El préstamo Stand-By aprobado a la Argentina fue el más grande de la historia del organismo.
Incluso considerando sólo los desembolsos efectivamente realizados, los montos girados superan al segundo puesto en el ranking de países en la historia de préstamos del Fondo.
Si se hubiesen cumplido todos los desembolsos del acuerdo ajustado en octubre de 2018 que totalizaban aproximadamente USD 57.000 millones, se hubiese superado la mitad de lo que el FMI desembolsó durante la pandemia a 85 países.

Si se consideran solo los efectivos desembolsos, US44.000 millones por el FMI en Argentina, para rescatar al gobierno de Mauricio Macri de su propio modelo económico, se supera el total otorgado a todos los países que se encuentran fuera de la órbita del hemisferio occidental (según las categorías regionales del FMI) en pandemia. Es decir, el compromiso monetario del FMI con la continuidad del gobierno de Cambiemos es superior al compromiso del organismo con otros 64 países para hacer frente a la crisis desatada por el COVID.

El programa del año 2018 tuvo el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Este país no sólo cuenta con un asiento propio en el Fondo, sino que además posee poder de veto en el organismo ya que con su voto puede impedir que se alcance el 85% necesario de consenso. El acuerdo de Estados Unidos es, entonces, una llave fundamental para la renegociación.

Ningún otro país o asiento del Directorio Ejecutivo supera el 6,5% de los votos, siendo la mayoría de ellos compartidos por varios países.

De respetarse la fórmula de actualización para la representación en el organismo acordada en el año 2008 – que debiera actualizarse desde 2016-, Estados Unidos debería perder el poder de veto al quedar su cuota por debajo del 15% necesario para bloquear las decisiones con mayoría agravada. Los países europeos también perderían votos, que serían distribuidos principalmente en China y países del sudeste asiático. De aceptarse esta reformulación, a China le alcanzaría llegar a un acuerdo con 1 o 2 socios minoritarios para obtener poder de veto y desafiar la conducción tradicional del organismo.

El acuerdo negociado con el gobierno de Cambiemos estuvo plagado de incumplimientos formales.
Entre ellos, se pueden mencionar la no constancia de actos administrativos, el incumplimiento del art. 61 de la Ley de Administración Financiera Argentina, la ausencia de constancia del dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos. Sólo se conoce la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos, pero no se vinculan con ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa.

Los desembolsos se utilizaron para financiar la salida permanente de capitales, a contramano de lo que el propio estatuto del FMI establece.

La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sin embargo, como se demostró en el informe, desde el inicio del programa el equivalente de los recursos recibidos del organismo se ha destinado a financiar la formación de activos externos.

Existió un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas. O, dicho de otra manera, existían políticas alternativas que tienen el mismo potencial para resolver los problemas de la balanza de pagos, pero con un grado mucho menor de endeudamiento, y, en definitiva, menor costo en divisas, aún dentro de los parámetros de políticas permitidas por el organismo.

Entre enero de 2018 y diciembre de 2019, los desembolsos sumaron USD 44.867 millones, mientras que la formación de activos externos ascendió a USD 54.099.

En línea con este análisis, fue el propio expresidente Mauricio Macri quien afirmó de manera pública en noviembre de 2021 haber solicitado y usado los dólares del FMI para dárselos a bancos comerciales que querían irse del país.
En el acuerdo de 2018 al menos 3 de los 4 criterios de un préstamo de “acceso excepcional” – que permite superar la cuota limite de 187%- fueron incumplidos.

El referido a que la deuda pública se encuentre en un sendero de alta probabilidad de repago en el mediano plazo fue abiertamente incumplido. La deuda pública bruta como porcentaje del Producto Bruto Interno tuvo un comportamiento explosivo en el año 2018, pasando del 57,1% en el año 2017 al 86,2%. Este incremento lo explican principalmente la caída del producto, los desembolsos del FMI y la variación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que el 76,4% se encontraba denominada en moneda extranjera. Pero lo interesante es observar que, a pesar de las recurrentes correcciones al alza en cada una de las revisiones del FMI (por ejemplo, en octubre del 2018 alcanzaba 81,2%), la sustentabilidad de la deuda igualmente permaneció caracterizada como “sustentable, pero con baja probabilidad” y la inclinación de la curva posterior se hizo más pronunciada para tratar de mostrar que se mantenían las metas hacia 2022 y 2023. Nada de esto ocurrió y en 2019 el ratio de deuda sobre Producto Bruto Interno alcanzó el 89,5%. Recién en febrero del año 2020 el FMI reconocería el carácter insustentable del endeudamiento.

Se incumplió el criterio referido a que el país miembro deba tener una perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito en un plazo y monto que permita el repago de los fondos obtenidos por el organismo. La evolución del índice de Riesgo País, termómetro de la capacidad de endeudamiento soberano muestra que, desde el inicio del programa en 2018 hasta el fin del año 2019 el mismo se cuadruplicó. Y si tenemos en cuenta el momento del último desembolso efectuado en el programa, desde el retorno del FMI a la Argentina el mismo se había duplicado. No hubo ninguna señal positiva en la dirección de un eventual retorno al mercado voluntario de deuda desde el arribo del organismo que permitiera imaginar un resultado favorable. Sin embargo, los desembolsos continuaron hasta que el cambio de gobierno se volvió inevitable, con la derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019.

El criterio referido a que el programa propuesto por el país miembro debe poseer una perspectiva de éxito lo suficientemente fuerte no sólo en términos técnicos, sino también en términos de capacidad institucional y política para llevarlo a cabo tampoco fue cumplido. El mecanismo para avalar el consenso político se relacionó con la firma de un acuerdo de diez puntos con un sector del peronismo. Pero el acuerdo se limitó a una pequeña porción del espacio opositor y ni siquiera se firmó. Adicionalmente, se ignoraron las declaraciones y planteos del principal espacio opositor que reclamó “que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso”. A contramano de lo que actualmente demanda el organismo, aquel acuerdo nunca llegó al Congreso.

El Directorio del organismo internacional no veló por la preservación de los recursos ponderando razones de índole política. Resulta al menos curioso que quienes no pudieron respetar sus propios estatutos tengan la injerencia que tuvieron (y tienen) sobre la macroeconomía argentina.

Se ignoraron todas las recomendaciones de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI.
Ya en el año 2004 la Oficina de Evaluación Independiente, responsable de auditar el organismo había identificado los mismos problemas que en el acuerdo del año 2018.Estos son los textuales de aquel documento del año 2004: “El Directorio Ejecutivo no cumplió cabalmente con su responsabilidad en materia de seguimiento y no analizó las posibles ventajas y desventajas de distintas opciones. En cierta medida, todo esto parece reflejar el hecho de que algunas decisiones clave fueron tomadas al margen del Directorio y que la gerencia consideró que algunos temas críticos eran demasiado delicados para debatir abiertamente sobre ellos en sesiones plenarias del Directorio”. Otra vez, la misma piedra.

Inclusive en el 2020 un nuevo informe de la OEI repitió las críticas en torno al desmantelamiento de los controles cambiarios y la desregulación financiera, pero nunca asumieron la responsabilidad.
La revisión de los desembolsos se realizó con una clara finalidad política de financiar la campaña electoral de Cambiemos.

El diseño del cronograma de desembolsos, ya desde junio 2018, estuvo orientado a blindar electoralmente a la Cambiemos y no a resolver los problemas de fondo de la balanza de pagos. La reconfiguración del cronograma a tan sólo 3 meses de la firma, en septiembre 2018, demostró este objetivo, determinando que casi el 90% de los pagos se realizara antes de las elecciones primarias de junio de 2019.

Así lo manifestó Mauricio Claver-Carone, quien ocupaba la silla correspondiente al gobierno de Estados Unidos en el directorio del FMI. Y en la misma dirección han declarado otros participantes del acuerdo.
El acuerdo tuvo la finalidad de intervenir en la política local, blindando al gobierno de Mauricio Macri de los costos de sus propias políticas y desfinanciando al gobierno siguiente.
La estructura de repago firmada en el acuerdo de 2018 fue siempre, bajo cualquier punto de vista, impagable para el país.

Para el año en curso (2021), correspondía abonar al FMI un total de USD 5.072,31 millones (considerando capital e intereses), representando el 45% del total de los vencimientos del año. En el año 2022 dicho importe alcanza el total de USD 18.901,66 millones y en el año 2023 USD 19.144,56 millones.

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