Mediante tres decretos el Gobierno impuso cambios y límites en la gestión de los recursos de las universidades.

Javier Milei intenta cerrar al conflicto con las universidades y emitió tres decretos para poner límites a las contrataciones y dejar bajo la lupa del Estado nacional el uso de los recursos. Se espera la reacción de la UBA, que recientemente tuvo un fallo a favor en la Justicia que rechazó la auditoría de la Sigen.Tres decretos y un cuarto en camino

El Gobierno publicó este viernes (13/12) tres decretos -uno de Necesidad y Urgencia y habría un cuarto- por los cuales la facturación de bienes y servicios de las Universidades ahora deberá realizarse mediante plataformas que dependen directamente del Poder Ejecutivo, con lo cual quedarán su mirada.

Se trata de COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF).

La reforma del sistema de gestión económica y financiera de las universidades abarca la prohibición a las casas de estudios de realizar convenios y acuerdos directos, sin licitación de precios.

También se limitan los “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas que no tenían control del Estado.Universidades: Autonomía con controles

“Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad”, argumentó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

Por su parte, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger aclaró en Radio Mitre que hay tres tipos de gasto: “los de funcionamiento, el sueldo de los docentes, que el Gobierno ya les ha puesto con el máximo crecimiento de la Administración pública y el rubro de ‘otros’, que serían los contratos de la política y que se mezclan con los salarios”.

“Massa congeló el funcionamiento, pero no los otros, que es la plata de la política”, recordó el ministro y agregó que “Javier (Milei) recompuso el funcionamiento a los profesores universitarios, pero dijo que iba a auditar los otros”.

“Ese gasto tiene que ser auditado. La autonomía de las universidades se respeta a rajatabla, pero son parte del sector público y están sujetas a las reglas de funcionamiento. El sistema de pago va a tener que ser un sistema transparente y queremos que sea el sistema de liquidación de sueldos que usa toda la Administración Públilca Nacional”, afirmó.

Por último, Sturzenegger afirmó que desde el Gobierno “queremos saber cómo contratan”. “Tienen que seguir los procedimientos y los requisitos de contratación y transparencia del Sector Público. Cuando el gasto se transparenta y cuando las cajas de la política se transparentan van a aparecer más recursos para lo que verdaderamente deben hacer las universidades, que es enseñar”, concluyó.Tres ministerios

Los decretos de control de los fondos universitarios fueron emitidos por los ministerios de Capital Humano; de Economía y el de Desregulación y Transformación del Estado.

Bajo los números 1091/2024, 1092/2024 y 1093/024 los decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña indicó que se pone a los gastos “en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente”.

En cuanto a la reacción de las universidades ante estos cambios, en la Administración Milei creen que no habría oposición excepto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que recientemente logró un fallo judicial a favor de rechazar las auditorias de la Sigen que impulsaba el Gobierno.

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