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Barcesat: La causa contra CFK configura un “golpe de estado preventivo”

Ante el pedido del fiscal federal Diego Luciani -12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos – quien acusa a la vicepresidenta de ser  “jefa de la asociación ilícita” y haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, señaló, en diálogo con Open 101.7, que el proceso al que está siendo sometida la ex presidenta busca un “golpe de estado preventivo”.

“Quiero darle el marco de legitimación, para la movilización, porque una de las más ceñidas incorporaciones de la reforma constitucional del año 1994, fue la de su artículo 36, deber y supremacía a la Constitución Nacional, que condena los golpes de estado, que no son sólo los golpes de estado clásicos militares, sino también cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados en sus incumbencias constitucionales, para abordar el de los otros poderes, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida”, advirtió Barcesat.

Es que, según el abogado constitucionalista, el Poder Judicial se ha convertido en un “poder supraconstitucional”, algo que va más allá del alegato que fue de público conocimiento ayer, sino también en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que, considera, ha “invadido las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, de manera que esto es una pieza más de esa destrucción del deber de obediencia a la supremacía de la constitución”.

Argumentó que el fiscal “tiene sus objetivos bien claros”, impedirle a Cristina ser candidata a cargo alguno en el 2023.

“Está esto claramente dicho, tal vez no con las mismas palabras, pero con la misma finalidad, en la exposición del embajador en el Consejo de las Américas, donde habla de las grandes posibilidades argentinas y la necesidad de contar con una coalición que represente esas riquezas y recursos, para que puedan apropiarse del litio, del sílice, del tungsteno, para que puedan quedarse con Vacamuerta. Este es el objetivo final del golpe de estado preventivo y creo que debemos reaccionar frente a esto, calificándolo como un acto de violencia institucional, que es la expresión que tiene el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

Respecto al proceso, señala que es previsible que haya una condena y que, ya sea de mayo o menor grado, la Justicia buscará condenarla y prescribirla políticamente. “En este supuesto, entiendo que el Presidente de la Nación, en coherencia con las manifestaciones descalificantes que ha hecho respecto a este proceso judiciario y que son técnicamente irrebatibles, dicte un indulto presidencial conforme a la facultad que establece el artículo 99, inciso quinto de nuestra Constitución”.

En cuanto al rechazo al pedido de ampliación de indagatoria por parte de Cristina Kirchner, asegura que se trata de una aberración jurídica, porque el imputado siempre tiene la posibilidad de dirigirse al tribunal. “Parte del derecho de defensa y del principio, sabiamente contenido, en la cláusula artículo 19 de la Constitución, cláusula del texto histórico, establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privar de lo que ella nos priva”.

“En este caso le han privado a la ex presidenta y hoy vicepresidenta, del ejercicio de la cláusula más rigurosa en su lógica, que es la del artículo 19 de la CN, llamado también principio de no exigibilidad de otra conducta. Si la ley lo concede, el tribunal no puede negarlo y por eso digo que la Justicia se ha convertido, esa pata podrida, en un poder supraconstitucional y por lo tanto un golpismo larvado que no podemos estar silenciados”.

Por último, aseguró que es necesario avanzar con una reforma judicial que empiece con la modificación de la conformación de la Corte Suprema de la Nación. “Yo apoyo y lo he expresado así en el Senado de la Nación, el proyecto de los gobernadores, de llevar a 25 miembros, para que tengamos una Corte Suprema que satisfaga los tres requisitos del artículo 1 de la CN, de que el gobierno adopta la forma representativa, republicana y federal. En las actuales circunstancias, tenemos una justicia federal, pero no es ni representativa, ni republicana, así que la reforma judicial debe comenzar por la integración de la cabeza del poder judicial de la nación y recuperar la credibilidad del Poder Judicial, el buen funcionamiento del consejo de la magistratura y después habrá otros avances”, finalizó.

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