El Gobierno de Misiones dispuso una actualización integral de los cargos mínimos del Impuesto Inmobiliario y elevó de $1.000.000 a $1.500.000 el monto máximo de impuesto determinado que habilita el acceso a bonificaciones por pago en término y pago contado. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 1427, firmada el 26 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, y tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, con aplicación al Impuesto Inmobiliario devengado desde el período fiscal 2026 inclusive.

La decisión impacta de manera directa sobre inmuebles urbanos, suburbanos y rurales en toda la provincia y se inscribe en una estrategia de actualización normativa y fortalecimiento de la conducta tributaria, en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley VII – N° 107.

Nuevos cargos mínimos según tipo de inmueble y ubicación

La Resolución N° 1427 modifica el Artículo 3° de la Ley XXII – N° 25 (Ley de Alícuotas), fijando nuevos cargos mínimos del Impuesto Inmobiliario conforme a lo previsto en el Artículo 133° del Código Fiscal (Ley XXII – N° 35).

Para los inmuebles urbanos, se establecen tres escalas diferenciadas. En el caso del Municipio de Posadas, Sección Catastral N° 1, el cargo mínimo se fijó en $93.000. Para Posadas en las secciones catastrales N° 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, y para sectores específicos de los municipios de Apóstoles, Eldorado, Oberá, Puerto Rico, Iguazú y Leandro N. Alem, el mínimo será de $66.000. En el resto de los municipios y secciones catastrales no comprendidas en los grupos anteriores, el cargo mínimo urbano quedó establecido en $33.000.

En cuanto a los inmuebles suburbanos, el cargo mínimo se fijó en $33.000, mientras que para los inmuebles rurales se estableció una diferenciación por zonas agroeconómicas. Las zonas N° 1, 2 y 10 tendrán un mínimo de $63.000; las zonas N° 6, 12, 16 y 17, $40.500; y las zonas N° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15, un cargo mínimo de $51.000.

Bonificaciones: sube el umbral para acceder a descuentos

Otro punto central de la resolución es la actualización del límite para acceder a las bonificaciones previstas en los Artículos 6° y 7° de la Ley XXII – N° 25. Hasta ahora, los beneficios quedaban excluidos para los contribuyentes cuya sumatoria del Impuesto Inmobiliario determinado superara $1.000.000 en el ejercicio inmediato anterior.

Con la nueva normativa, ese umbral se eleva a $1.500.000, tanto para la bonificación del 10% por pago contado del total del impuesto dentro del plazo de la primera cuota anual, como para la bonificación del 5% por pago en término de cada cuota. De este modo, un mayor universo de contribuyentes podrá acceder a los incentivos fiscales, siempre que se mantenga por debajo del nuevo tope establecido.

Fundamentos fiscales y alcance institucional

En los considerandos, el Ministerio de Hacienda fundamentó la medida en la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia en la administración tributaria, promoviendo el cumplimiento voluntario y espontáneo de las obligaciones fiscales. La actualización de cargos mínimos y de los montos de referencia para bonificaciones responde, además, a la evolución de los valores fiscales y a la necesidad de preservar la consistencia del sistema impositivo provincial.

La resolución faculta expresamente a la Dirección General de Rentas a dictar los actos administrativos necesarios para su implementación y operatividad. En términos institucionales, la norma consolida el uso de las atribuciones delegadas por la Legislatura al Poder Ejecutivo para adecuar tributos, alícuotas y regímenes de incentivos, en línea con la normativa vigente.

Impacto esperado

La actualización tendrá impacto directo en la liquidación del Impuesto Inmobiliario 2026, tanto en áreas urbanas de mayor valuación como en zonas rurales, donde la segmentación por regiones agroeconómicas introduce diferencias relevantes. Al mismo tiempo, la suba del tope para acceder a bonificaciones busca amortiguar el impacto del aumento de los cargos mínimos, incentivando el pago en término y de contado.

Desde el punto de vista fiscal, la medida apunta a sostener la recaudación provincial sin resignar herramientas de estímulo al cumplimiento, en un contexto donde la previsibilidad tributaria resulta clave para propietarios urbanos, productores rurales y el conjunto de los contribuyentes misioneros.