Para Procuración del Tesoro, el FMI “tiene responsabilidad” en otorgamiento del préstamo a Macri

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El director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro, Guido Croxatto, afirmó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “tiene responsabilidad” por haber otorgado el préstamo de US$ 54.000 millones al gobierno de Mauricio Macri en 2018, y consideró que, si no investiga el destino de los fondos, el organismo “sería partícipe de una red de delitos económicos”.

Las declaraciones de Croxatto a Télam Radio tuvieron lugar luego de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anticipara anoche que a fines de noviembre el FMI comenzará “la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018” tomado por el gobierno de Macri, que “no se usó para escuelas, sino para financiar pagos a fondos de inversión”.

En una entrevista para LN+, Massa indicó que “a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales sobre el acuerdo stand by de 2018” y reveló que el organismo mandará “una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN (Auditoría General de la Nación), no se usó para financiar hospitales, escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión”.

Al respecto, Croxatto consideró “fundamental” que el Fondo avance en ese sentido porque, en caso contrario, “sería partícipe de esa red financiera de delitos económicos que cometieron los aliados de Macri cuando se toma esa deuda”.

Además aseguró que todo eso “queda expuesto frente a cualquier juez que investigue los delitos financieros cometidos en el marco de la deuda externa que otorga el Fondo”.

El organismo multilateral de crédito fue consultado por Télam respecto a la investigación, pero hasta el momento no se expidió sobre el particular.

Croxatto, expresó que la deuda contraída con el FMI es “un tema estructural de la economía argentina”.

Asimismo, el funcionario argumentó que la decisión del FMI de comenzar a fines de este mes con el estudio del préstamo se explica porque “si se avanza alguna investigación, por ejemplo en la justicia argentina”, el Fondo “tiene responsabilidad en haber otorgado un préstamo en condiciones irregulares a un gobierno que no lo podía pagar”.

Croxatto sostuvo entonces que se trata de “una deuda de dudosa legalidad”, y resaltó que hace más de dos años que viene planteando la necesidad de “investigar a Macri por la toma de la deuda externa con el FMI”.

En esa línea, dijo que él fue “uno de los pocos funcionarios que salió a criticar el acuerdo de (el exministro de Economía Martín) Guzmán diciendo que no era un buen acuerdo, que no había negociado bien, que se podría haber negociado mejor y de manera más fuerte”.

Por otro lado, Croxatto celebró el hecho de “ver que el ministro Massa, nuestro candidato a presidente, toma el liderazgo en este tema que no es menor”, y explicó que los fondos investigados “en realidad sirvieron para financiar la fuga de capitales, probablemente de los amigos del expresidente Macri”.

El 17 de mayo pasado, el Colegio de Auditores de la AGN aprobó por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo, en el que detectó numerosas irregularidades, y advirtió que por la magnitud y características del acuerdo “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.

“El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país”, dijo en esa oportunidad el auditor general, Francisco Javier Fernández.

“Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”, señaló la AGN en un comunicado de prensa.

Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacan “relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo”.

Por su parte, Massa, en el reportaje que brindó ayer en LN+, dijo que el FMI enviará “una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se usó para financiar hospitales, escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión”.

Massa anticipó que a fines de noviembre el FMI comenzará “la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018” tomado por el gobierno de Mauricio Macri, que “no se usó para escuelas, sino para financiar pagos a fondos de inversión”.

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La corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina 2018-2019

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El préstamo Stand-By aprobado a la Argentina fue el más grande de la historia del organismo.
Incluso considerando sólo los desembolsos efectivamente realizados, los montos girados superan al segundo puesto en el ranking de países en la historia de préstamos del Fondo.
Si se hubiesen cumplido todos los desembolsos del acuerdo ajustado en octubre de 2018 que totalizaban aproximadamente USD 57.000 millones, se hubiese superado la mitad de lo que el FMI desembolsó durante la pandemia a 85 países.

Si se consideran solo los efectivos desembolsos, US44.000 millones por el FMI en Argentina, para rescatar al gobierno de Mauricio Macri de su propio modelo económico, se supera el total otorgado a todos los países que se encuentran fuera de la órbita del hemisferio occidental (según las categorías regionales del FMI) en pandemia. Es decir, el compromiso monetario del FMI con la continuidad del gobierno de Cambiemos es superior al compromiso del organismo con otros 64 países para hacer frente a la crisis desatada por el COVID.

El programa del año 2018 tuvo el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Este país no sólo cuenta con un asiento propio en el Fondo, sino que además posee poder de veto en el organismo ya que con su voto puede impedir que se alcance el 85% necesario de consenso. El acuerdo de Estados Unidos es, entonces, una llave fundamental para la renegociación.

Ningún otro país o asiento del Directorio Ejecutivo supera el 6,5% de los votos, siendo la mayoría de ellos compartidos por varios países.

De respetarse la fórmula de actualización para la representación en el organismo acordada en el año 2008 – que debiera actualizarse desde 2016-, Estados Unidos debería perder el poder de veto al quedar su cuota por debajo del 15% necesario para bloquear las decisiones con mayoría agravada. Los países europeos también perderían votos, que serían distribuidos principalmente en China y países del sudeste asiático. De aceptarse esta reformulación, a China le alcanzaría llegar a un acuerdo con 1 o 2 socios minoritarios para obtener poder de veto y desafiar la conducción tradicional del organismo.

El acuerdo negociado con el gobierno de Cambiemos estuvo plagado de incumplimientos formales.
Entre ellos, se pueden mencionar la no constancia de actos administrativos, el incumplimiento del art. 61 de la Ley de Administración Financiera Argentina, la ausencia de constancia del dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos. Sólo se conoce la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos, pero no se vinculan con ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa.

Los desembolsos se utilizaron para financiar la salida permanente de capitales, a contramano de lo que el propio estatuto del FMI establece.

La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sin embargo, como se demostró en el informe, desde el inicio del programa el equivalente de los recursos recibidos del organismo se ha destinado a financiar la formación de activos externos.

Existió un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas. O, dicho de otra manera, existían políticas alternativas que tienen el mismo potencial para resolver los problemas de la balanza de pagos, pero con un grado mucho menor de endeudamiento, y, en definitiva, menor costo en divisas, aún dentro de los parámetros de políticas permitidas por el organismo.

Entre enero de 2018 y diciembre de 2019, los desembolsos sumaron USD 44.867 millones, mientras que la formación de activos externos ascendió a USD 54.099.

En línea con este análisis, fue el propio expresidente Mauricio Macri quien afirmó de manera pública en noviembre de 2021 haber solicitado y usado los dólares del FMI para dárselos a bancos comerciales que querían irse del país.
En el acuerdo de 2018 al menos 3 de los 4 criterios de un préstamo de “acceso excepcional” – que permite superar la cuota limite de 187%- fueron incumplidos.

El referido a que la deuda pública se encuentre en un sendero de alta probabilidad de repago en el mediano plazo fue abiertamente incumplido. La deuda pública bruta como porcentaje del Producto Bruto Interno tuvo un comportamiento explosivo en el año 2018, pasando del 57,1% en el año 2017 al 86,2%. Este incremento lo explican principalmente la caída del producto, los desembolsos del FMI y la variación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que el 76,4% se encontraba denominada en moneda extranjera. Pero lo interesante es observar que, a pesar de las recurrentes correcciones al alza en cada una de las revisiones del FMI (por ejemplo, en octubre del 2018 alcanzaba 81,2%), la sustentabilidad de la deuda igualmente permaneció caracterizada como “sustentable, pero con baja probabilidad” y la inclinación de la curva posterior se hizo más pronunciada para tratar de mostrar que se mantenían las metas hacia 2022 y 2023. Nada de esto ocurrió y en 2019 el ratio de deuda sobre Producto Bruto Interno alcanzó el 89,5%. Recién en febrero del año 2020 el FMI reconocería el carácter insustentable del endeudamiento.

Se incumplió el criterio referido a que el país miembro deba tener una perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito en un plazo y monto que permita el repago de los fondos obtenidos por el organismo. La evolución del índice de Riesgo País, termómetro de la capacidad de endeudamiento soberano muestra que, desde el inicio del programa en 2018 hasta el fin del año 2019 el mismo se cuadruplicó. Y si tenemos en cuenta el momento del último desembolso efectuado en el programa, desde el retorno del FMI a la Argentina el mismo se había duplicado. No hubo ninguna señal positiva en la dirección de un eventual retorno al mercado voluntario de deuda desde el arribo del organismo que permitiera imaginar un resultado favorable. Sin embargo, los desembolsos continuaron hasta que el cambio de gobierno se volvió inevitable, con la derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019.

El criterio referido a que el programa propuesto por el país miembro debe poseer una perspectiva de éxito lo suficientemente fuerte no sólo en términos técnicos, sino también en términos de capacidad institucional y política para llevarlo a cabo tampoco fue cumplido. El mecanismo para avalar el consenso político se relacionó con la firma de un acuerdo de diez puntos con un sector del peronismo. Pero el acuerdo se limitó a una pequeña porción del espacio opositor y ni siquiera se firmó. Adicionalmente, se ignoraron las declaraciones y planteos del principal espacio opositor que reclamó “que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso”. A contramano de lo que actualmente demanda el organismo, aquel acuerdo nunca llegó al Congreso.

El Directorio del organismo internacional no veló por la preservación de los recursos ponderando razones de índole política. Resulta al menos curioso que quienes no pudieron respetar sus propios estatutos tengan la injerencia que tuvieron (y tienen) sobre la macroeconomía argentina.

Se ignoraron todas las recomendaciones de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI.
Ya en el año 2004 la Oficina de Evaluación Independiente, responsable de auditar el organismo había identificado los mismos problemas que en el acuerdo del año 2018.Estos son los textuales de aquel documento del año 2004: “El Directorio Ejecutivo no cumplió cabalmente con su responsabilidad en materia de seguimiento y no analizó las posibles ventajas y desventajas de distintas opciones. En cierta medida, todo esto parece reflejar el hecho de que algunas decisiones clave fueron tomadas al margen del Directorio y que la gerencia consideró que algunos temas críticos eran demasiado delicados para debatir abiertamente sobre ellos en sesiones plenarias del Directorio”. Otra vez, la misma piedra.

Inclusive en el 2020 un nuevo informe de la OEI repitió las críticas en torno al desmantelamiento de los controles cambiarios y la desregulación financiera, pero nunca asumieron la responsabilidad.
La revisión de los desembolsos se realizó con una clara finalidad política de financiar la campaña electoral de Cambiemos.

El diseño del cronograma de desembolsos, ya desde junio 2018, estuvo orientado a blindar electoralmente a la Cambiemos y no a resolver los problemas de fondo de la balanza de pagos. La reconfiguración del cronograma a tan sólo 3 meses de la firma, en septiembre 2018, demostró este objetivo, determinando que casi el 90% de los pagos se realizara antes de las elecciones primarias de junio de 2019.

Así lo manifestó Mauricio Claver-Carone, quien ocupaba la silla correspondiente al gobierno de Estados Unidos en el directorio del FMI. Y en la misma dirección han declarado otros participantes del acuerdo.
El acuerdo tuvo la finalidad de intervenir en la política local, blindando al gobierno de Mauricio Macri de los costos de sus propias políticas y desfinanciando al gobierno siguiente.
La estructura de repago firmada en el acuerdo de 2018 fue siempre, bajo cualquier punto de vista, impagable para el país.

Para el año en curso (2021), correspondía abonar al FMI un total de USD 5.072,31 millones (considerando capital e intereses), representando el 45% del total de los vencimientos del año. En el año 2022 dicho importe alcanza el total de USD 18.901,66 millones y en el año 2023 USD 19.144,56 millones.

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La responsabilidad de gobernar

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Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, y diariamente asumimos ante los vecinos la tarea de resolver sus problemas y llegar con soluciones, hemos perdido un conjunto de recursos y obras fundamentales”, señala el documento firmado por los 77 intendentes de Misiones.  

“Un Gobierno no se puede quedar sin Presupuesto. No puede ser una opción del país. Más allá de que este Presupuesto que llevó era invotable, en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el FMI, tendría que haber habido más diálogo”, señaló el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El además flamante presidente del radicalismo dejó en offside a toda la oposición, incluidos los tres misioneros, Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni, que votaron, entusiastas, en contra del Presupuesto 2022, que privó a Misiones de 96.500 millones en obras, pérdidas por menor recaudación y la caída de la Zona Aduanera Especial.

Los intendentes y el gobernador jujeño, en la gestión, saben que el presupuesto es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones y que va más allá de un color político. “El que gana gobierna y el que pierde acompaña”, recordó el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, trayendo a la memoria la frase de Ricardo Balbín, líder radical que supo pararse por encima de la grieta. 

Rovira aseguró que la negativa de los diputados de la alianza Cambiemos, provocó un “daño irreparable a la República” al quitarle una “herramienta de vital importancia para desarrollar un Gobierno y brindar soluciones al pueblo”.

Desde el Congreso no se gobierna, se ayuda a gobernar a quien está en el Ejecutivo porque el lugar que tiene cada uno lo decidió la gente”. Rovira sabe, desde su propia experiencia, lo que significa gobernar a pesar de, cuando en tuvo que vetar un Presupuesto que no coincidía con la proyección diseñada por el Ejecutivo.  

El contraste se potencia entre lo que piensan quienes tienen responsabilidades de Gobierno y la victimización de quienes se sintieron apuntados por el daño provocado. Los diputados de Cambiemos se quejaron de una campaña de “desprestigio” y hasta de “persecución” por haber sido sindicados como actores clave del fiasco que significó para Misiones el rechazo al Presupuesto nacional. Las expectativas estaban puestas en el paquete de obras por casi cien mil millones de pesos y la creación de la Zona Aduanera Especial, que esta vez parecía encaminarse a ser una realidad. 

Particularmente, el radical Martín Arjol dramatizó el cruce político y elevó al Congreso una “cuestión de privilegio” contra el gobernador Oscar Herrera Ahuad por haber divulgado su teléfono particular en un intercambio de tuiters, donde el mandatario hizo notar que explícitamente había hablado con el diputado por la Zona Aduanera y éste había prometido interceder ante Mario Negri para conseguir los votos necesarios. La diputada Graciela Camaño le puso un freno al diputado debutante: “Le pediría que se lea el segundo párrafo del artículo 128 para que nos pongamos en onda de qué son las cuestiones de privilegio. Si no, traemos acá las cuestiones personales que nada tienen que ver con las cuestiones de privilegio”, opinó. 

El voto de Cambiemos en contra del Presupuesto no genera tanta sorpresa. El propio Arjol hacía campaña para “poner un freno al gobierno nacional”. Pero en campaña también decía que quería llegar al Congreso para “poner a Misiones” en la agenda y que para conseguir atender sus demandas, se debía “liderar un reclamo regional y para eso necesitamos saltar la grieta”. En el primer momento importante, levantó la mano por la grieta y olvidó la agenda de Misiones

En el radicalismo pretendieron bajarle el precio al olvido. Gustavo González aseguró que “no hace falta tener ley de Presupuesto” para atender las demandas de Misiones y que para la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, pensado para combatir las asimetrías, hace falta “únicamente un decretito del Presidente”. Una pena que no lo hayan advertido cuando Macri lo era y vino a Misiones literalmente sin saber de qué se trataba el pedido conjunto de Gobierno y cámaras empresarias. 

Está claro que la ley de Presupuesto hace falta y su rechazo fue una jugada de la grieta. La alianza Cambiemos pedía “números creíbles”, la bendición del Fondo Monetario Internacional y certeza sobre la inflación y el dólar. La inflación del proyecto Guzmán no es distinta al 33 por ciento del presupuesto diseñado por Horacio Rodríguez Larreta.  

 “Invotable”, números poco creíbles y proyecciones improbables, denunció el coro opositor que cuando estuvo en el Gobierno dinamitó toda la credibilidad del Presupuesto cuando el jefe de Gabinete dió la famosa conferencia de prensa en la que echó por tierra todas los números aprobados en la ley que entonces sí contaba con los votos de quienes no estaban en el oficialismo.

Llamativa laguna de Cambiemos, que cuando estuvo en el Gobierno, no hace demasiado tiempo, dejó al país con récord de inflación, una meteórica deuda tomada para sostener al presidente en el poder y una enorme sangría de capitales. No lo dice el Gobierno. 

Lo dice el propio FMI, que, por primera vez en la historia, hace un mea culpa por el desastre provocado en la Argentina. Así de malo fue el salvataje a Mauricio Macri. Tan malo que obligó al organismo financiero a reconocer el fracaso de sus planes y la inconsistencia del programa de Cambiemos, que no logró “generar confianza” en los mercados, frenar la salida de dólares ni contener la suba acelerada de precios. Tan malo fue el préstamo que por primera vez el FMI debió reconocer, a regañadientes y tácitamente, que sus préstamos tienen un componente político, mucho más relevante que el técnico. 

Nobleza obliga, Kristalina Georgieva no se diferencia demasiado de Christine Lagarde, el amour platonique de Mauricio Macri: como buena prestamista, quiere cobrar. El mea culpa del FMI no alcanzó a dar certezas sobre un buen plan de pago que no aplaste la recuperación de la Argentina. 

La deuda con el Fondo es un ancla que obstaculiza () cualquier atisbo de reacción de la economía si no se imponen condiciones de pago que sean accesibles y que reconozcan las condiciones que la generaron. Es una deuda sucia que condena al país, pese a que los responsables siguen opinando como si se tratara de un relato de una realidad paralela. 

“Para volver a crecer necesitamos una economía estable y para eso debemos ser creíbles. No hay credibilidad sin un sendero fiscal sustentable y sin una política monetaria consistente”, tuiteó Nicolás Dujovne. Credibilidad. Creer. Creer o reventar. El ministro que reconocía que Macri recibió el país con “un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo” y prometía no volver al FMI, fue el responsable del salvavidas de 57 mil millones de dólares para tapar el fracaso del modelo de la deuda. 

Esa realidad paralela es la que domina el relato de la grieta. No valen argumentos ni datos. Solo lo que se dice y al público al que se apunta. Los vagos son los otros, pero los de Cambiemos faltan al Congreso para irse a Disneylandia a menos de un mes de haber asumido. “Pensé que ya había terminado el año”, dijo sin sonrojarse la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, de la bancada UCR-Evolución que pese a su larga historia familiar vinculada a la política -su abuelo fue interventor de Misiones-, no sabe cómo se maneja el Congreso. Si pasa, pasa. En la sesión en la que se discutía la suba del impuesto a los Bienes Personales, Cambiemos también votó en contra, pero fracasó por la ausencia de varios legisladores. La parábola es clara: voto en contra del Presupuesto, voto en contra de aumentar impuestos a los de mayores ingresos. 

Nuevamente aquí, los que están en el Gobierno no discuten la necesidad de recaudar más. Los gobernadores de Cambiemos, salvo Horacio Rodríguez Larreta, respaldan el nuevo Consenso Fiscal que se firmará este lunes y que frena la rebaja impositiva que impuso Macri en 2017 y que incluso permite subir algunos. 

El Consenso Fiscal que se aplicará a partir del año que viene permitirá a las provincias crear nuevos impuestos, como por ejemplo, un “impuesto a la herencia” y también incrementar otros, como las alícuotas de ingresos brutos de algunas actividades, como las financieras. Además se pondrá un tope de alícuotas para algunos tributos y se volverá a imponer reglas de responsabilidad fiscal que fueron obviadas por la pandemia. Misiones firmará el acuerdo, pero ya se anticipa que no habrá modificaciones en los tributos. 

La economía misionera cierra el año con indicadores positivos. Se registró una nueva baja en los índices de desocupación -se crearon once mil empleos durante 2021- y en algunos sectores Misiones es líder de todo el Norte Grande, como el comercio o el sector forestal, que duplica a los trabajos registrados en Corrientes. La chacra, que duda cabe, es uno de los motores de la economía misionera y también de la creación de empleo. Para 2022, la Provincia tiene previsto invertir mil millones de pesos en la transición hacia una producción más verde, acorde con las exigencias internacionales para mitigar el cambio climático y a tono con el rótulo misionero: capital nacional de la Biodiversidad. 

“La actividad económica, por los datos que tiene la Agencia Tributaria Misiones, muestran un crecimiento del 15 al 18%”, reveló a Economis el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. 

Incluso el turismo, el sector más golpeado por la pandemia, muestra signos acelerados de recuperación. Para el fin de semana navideño, las reservas en Iguazú alcanzaron un promedio del 80 por ciento, con picos del 95 por ciento en algunos hoteles. Además es un sector que no deja de atraer inversiones. La ciudad de las Cataratas ya vio nacer los cimientos de un shopping de primer nivel y se anticipan nuevas inversiones hoteleras apuntadas a un público internacional de alto poder adquisitivo.

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Martín Guzmán: “El principal problema de la economía mundial es la desigualdad”

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso este viernes en Venecia en el marco del Foro Global de Productividad, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde se refirió a la tasa mínima global para las empresas multinacionales, la adaptación de créditos para implementar políticas de cuidado del medio ambiente y la digitalización de la economía mundial.

“Abordar el tema de la desigualdad incluye el acceso equitativo a la vacunación; una solución equitativa al problema de la elusión fiscal para las corporaciones, una solución equitativa a los problemas tributarios internacionales y fuentes equitativas de financiamiento para enfrentar los desafíos de la acción climática y la crisis de salud”, afirmó Guzmán durante su disertación.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda celebró los avances en el frente de la tributación a las empresas multinacionales al sostener que “la idea de un impuesto global mínimo de al menos 15 % es un paso positivo”, pero aclaró que “por supuesto, más sería mejor”.

En esta línea, Guzmán sostuvo que la Argentina ha “planteado una serie de inquietudes que esperamos se puedan abordar entre estas reuniones y en las reuniones de presidentes en octubre”.

“Pensamos que hay detalles en particular con respecto a la imposibilidad de la tributación unilateral y los mecanismos para la resolución de controversias que deben tratarse de manera adecuada para que podamos contar con los recursos necesarios para financiar las políticas para hacer frente a los desafíos de la digitalización”, precisó el Ministro.

En otro sentido, Guzmán señaló que en el marco de las reuniones del G20 será necesario discutir “una adecuación, una modernización de las líneas de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo, de manera que podamos reducir las asimetrías que enfrentan las economías avanzadas y en desarrollo en términos de acceso al financiamiento, en los términos que se requieren para abordar los problemas de la desigualdad, el cambio climático y la digitalización de la economía”.

De esta manera, Guzmán explicó que “los mercados no van a proporcionar el tipo de financiamiento que necesitan las economías para hacer frente a estos problemas” y que “el multilateralismo es un medio para encontrar soluciones”. Con respecto a la digitalización de la economía global, Guzmán indicó que “el Estado juega un papel importante en lo que respecta a inversiones en educación e investigación y desarrollo y programas especializados, pero también en lo que respecta a infraestructura digital”.

De esta manera, afirmó que “básicamente hay dos formas en las que podremos contar con los recursos para financiar las inversiones que se necesitan para hacer frente a estos desafíos, y ambas forman parte de lo que está en el centro de la agenda de políticas de estas reuniones del G20; una tiene que ver con la tributación internacional”. Además, Guzmán hizo hincapié en la importancia de “crear una sociedad que logre desarrollar el conocimiento, una sociedad que logre lograr un buen camino de desarrollo humano y social y que esto se dé de manera inclusiva”.

“La inclusión digital es un objetivo clave que queremos alcanzar para hacer uso del talento que tiene nuestra sociedad”, agregó el Ministro. Finalmente, en relación a la desigualdad, el titular de Economía manifestó que “es el principal problema de la economía global” y que “es tanto una causa como una consecuencia de los sistemas sociales disfuncionales”.

“Un objetivo del multilateralismo debe ser evitar una evolución desigual de la economía global luego del impacto del COVID-19”, concluyó. En el panel organizado por la OCDE, también participaron el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez, y estuvo moderado por el periodista del diario Financial Times, Martin Wolf.

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La tasa de interés alta seca la plaza de pesos pero también la inversión

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Con el segundo acuerdo del FMI, el Banco Central se comprometió a un crecimiento nulo de la base monetaria entre octubre del año pasado y junio de 2019. Más aún, luego de un comienzo exitoso –sobrecumplimiento del objetivo-, la autoridad monetaria estiró esta medida hasta fin de año.

La principal herramienta de la que dispone el Banco Central para alcanzar esta meta son las LELIQs. Mediante un aumento de su rendimiento, es decir, una suba de la tasa de interés de referencia, los bancos comerciales deberían incrementar sus tenencias de estas letras. De esta forma, se explica que la tasa de interés de referencia promedie más de 60% desde que se puso en marcha el nuevo esquema. Esta tasa responde, entre otras cosas, a que un alto rendimiento de las colocaciones en pesos desalienta la dolarización de carteras.

Sin embargo, esta tasa de interés también tiene algunos efectos no deseados. Por caso, el elevado costo de financiamiento prácticamente descarta cualquier posibilidad de inversión productiva. A modo de ejemplo, los préstamos a empresas crecen solo al 17% i.a. nominal, lo que implica una caída cercana al 25% i.a. en términos reales. Como resultado, la inversión pasó de representar 15,6% del PBI en el primer trimestre de 2018 a 13,5% en igual período de 2019.

En otro orden, la irregularidad de la cartera al sector privado trepó de 3,8% en agosto de 2018 a 5,2% en abril de 2019 (último dato disponible) y habría seguido en ascenso en los meses posteriores. Si bien este valor no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, representa un pico para la última década, a la par que su acelerado crecimiento refleja una dinámica que enciende señales de alarma.

En consecuencia, podemos afirmar que este esquema monetario no es sostenible en el mediano plazo. Si bien es cierto que en este contexto es fundamental estabilizar al tipo de cambio y aportar previsibilidad para frenar la caída de la actividad, no es menos cierto que esta tasa de interés terminará por asfixiar al sistema productivo. Actualmente, la mayor rentabilidad de los bancos comerciales está en captar plazos fijos privados para posicionarse en LELIQs, en lugar de dar préstamos y brindar oxígeno a las empresas para poder sortear la crisis.

La disociación entre la tasa de interés nominal y real

El Banco Central es consciente de este problema, y por eso la tasa de interés nominal viene en franco retroceso en las últimas semanas. No obstante, producto principalmente de la estabilidad cambiaria y del menor ajuste en las tarifas de Servicios Públicos, la inflación también está cediendo. En consecuencia, la política monetaria no se relaja efectivamente. Por caso, partiendo de la inflación mensual esperada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado, la misma pasó de 1,4% mensual en mayo a 1,7% en junio, para ubicarse actualmente en 1,5%. Por lo tanto, aún en este contexto de baja de la tasa de interés nominal, la tasa de interés real no retrocede.

Más cerca de las elecciones, las presiones cambiarias reaparecerían. Si esto sucede, la tasa de interés nominal pausaría esta baja, en pos de disuadir a los tenedores de pesos de dolarizar sus carteras. Cabe destacar que las elecciones primarias de agosto podrían marcar un cambio de tendencia. Si el oficialismo enfrenta una derrota abultada, es decir, un resultado peor al que anticipa el mercado, las tensiones cambiarias se intensificarían.

Por el contrario, si el resultado se asemeja al esperado por los actores financieros, las presiones cambiarias seguirían siendo acotadas. En este marco, proyectamos que la tasa de interés nominal seguiría su camino descendente y se acercaría a la zona del 55% para las elecciones generales de octubre. Asimismo, en este escenario de reelección, cerraría el año apenas por encima del 50%. Además, producto de la estabilidad cambiaria y los menores ajustes de tarifas, la suba de precios orillaría el 2% mensual en el último trimestre. En consecuencia, la tasa de interés real rondaría 1,5% mensual, de modo que permanecería en los nocivos niveles actuales, que desploman al crédito productivo e incrementan la morosidad.

Por lo tanto, aunque las variables macroeconómicas se estabilizarían en la segunda mitad del año, e incluso es probable que el consumo se reactive producto de un salario que comienza a ganarle levemente a la inflación más los estímulos no salariales que está desarrollando el oficialismo, las inversiones productivas no se recuperarían.

El recorte de la tasa de interés: tan necesario como difícil

De cara a 2020, uno de los principales desafíos del próximo presidente electo será bajar esta tasa de interés real: el plan de emisión cero es una política de emergencia y no es recomendable que dure más allá de 2019. Desde octubre del año pasado se viene registrando una política monetaria fuertemente contractiva, que implicará un ajuste cercano al 35% de la base monetaria deflactada al cierre de este año. La contracara del mismo es la expansión acelerada de las LELIQs, que ya representan más del 90% de la base monetaria y si no se controlan en el mediano plazo dañarán severamente al patrimonio del Banco Central.

No obstante, un recorte apresurado de la tasa de interés podría desatar nuevas presiones sobre la divisa, posponiendo aún más la recuperación de la actividad. Por lo tanto, será necesario afrontar este problema seriamente: este elevado costo de financiamiento es inconsistente con cualquier proceso de crecimiento genuino.

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