El Gobierno actualiza la Nomenclatura Común del Mercosur: cambios en aranceles para bienes de capital, consumo y telecomunicaciones

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, a través del Decreto 513/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, una actualización en los anexos del Decreto 557/2023 que regula la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). La medida redefine las listas de excepciones, bienes de capital con aranceles diferenciales y productos sujetos a incrementos transitorios, con el objetivo de equilibrar la protección a la industria nacional, mejorar la competitividad y garantizar precios más accesibles para los consumidores.

Cambios clave en las listas arancelarias

El decreto sustituye los anexos II, III y V del Decreto 557/2023:

• Anexo II: actualiza la Lista Nacional de Excepciones al AEC, que incluye productos con aranceles reducidos, entre ellos insumos químicos, plásticos, textiles, autopartes y componentes industriales estratégicos.
• Anexo III: redefine los bienes de capital con arancel diferencial, incorporando maquinarias e insumos vinculados a procesos productivos.
• Anexo V: amplía y ajusta la lista de alícuotas sujetas a incremento arancelario transitorio, que alcanza a productos como alimentos, bebidas, cosméticos, artículos electrónicos, electrodomésticos, muebles, juguetes y ciertos medicamentos.

Objetivos de la medida

Según los fundamentos del decreto, los cambios responden a los objetivos previstos en el artículo 664 del Código Aduanero, entre ellos:

• Proteger y promover las actividades nacionales productivas.
• Estabilizar precios internos y mantener una oferta adecuada para el mercado local.

Además, el Gobierno busca alinear los niveles de protección con los incentivos a la producción, en el marco de los compromisos asumidos en el Mercosur (Decisiones 58/10 y 8/21 del Consejo del Mercado Común), que permiten a la Argentina aplicar aranceles distintos al AEC —incluso del 0%— para ciertos bienes de capital e informática y telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

Seguridad jurídica y plazos

El decreto establece que las mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias 2934.99.22 y 8450.20.20 conservarán el tratamiento vigente si al momento de la entrada en vigor ya estaban expedidas al país o en zona primaria aduanera. Los importadores tendrán un plazo de 60 días para registrar las solicitudes de importación ante la Aduana.

La actualización arancelaria busca fortalecer la industria nacional sin descuidar el acceso a insumos estratégicos y bienes de consumo. En paralelo, genera un marco más previsible para importadores y exportadores, reforzando la seguridad jurídica en el comercio exterior.

La medida también puede tener efectos mixtos en los precios: mientras la reducción de alícuotas en bienes de capital y tecnología abarata costos de producción, el aumento transitorio en productos finales busca proteger sectores sensibles y fomentar el desarrollo local.