Por Indermit Gill / Banco Mundial – Es un dato estadístico impactante: en todo el mundo, hoy en día, más del 95 % de las mujeres vive en una economía que no brinda plena igualdad legal, y ninguna economía del mundo ha garantizado los derechos legales necesarios para la plena participación económica de las mujeres. Incluso en las economías que han modernizado su legislación, las mujeres aún enfrentan limitaciones referidas al tipo de trabajo que pueden realizar, los negocios que pueden poner en marcha y la seguridad que necesitan para buscar oportunidades. 

La brecha se hace más grande cuanto más de cerca se observa. Según las leyes vigentes, las economías obtienen un promedio de 67 puntos sobre 100 en el índice La Mujer, la Empresa y el Derecho elaborado por el Banco Mundial, que mide las leyes que apoyan la igualdad económica de las mujeres. Esto significa que las mujeres gozan de apenas dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Pero si se analiza el cumplimiento efectivo de las leyes, el puntaje promedio baja a 53. Y cuando se evalúan los sistemas necesarios para ejercer esos derechos, la calificación es de solo 47.

Las consecuencias van mucho más allá de la equidad. En un momento en que el crecimiento mundial es lento y las presiones demográficas se intensifican, dejar a las mujeres al margen de la economía no es simplemente injusto: es contraproducente. Un enorme conjunto de investigaciones indica que cuando las mujeres trabajan, lideran e innovan, las economías se vuelven más productivas, las empresas funcionan mejor y las sociedades se vuelven más resilientes. La inclusión de género fortalece los mercados laborales, impulsa la productividad y promueve el dinamismo económico. En algunas partes del mundo, como Asia meridional, esta puede ser la mejor estrategia para aumentar el potencial de crecimiento de la economía.

Sin embargo, las regiones que más necesitan las contribuciones de las mujeres —Oriente Medio y Norte de África, Asia meridional y África subsahariana— siguen manteniendo los obstáculos legales más restrictivos a la plena participación económica de las mujeres. Estas son también las regiones donde las poblaciones jóvenes se expanden con mayor rapidez. Si no se implementan reformas urgentes, millones de mujeres jóvenes seguirán excluidas de la fuerza laboral justo en el momento en que sus economías más necesitan su talento. El costo de oportunidad que representa la inacción es alarmante.

Son varios los obstáculos que impiden sistemáticamente la plena participación de las mujeres en la vida económica. La seguridad es uno de ellos. Cuando las medidas de protección contra la violencia son escasas o no se aplican adecuadamente, las mujeres no pueden trabajar, viajar con libertad ni participar de manera plena en la vida pública. El cuidado infantil es otro obstáculo. En los países de ingreso bajo, se ha establecido apenas el 1 % de los marcos esenciales de apoyo al cuidado infantil. Sin servicios de cuidado infantil confiables y asequibles, las madres enfrentan dilemas imposibles: reducir las horas de trabajo, rechazar oportunidades o abandonar por completo la fuerza laboral.

Los emprendimientos deberían ser una vía hacia la independencia económica y la innovación. No obstante, las mujeres siguen encontrando barreras significativas para acceder al crédito y los mercados y para ejercer sus derechos económicos. Aunque la capacidad legal para poner en marcha un negocio es casi universal, solo alrededor de la mitad de las economías del mundo garantiza un acceso equitativo al financiamiento. Sin capital, las empresas dirigidas por mujeres no pueden crecer ni crear empleos. No pueden innovar. No pueden contribuir plenamente al desarrollo económico.

Sin lugar a dudas, se estánproduciendo avances y, en algunos lugares, incluso se están acelerando. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 68 economías promulgaron 113 reformas para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Los Gobiernos reforzaron la protección contra la violencia, ampliaron las licencias parentales, elevaron los estándares referidos al cuidado infantil, garantizaron la igualdad salarial y eliminaron las restricciones al empleo de las mujeres. Países como la República Árabe de Egipto, Jordania, Madagascar, Omán y Somalia lograron avances notables hacia la derogación de las leyes discriminatorias. Estas reformas muestran que el cambio es posible cuando la voluntad política coincide con la necesidad económica.

Sin embargo, en general los avances siguen siendo terriblemente lentos y dispares. Si los responsables de formular políticas realmente pretenden impulsar el crecimiento, deben completar sin demora las reformas legales inconclusas y eliminar las disposiciones discriminatorias que aún perduran en la legislación. Luego deben hacer cumplir estas leyes y regulaciones, de modo que los derechos otorgados por la ley se traduzcan en protección y oportunidades en la vida real. Y quizás lo más importante es que deben fortalecer los arreglos institucionales —sistemas judiciales, órganos reguladores y servicios de cuidado infantil— que permiten a las mujeres ejercer sus derechos plenamente y sin dificultades.

Ninguna economía puede darse el lujo de desaprovechar la mitad de su potencial. Y ninguna mujer joven que quiera trabajar o dirigir un negocio debería ver comprometido su futuro por leyes o instituciones obsoletas que no defienden sus derechos.

Indermit Gill Economista en jefe del Grupo Banco Mundial y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo