Se busca convertir en ley un texto plasmado casi en espejo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que suspendió la Justicia del Trabajo. La propuesta que recibió ayer el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral, el tiempo que carga sobre las conquistas de los trabajadores: extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización, eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo, eliminar los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios, y declarar “servicio esencial” a la Educación.

El texto se base en ocho puntos, que funcionan como ejes pero cuya redacción también se amplifica. El primer punto sostiene la “Reducción de la carga fiscal sobre el empleo”, donde propone “la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Para “la sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos”.

Al tiempo que propone “implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites”. Allí el detalle del articulado del proyecto, sostiene multas para los empleadores que no registraran correctamente a sus trabajadores en caso de indemnizaciones, aunque le pone límites temporales a las mismas que no podrían exceder de 12 sueldos.

Reducir las indemnizaciones patronales es uno de los objetivos del proyecto. Así lo expresa en el capítulo titulado “Reducción de la litigiosidad”: donde insiste en la “derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas”. “Esta medida –continúa el texto– tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización”. Lo que a su juicio “favorece a los mercaderes de la industria del juicio”.

El punto cinco del proyecto está dedicado a crear “mecanismos sustitutivos de indemnización”. Cómo “establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8 por ciento de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización”.

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8. Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Un día después de que las autoridades nacionales recibieran la visita de una delegación de la CGT, y casi al mismo tiempo en que la central obrera anunciara la realización de un nuevo paro nacional, el próximo 9 de mayo, un grupo de legisladores nacionales del radicalismo fue recibido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para entregarle su proyecto de reforma laboral.

Así lo habían acordado la semana pasada durante una reunión que mantuvieron con Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, ocasión en la cual se resolvió que ellos se encargaran de redactar los artículos que pudieran sumarse a la ley de Bases que comenzará a debatirse la próxima semana.

Vale recordar que la reforma laboral propuesta por el Gobierno se incluyó en el decreto 70/23, y fue una de las partes frenadas en la justicia. Precisamente para que eso no sucediera, la UCR le propuso en su momento al oficialismo transformar ese mega decreto en varios proyectos de ley “espejo”. Así, la senadora Carolina Losada presentó un proyecto ene se sentido en la Cámara alta, y Martín Tetaz hizo lo propio en Diputados. Ahora van exclusivamente por la cuestión laboral.

Similitudes y diferencias con el mega DNU

De la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, participaron los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y, Pamela Verasay. También estuvieron presentes el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En declaraciones formuladas al periodismo a la salida, el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, señaló que a juicio del partido centenario, de todas las reformas previstas, la más  importante que necesita el país es la laboral. “Y que además se diseñó mal y estaba trunca” en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, planteó. Por eso recordó que “insistimos desde el minuto uno en que era la oportunidad este nuevo tratamiento de la ley Bases que se incorpore el texto en la misma”.

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