“El superávit fiscal no se negocia”. Esta frase se sigue escuchando hasta el hartazgo por parte del presidente Javier Milei y el gabinete nacional, en orden de argumentar el fuerte recorte del gasto público aplicado que llevó a una considerable caída de la actividad económica, licuación de haberes y paralización de la obra pública, entre otras tantas cosas. A priori, se trata de una decisión que en materia estrictamente económica es saludable: había que terminar con un Estado que históricamente gastó más de lo que ingresó, generando dependencia de deuda o de emisión, que produjo a su vez inflación y limitantes producto del peso del endeudamiento. 

Sin embargo, y como fue resaltado en numerosas ocasiones por especialistas de todos los espectros ideológicos, tener como norte el superávit fiscal sin medir consecuencias sociales trae problemas que pueden ser mucho más graves. Muchos de ellos ya se están observando: cierre de pymes, aumento de desempleo, disparada de pobreza, entre los más catastróficos. Se requiere, entonces, un equilibrio entre la política fiscal y la política económica: vincular las acciones macro con los impactos micro. Sostener un superávit pero no como un objetivo en sí mismo, sino como el determinante de política macroeconomía que permita impulsar la economía real para que puedan existir desarrollo y mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

En medio de estas discusiones sobre la importancia fundamental de los equilibrios fiscales, el presidente Milei repitió una y otra vez que las provincias deben “disciplinarse” fiscalmente. Para ello, acudió a dos herramientas: la discursiva, que se basó en instalar en la agenda pública que las provincias gastan mucho y mal; y la económica/política, que se basó en recortarles fondos. Su objetivo era que las provincias reduzcan el gasto y alcancen también superávits. En el fondo, Milei buscaba ganar la batalla cultural en este aspecto y, en términos generales, lo logró.

El ministerio de Economía de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), difundió estos días los datos de ejecución presupuestaria de la Administración Pública no financiera para las 24 jurisdicciones subnacionales que corresponden al primer trimestre del año. Estas planillas permiten deducir que, en general, las provincias fueron “buenas alumnas” de Milei. La enorme mayoría de los distritos sufrió una fuerte caída de sus ingresos producto de la recesión (que impactó en la recaudación) y de los recortes de envíos nacionales (por decisión política del presidente) pero a su vez, también la gran mayoría decidió ajustar el gasto público en altísima magnitud con el fin último de sostener el superávit fiscal. 

Incluso, en provincias gobernadas por los opositores acérrimos del Presidente, se aplicó la receta libertaria casi a la perfección: por caso, en Formosa la caída de los ingresos fue del 27% pero el gasto se redujo en 42%; en La Rioja cayeron los ingresos 27% pero el gasto lo hizo en 38%. En Santiago del Estero se vio quizás un hito histórico: el gasto se redujo en un 59% mientras los ingresos cayeron “solo” 26%. 

Esto les permitió a esos distritos finalizar el primer trimestre del año con superávits muy abultados: en Formosa fue equivalente al 20% de los ingresos totales del 7% y en Santiago del Estero del 43%. Para entender con mayor precisión, sobre todo en el caso santiagueño: la provincia se ahorró casi la mitad de los ingresos que tuvo en el período, a costa de reducir salarios públicos, brindar menos apoyo al sector privado, otorgar menos aportes a municipios y reduciendo de manera muy fuerte la inversión pública. 

Insfrán, Quintela y Zamora se convirtieron así en la réplica de Milei, en términos de administración presupuestaria, en sus distritos. No fueron los únicos, pero fueron los más resonantes. Rara la política argentina. 

En este contexto, Misiones dio la nota al ser una de las únicas dos provincias del país que finalizó el primer trimestre con déficit fiscal. La otra fue Entre Ríos. Naturalmente, la difusión del resultado fiscal le dio pie a dirigentes políticos opositores de la provincia para criticar ese dato, como deficiencia de la administración, entre otros adjetivos usados. Pero aquí surge un problema: calificar una gestión presupuestaria sólo en base al resultado fiscal es, como mínimo, incorrecto en términos técnicos, e incluso deshonesto si viene de alguien que entiende de política económica. 

¿Qué fue lo que pasó en Misiones y por qué cerró con déficit? Esta es la pregunta clave y según las conclusiones a las que se lleguen, se puede calificar de positivo o negativo. Vamos a los datos, de lo global a lo específico. 

Misiones sufrió lo mismo que sufrieron todas las provincias del país: una muy importante caída de los ingresos. Los ingresos totales misioneros se contrajeron 23,1% en términos reales. Dentro de estos se destaca que los ingresos por recursos tributarios de origen nacional cayeron 19,4% y los tributarios de origen provincial 14,8%. También cayeron los ingresos por contribuciones a la seguridad social (-39,3%). Todo esto, por el fuerte impacto de la recesión que afectó la recaudación y el empleo. Además, tuvo una caída del 54,8% en transferencias corrientes, resultante del ajuste presupuestario libertario. Más fuerte aún fue la caída de los ingresos de capital, que fue de -84,9%. Si comparamos la situación de los ingresos misioneros contra la región y el país, se observa que la caída del 23,1% de ingresos totales de la provincia fue mayor al consolidado de las 24 jurisdicciones (-16,9%) y algo menor al promedio NEA (-25,7%). En términos globales, la situación es altamente problemática: la provincia y la región perdieron un cuarto de sus recursos. 

Ahora vayamos al gasto, que es lo que está en discusión con mayor protagonismo. El Gasto total misionero se contrajo en 15,7%, mientras que el consolidado de las provincias lo redujo en 24,3% y el promedio NEA fue más fuerte: -31,0%. Es decir, el ajuste en el gasto misionero fue de la mitad que el promedio regional. Acá es donde salen algunos a clamar, con otras palabras menos decorosas, que la Provincia sigue gastando, que el gasto es político, y que no se ajustó lo suficiente. 

¿Fue así? Un radical y contundente no. Y expliquemos el por qué analizando punto por punto los componentes del gasto. Empecemos con los denominados Gastos Corrientes, que en términos generales corresponden al funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios. El Gasto corriente misionero se contrajo 23,7%, por encima de la media nacional (-20,3%) y levemente por debajo de la media regional (-25,9%). Hacia dentro de estos, se observan heterogeneidades. El gasto en personal cayó 39,1% en Misiones cuando el promedio regional fue de -31,3%. Esta situación tomará un cambio distinto al segundo trimestre, dadas las importantes recomposiciones salariales que realizó la Provincia entre abril y mayo. 

El gasto en intereses de la deuda pública cayó 59,2% en Misiones cuando a nivel regional fue de +0,5% y -3,1% para el consolidado de las provincias. Esto es un dato altamente relevante, porque significa que la deuda pública pesó mucho menos en el gasto misionero. Respecto a las transferencias, las realizadas al sector privado cayeron en Misiones solo un 0,3% cuando fue -27,3% la media nacional y -12,1% la regional. Esto significa que se continuó el apoyo al sector privado en mayor grado. 

A su vez, las transferencias al sector público cayeron -0,2% en Misiones contra -12,3% la media nacional y -15,1% la media regional. Esto impacta sobre todo en municipios, que vieron en Misiones un menor impacto del ajuste del gasto. 

Hasta acá vemos que la caída del gasto se observa en todos los componentes tanto para Misiones como para la región y el resto de las provincias, con diferentes niveles. Pero el verdadero diferencial que explica la razón de los diferentes resultados fiscales está en el Gasto de Capital, es decir, en aquel que impulsa proyectos de inversión, infraestructura, etc. 

En Misiones el gasto de capital creció 71,2%, un resultado muy distinto al que se vio para el consolidado de provincias (-55,3%) y para el promedio regional (-55,6%). Dicho en otras palabras, mientras que el resto de las provincias, en promedio, bajó a la mitad su gasto de capital, Misiones lo incrementó casi al doble. Dentro del Gasto de Capital, lo que más movilizó la suba para la provincia fue la Inversión Real Directa que se expandió 116% cuando cayó por encima de 50% en el NEA y en el consolidado de provincias. Justamente, la Inversión Real Directa es el componente central de la inversión pública local que abarca aspectos como construcción, maquinarias y equipos, equipamientos, etc. 

Esto es lo más importante para analizar y para destacar: en un contexto altamente recesivo que incluye freno de obra pública nacional, el gobierno misionero aplicó una verdadera política contracíclica, inyectando fondos para el desarrollo de capital. 

Al comparar este resultado en el escenario nacional, se observa aún más la diferencia respecto a las demás provincias: de las 24 jurisdicciones subnacionales, solamente dos tuvieron subas del gasto de capital. Una fue Misiones, la otra fue Mendoza con +26%, una suba que fue un tercio de lo que fue la suba misionera. En el resto, no solo cayó el gasto de capital, sino que se desplomó: en Chaco cayó 86%, en La Rioja -73%, en Salta -79%, en Santa Cruz -96%, en Tucumán -83%, entre otros. 

Pero todavía más relevante es observar específicamente lo que pasó con la Inversión Real Directa: en este punto, Misiones es la única provincia del país con subas, ya que en el caso de Mendoza (la otra con subas del gasto de capital) el incremento se explica por la inversión financiera, es decir, colocación de plazos fijos, concesión de préstamos, compra de acciones, etc. También la diferencia con otras provincias del país es relevante: mientras la Inversión Real Directa se duplicó en Misiones, en Chaco cayó 91%, en Corrientes -57%, en Formosa -65%, en San Luis -92%, entre otras. 

Si agrupamos todos los componentes de los ingresos y de los gastos para el caso misionero, la conclusión es contundente: el déficit (que no es muy abultado ya que equivale solo al 2,1% de los ingresos totales) se explica central y exclusivamente por el incremento en el gasto de capital, movilizado por la inversión real directa. Esto evidencia que, detrás de esa decisión, existe un fuerte criterio político: la mayoría de los gobiernos provinciales tomaron la decisión de ajustar el desarrollo de inversión pública en pos de sostener superávits, pero en Misiones la decisión fue inversa ya que decidió resignar superávit para movilizar la economía en un contexto de recesión. Aquí está la gran diferencia: el equilibrio fiscal por el equilibrio en sí mismo (que aplicaron la mayoría de las provincias) o la decisión de revertir un ciclo económico recesivo vía inyección de fondos públicos. 

Esta decisión tomada por el gobierno provincial se verifica de manera aún más contundente si hacemos una simulación: si Misiones hubiera decido gastar la mitad de lo que gastó en la inversión real directa, hubiese tenido igualmente una suba del 4,8% en el gasto de capital (resultado mejor que otras 22 provincias) pero hubiera registrado un superávit financiero por casi $ 20 mil millones, equivalente al 5% de sus ingresos. Es decir, el superávit estaba al alcance de la mano, pero el contexto requería otras medidas: ir contra el ciclo recesivo de la mano de un Estado activo. Básicamente lo que se le pide al gobierno nacional, pero que no lo hace.

Decíamos antes que además de Misiones, solamente Entre Ríos había terminado el primer trimestre con déficit. Pese a compartir el resultado, no hay otro punto de similitud entre ambas provincias en términos de ejecución presupuestaria. Si bien ambas provincias mostraron una caída de ingresos parecida (-23,1% Misiones y -23,5% Entre Ríos), el déficit entrerriano se dio aún con una fuerte caída del gasto de capital (-72%). Lo que impulsó mayormente el déficit de esa provincia fue la deuda pública, que explicó el 3,6% de los ingresos entrerrianos contra el 0,3% en Misiones. 

Esto vuelve a confirmar lo que se mencionó antes: el déficit misionero se dio por la decisión política del gobierno provincial de expandir la inversión para contrarrestar los impactos de la recesión. No hubo acá nada de deficiencia, de gasto política ni de “degenerados fiscales”. Hubo la decisión de aplacar efectos de recesión vía inversión pública. 

En esta misma línea se puede destacar otros aspectos. Si se analiza el gasto por finalidad y función, vemos que los Servicios de Seguridad cayeron en Misiones 38%, pero lo hizo en -49% la media regional del NEA. El gasto en Servicios Sociales, por su parte, se contrajo 17% en Misiones pero -31% en la región. Dentro de estos, en Salud fue -9% en Misiones pero -29% en NEA; en Promoción y Asistencia Social -1% en Misiones pero -45% en NEA; en Ciencia y Técnica -7% Misiones y -58% en NEA; en Vivienda y Urbanismo, Misiones incrementó en 92% pero la media del NEA fue de -28%, algo parecido a lo que se ve en Agua Potable y Alcantarillado: +68% la provincia y -31% la región. Por último, en lo referido a los Servicios Económicos, crecieron en Misiones 17% pero cayeron en el NEA 46%. 

Como conclusión, se puede afirmar efectivamente que Misiones se ajustó, pero no tanto como lo exige en paradigma libertario. Misiones no terminó con superávit no por ser ineficiente, sino por priorizar un camino que permita recuperarse de manera más rápida y sostenible. Misiones no le hizo caso a Milei, a diferencia de otras administraciones provinciales que cacarearon mucho pero no dudaron un segundo en aplicar, en sus distritos, un ajuste aún más fuerte que el nacional.  

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