Aluden al atraso de más de tres años de la licitación por la señalización y dragado de la ruta y definiciones sobre el pago del peaje.

Los países usuarios de la Hidrovía Paraguay – Paraná le solicitaron al gobierno argentino definiciones urgentes acerca de la gestión de la señalización y dragado del canal que lleva tres años esperando que Argentina avance con los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Además volvieron a poner sobre la mesa la discusión del peaje que Argentina implementó de manera unilateral y del cual aceptaron pagar el 70% provisoriamente hasta discutir un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”, “algo que actualmente no ocurre”.

Por último, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay,  manifestó la voluntad de acercar una propuesta que permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real a través de una plataforma digital, lo que facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fé y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay (Confluencia).

La expectativa de la CPTCP es poder alcanzar acuerdos con las autoridades argentinas para la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios reales de seguridad, eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial, generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema.

Desde la CPTCP, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra”, sostuvieron en el comunicado que están dispuestos a brindar “toda la información técnica necesaria para contribuir a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

Un conflicto que cumple 3 años

El comunicado de la CPTCP hace un devenir del conflicto que cumple en este mes tres años. La administración de un recurso estratégico como este, “fue descuidada durante la presidencia de Alberto Fernández”, según lo definido por el organismo, mientras que debería haberse transformado en una prioridad en el ámbito de un gobierno que declama eficiencia en la gestión pública.

En julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Pero Han transcurrido tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente.

La indefinición sobre una cuestión tan significativa, estableciendo como válida una medida provisoria determinada por el gobierno anterior, incrementan la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes.

Otra cuestión pendiente de resolución es el conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de que en 2023 Argentina procediese a implementar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia” de la Hidrovía.

Los usuarios del canal de comunicación, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”, algo que actualmente no ocurre.

Y como prueba de su intención de colaborar en el proceso que debe seguir el estado argentino, los usuarios han propuesto pagar hasta el 70% de los fondos presentados como costos por Argentina siguiendo un mecanismo de pago a prueba de errores, sin que este pago signifique una aceptación de las obras realizadas como un servicio eficiente, sino como un acuerdo provisorio hasta que se determine un servicio a prestar con eficiencia y transparencia. Una propuesta que debería refrendarse en el seno del CIH para quedar aceptada.

En el medio, hubo idas y vueltas una gestión de Sergio Massa también actuando como ministro de Economía con un fuerte cruce dialéctico con el presidente de Paraguay, el que aseguró que al ex candidato presidencia, no  le compraría un auto usado. 

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