La puja distributiva y aceleración de la inflación

El informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) hace foco en la puja distributiva iniciada desde la recuperación de la pandemia significó un nuevo avance de un sector muy reducido y concentrado de la economía mundial y nacional.

Los récords de inflación durante 2021 en los países centrales y en varios países de la región estuvieron impulsados, primero, por los cuellos de botella en las cadenas de producción global, cambios en el comportamiento de la demanda y fuertes programas de estímulo que se tradujeron en una mejora de los márgenes de ganancia en la medida que los salarios no acompañaron al mismo ritmo de los precios.

Argentina no fue la excepción a este proceso de mejora de la rentabilidad a escala global pero, a diferencia de otros países, arrastraba un fuerte deterioro en la distribución del ingreso de los dos años previos a la pandemia.

La mejora en la rentabilidad empresaria se dió, en una economía como la nuestra que ya tenía un nivel de inercia inflacionaria en torno al 50%, mediante una aceleración de las tasas de inflación que ganó en velocidad a los incrementos de los salarios. El hecho de que la inflación se acelere en un contexto de deterioro de la distribución del ingreso, quita fuerza a las teorías que buscan explicar los aumentos de precios por impulsos salariales, poder sindical, etc. En ese sentido, deja fuera de la cancha a quienes buscan romper el modelo sindical argentino y los derechos laborales con políticas de flexibilización laboral, justificándolas en el combate contra la inflación.

En los últimos cuatro años, hemos anulado por completo la explicación de una mayor inflación por “los costos salariales” a fuerza aceleraciones en la tasa de aumentos de los precios que coincidieron con deterioros salariales e, incluso, con caídas del consumo y la demanda agregada.

En el segundo round inflacionario, desatado a partir del conflicto bélico en Ucrania, los precios relativos tuvieron un nuevo cambio brusco y eso significó una nueva transferencia de ingresos en contra de los salarios, esta vez, hacia los sectores primarios de alimentos, energía y minerales.

Tampoco fuimos la excepción a este proceso mundial, con el agravante de los altos niveles de pobreza e indigencia como punto de partida que se arrastran desde el estallido del proceso de endeudamiento y especulación de la gestión Macri y la posterior pandemia (2018-2020).

Alimentos caros y aceleración de la inflación

La ausencia de medidas concretas para evitar que ese shock de precios internacionales impactara de lleno en la economía local significó una nueva aceleración inflacionaria, que se tradujo en una nueva transferencia de ingresos hacia los sectores que concentran la riqueza. Como respuesta defensiva, se anunciaron medidas compensatorias como el incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar, bonos a jubiladas y jubilados, mayores actualizaciones del Salario Mínimo Vital y Móvil y un bono específico para trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas. Si bien deseables, en este contexto, estas medidas también convalidan el nuevo esquema de precios relativos en el que los alimentos son cada vez más caros.

Estas dos tendencias globales recientes – el deterioro de la distribución del ingreso y el encarecimiento relativo de los alimentos – no es algo que en nuestra coyuntura deba darse de la misma manera como simple reflejo de lo que sucede en el resto del mundo. Especialmente, por el hecho de ser productores de alimentos y no haber sufrido un incremento relevante en los costos de producción. La responsabilidad del gobierno en el traslado del shock internacional a los precios locales es relevante en la medida que la suba del 31% al 33% de las retenciones a productos derivados de la soja es una señal de precios demasiado débil para poder amortiguar subas superiores al 30% en dólares en nuestros agrocommodities. Las discusiones sobre la posibilidad de gravar de forma diferencial las rentas “inesperadas” son positivas desde lo fiscal y tributario pero no generan el efecto diferencial en los precios internos de los alimentos que sí generan las retenciones u otras medidas como los tipos de cambio diferenciales.

Sobre la capacidad de incidir en la distribución del ingreso, la responsabilidad es menos evidente pero también debe revisar parte de lo actuado desde 2020 para acá. En primer lugar, está claro que “la distribución” no es el resultado de la simple voluntad política ya que hay cuestiones que se determinan entre privados donde muchas veces escasean herramientas para incidir de forma directa, como en el caso del empleo no registrado. Sin embargo, la intención de utilizar a las paritarias como “ancla” de las expectativas inflacionarias durante 2021 fue un resultado costoso para las mayorías populares durante los primeros meses de ese año, hasta que se desechó la pauta del 30%. Este año, de forma similar, se tienen que recalibrar las paritarias frente al shock de precios internacionales. Además, una referencia para los sectores informales que puede encontrarse en el SMVM, tuvo un deterioro muy grande durante la gestión del FdT.

En el Gráfico 2 se pueden observar varias tendencias en simultáneo sobre el poder adquisitivo. En primer lugar, se observa que el SMVM y el haber mínimo tienen un comportamiento “serrucho”, a diferencia de las series de salarios y del RIPTE que son un promedio de muchos sectores al mismo tiempo y evolucionan de forma más pareja.

En términos de poder adquisitivo, el SMVM se encuentra en niveles similares al peor momento de todo el gobierno de Cambiemos. La fuerte suba de 2021 se dio desde niveles muy bajos y el poder de compra se deteriora muy rápido con estos niveles inflacionarios.

Por el lado del sector público y privado, que se puede captar por la evolución del RIPTE y el relevamiento de salarios de INDEC, se observa que el quiebre iniciado en 2018 está lejos de recuperarse. El 2020 tuvo una fuerte recuperación inicial pero una caída sostenida en el contexto de la pandemia. El 2021 cerró con los mismos niveles de ingreso real que a fines de 2019. Esto hace que, a pesar de un nivel de gasto en “Promoción y asistencia social” muy superior a los registrados en los últimos años, sea insuficiente para cambiar significativamente las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Reactivación económica con poca nafta en el tanque

La novedad es que este escenario de insuficientes ingresos para la mayor parte de la población se da con una economía que tiene niveles de actividad relativamente altos (ver Gráfico 4), que se reflejan en la creación de puestos de trabajo, en el desempleo y en las importaciones.

Paradójicamente, estamos utilizando reservas como en el período 2013-2017 para importaciones pero con salarios reales muy inferiores (ver Gráfico 5) y un nivel de reservas al borde de la línea de flotación.

El nivel de importaciones se corresponde a un nivel de actividad alto al que se suman varios efectos: la inflación en moneda dura registrada en los países centrales los últimos dos años, los mayores costos logísticos luego de la crisis por COVID-19 y el caso particular de los precios de la energía.

Además, el Banco Central tuvo dificultades para acumular reservas en los primeros cuatro meses del año (ver Gráfico 6). La vía financiera fue una puerta de salida de dólares durante el 2021, en la misma línea que los otros años con controles cambiarios estrictos. La dinámica no es tan grave como la registrada hasta la devaluación de 2014 pero el nivel de reservas es crítico y uno de los objetivos del gobierno era su acumulación, objetivo que se dificulta cuando se acelera el crecimiento.

Los créditos prometidos por otros organismos (Banco Mundial, BID y CAF) por 0,9% del PBI (USD 4.000 millones) que se anunciaron en conjunto con el acuerdo con el Fondo todavía siguen pendientes de ingresar. La única fuente de dólares son “yapas” que vayan cayendo de organismos internacionales, como la ampliación de DEGs que hizo el FMI en septiembre del año pasado o el más reciente Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad que podría aportar cerca de USD 1.300 millones.

La expectativa del gobierno pasa por generar un ingreso de inversiones en el sector primario (hidrocarburos y minerales) que aporten los dólares necesarios para sostener este proceso de crecimiento. Sin embargo, los anuncios todavía no logran materializarse en ingresos concretos y eso se observa en las reservas y en la brecha cambiaria que retornó a valores elevados los últimos días. Si esos anuncios no se concretan, la alternativa que queda es pasar por un filtro más exigente la demanda de dólares. Contener las importaciones seguramente dificultará que el proceso de crecimiento se sostenga aunque por el lado financiero, hay posibilidad de mejorar la asignación de los dólares que se estuvieron utilizando para el desendeudamiento del sector privado.

Entonces, la discusión distributiva no es sobre el reparto de los frutos de un modelo de crecimiento para los próximos años ni en el punto de partida de un ciclo virtuoso. En todo caso, la disputa por el nivel de ingresos se da como antesala de un nuevo freno al crecimiento por falta de dólares pronto a concretarse. El resultado de la actual puja distributiva será más el punto de partida desde el cual cada uno tendrá que afrontar un eventual nuevo freno al crecimiento de nuestra economía.

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