Las empresas de América Latina y el Caribe necesitan políticas que fomenten el crecimiento económico
Las cifras de capital productivo de las empresas de América Latina y el Caribe siguen siendo un 20% más bajos que antes de la pandemia, por lo cual, necesitarían “políticas que fomenten la inversión y el crecimiento”, determinó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las cifras de capital productivo de las empresas de América Latina y el Caribe siguen siendo un 20% más bajos que antes de la pandemia, por lo cual, necesitarían “políticas que fomenten la inversión y el crecimiento”, determinó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio explica que muchas empresas sobrevivieron a la crisis recortando la inversión, lo que produjo los puestos de trabajo y estancamiento económico del sector privado.
“Aunque es una buena noticia que relativamente pocas empresas grandes hayan fracasado, la caída de su capital productivo implica una cicatriz importante y amenaza el crecimiento económico de la región”, expresó el asesor principal del Departamento de Investigación del BID, Andrew Powell.
Asimismo, esta reducción “amenaza con limitar la recuperación económica de la región”, y son los gobiernos los que, “deberían impulsar la inversión y las contrataciones laborales”, destacó el documento realizado por el BID y el Center for Global Development(CGD).
Este recorte aumentó los niveles de endeudamiento de las pequeñas empresas, siendo las más “propensas a retrasarse en los pagos de la deuda”, agrega.
Por su parte, la directora de CGD, Liliana Rojas-Suarez afirmó que, “el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y la gran incertidumbre en los mercados internacionales, evidencia que las empresas tendrán dificultades para obtener el financiamiento necesario para la inversión”.
Además, durante la recuperación, la demanda de trabajadores formales disminuyó y el empleo informal aumentó afectando a los trabajadores, a las mujeres y los jóvenes.
Por último, el informe recomienda “estrategias” para que los Gobiernos incentiven la inversión y la recuperación económica de las empresas.
Entre ellas, destaca la creación de una nueva institución público-privada independiente y de carácter transitorio con el mandato de identificar y apoyar a las empresas que sufrieron durante la pandemia pero que aún son viables y necesitan inversiones.
También contempla la promoción de estrategias de digitalización en cada país, con un enfoque en políticas costo-efectivas y que fomenten el crecimiento, como la priorización de la inversión en infraestructura digital.
Finalmente, promueve políticas para impulsar e incubar empresas jóvenes y prometedoras y mejorar el acceso al capital de riesgo, tanto a través de las redes internacionales como de los mercados locales, y a la vez procedimientos legales más sencillos, transparentes y eficientes que permitan a las empresas reorganizarse o declararse en quiebra de forma más eficaz.
Una mayor flexibilidad de los tribunales, mejores marcos de insolvencia y un foro internacional de asistencia a las quiebras ayudarían a las empresas fracasadas a reformarse o a concluir sus actividades, resaltó el trabajo.