigue y se determine sobre culpabilidad en el incumplimiento de los deberes de funcionario público al Señor presidente de la Nación, Javier Milei, y demás funcionarios responsables por la inacción u omisión de designar un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en concordancia con la Ley Nacional 25.564”. La yerba mate es la actividad más importante de Misiones, por sus implicancias sociales, históricas, culturales, económicas y ambientales. Tras el D.N.U. 70/23 de Javier Milei que le quitó al INYM la facultad de establecer precios para la materia prima-hecho que fue refutado por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas al confirmar un amparo en su contra- la no designación de un presidente para la Institución, imposibilitando el normal funcionamiento de la misma, la actividad atraviesa una situación de crisis que se puede graficar como el saqueo más grande de su historia: a tan solo nueve meses después del citado D.N.U. que validó el modelo económico de libre mercado, el precio de la materia prima de yerba mate se desplomó de 370 pesos que se pagaba por kilo de hoja verde a principios de 2024, a menos de 100 pesos, una situación que lejos está de optimizarse y que perjudica directamente a 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, secaderos, emprendedores e industrias y al movimiento económico en cada uno de los pueblos de Misiones.

Todo, en un contexto donde los valores de insumos básicos para trabajar, como el combustible y la energía, aumentan constantemente mientras escasea, al mismo ritmo, el dinero en los bolsillos. Este cuadro de situación es más profundo: datos del día a día indican que miles de jóvenes y adultos se ven obligados a migrar hacia Brasil para ganar el sustento diario; que hay quienes comenzaron a erradicar la yerba mate para reemplazarla por soja y maíz transgénico, desconociendo que son cultivos contra producentes para todas las formas de vida y para la soberanía alimentaria y económica; y que otros tantos agricultores ya tomaron la decisión de vender sus chacras, trasladándose a barrios pobres de los centros urbanos y cediendo espacio a los monopolios forestales, a los latifundios.

Claramente, este modelo económico vigente margina, maltrata y excluye a los productores yerbateros, a los jóvenes, a la familia agraria, a los tareferos, cooperativistas y emprendedores; implacable, se apropia de la renta de la yerba mate, y de los bienes de las y los misioneros: la tierra, el agua y el monte, y daña severamente al pueblo mbya guaraní. Frente a esta situación, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera respalda la denuncia realizada y todo accionar del Movimiento Agrario de Misiones, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones y de los productores yerbateros que tengan como objetivo recuperar las herramientas de trabajo que le son propias, como el INYM, y defender un modelo socio productivo, donde la yerba mate sea una actividad inclusiva y distributiva, con arraigo rural, y donde la recuperación de los bienes naturales como el agua y el monte sean centrales en la gestión de la producción agrícola, turística, forestal, energética y de otras áreas, en forma amigable con la naturaleza, generando empleo y garantizando la biodiversidad.

La Confederación General de la Producción también acompaña el reclamo

La Confederación General de la Producción de la República Argentina respalda la denuncia radicada en sede penal en el Juzgado Federal de Oberá el pasado 18 de marzo de 2025 por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productores yerbateros autoconvocados de las localidades de Oberá y Aristóbulo del Valle, contra el Sr. Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, y demás funcionarios obligados, al considerarlos responsables legales de la omisión e inacción de llevar adelante el nombramiento del Director del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), conforme lo establecido en la Ley Nacional 25.564.

Atento a que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, entre otras cuestiones, arrebató la facultad que al INYM le corresponde, por disposición legal, de establecer los precios para la materia prima, así como también quitó la posibilidad de obtener un financiamiento propio debido al vaciamiento económico del Instituto citado, todo ello derivó inevitablemente en sumergir en una crisis funcional, institucional, económica y social que concluyó en la presentación ante la Justicia para dirimir la cuestión.

En consecuencia, se presentó un amparo y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas dictaminó suspender la aplicación de los arts. 164 a 168 del DNU 70/2023, citando como uno de sus fundamentos que “el interés público afectado es enorme y trae consecuencias de imposible reparación ulterior”; y que, “en el marco de un contexto socioeconómico que deja al segmento más vulnerable de nuestras zonas rurales expuesto a la imposibilidad de cubrir sus necesidades más fundamentales, […] en muchos casos tendrá implicancias de imposible reparación ulterior, poniendo en riesgo, en definitiva, sus propias vidas”.

El reclamo ante la inacción del Gobierno Nacional no sólo se funda en el peligro al que se exponen las instituciones al no respetarse sus derechos y facultades legales – lo cual deriva en un avasallamiento institucional -, sino también en la realidad clara y objetiva que los sectores tareferos, productores y cooperativas pertenecientes a la actividad yerbatera padecen día a día. Esta situación se refleja, por ejemplo, en el precio de la materia prima de yerba mate que se desplomó de $370 que se pagaba por kilogramo de hoja verde a principios de 2024, a menos de $100, una situación que perjudica directamente a 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, secaderos, emprendedores e industrias y al movimiento económico en cada uno de los pueblos de Misiones.

La consecuencia de todo esto, no sólo provoca la desaparición de los productores minifundistas, obligados a emigrar a otros cultivos o a permitir la intromisión de los grandes productores, que aprovechan la situación para expandir sus mercados y concentrar la producción en pocas manos, sino que, además, está provocando una crisis social que se manifiesta en los éxodos y migraciones de aquellos que han llevado adelante esta actividad por generaciones. La libre competencia que pregona el Gobierno Nacional no debe fundarse en la marginación, el maltrato y la exclusión de los productores, de la familia agraria, los cooperativistas y emprendedores, mucho menos sabiendo que la Ley de Defensa de la Competencia establece que se considera una práctica que va en contra de la libre competencia la de “Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste”, y esto es lo que ha estado realizando el Gobierno Nacional bajo la consigna de “libre mercado”.

Ante esta situación, la CGP considera necesario, acompañando la denuncia radicada, que se lleve adelante una investigación y se determine sobre la culpabilidad ante un incumplimiento de deberes del funcionario público, conforme lo establece el art. 248 del Código Penal Argentino. También acompaña el reclamo ante lo decidido por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y exhorta se dé cumplimiento a lo allí prescripto.

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