Petróleo en Malvinas: el Tribunal del Mar fijó para noviembre las audiencias por el reclamo argentino
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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales por el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. La instancia judicial deberá evaluar si el organismo tiene competencia inicial para intervenir, si existe una situación de urgencia que justifique adoptar medidas y si las solicitudes argentinas resultan proporcionales.
La presentación fue formalizada el 13 de octubre por el Gobierno de Javier Milei, luego de que Londres mantuviera su posición respecto del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. Las audiencias serán públicas y, según la información difundida sobre el procedimiento, podrán seguirse en directo a través de los canales oficiales del tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania.
El caso abre una nueva instancia jurídica y diplomática en torno a la soberanía sobre las islas y los derechos vinculados con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión inmediata no supone todavía una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia: el tribunal deberá determinar si corresponde dictar medidas provisionales mientras avanza el procedimiento arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El pedido argentino se encuadra en el artículo 290, párrafo 5, de la Convemar, que contempla la adopción de medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. La convocatoria a las audiencias no implica que el ITLOS haya ordenado suspender las actividades petroleras: esa decisión dependerá de la evaluación de los argumentos y de los requisitos jurídicos aplicables.
Qué medidas solicita la Argentina
La presentación argentina solicita que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa mientras se tramita el arbitraje. También pide que se evite utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos que reivindica el país, que se respeten las obligaciones ambientales pertinentes y que no se otorguen nuevas autorizaciones capaces de agravar la controversia.
El procedimiento se inició después de que el Gobierno argentino impulsara, el 28 de septiembre, un arbitraje conforme al Anexo VII de la Convemar y comunicara formalmente su decisión a Londres. Tras vencer el plazo diplomático otorgado para que se frenaran las actividades, la Cancillería presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre.
La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas unilaterales afectan los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental y sus recursos naturales. El Reino Unido, por su parte, respalda el desarrollo petrolero y rechaza los cuestionamientos argentinos. La existencia de estas posiciones contrapuestas será parte del contexto jurídico en el que se evaluará la solicitud, sin que la audiencia implique una resolución definitiva sobre la soberanía de las islas.
Sea Lion: inversiones y perspectivas de producción para 2028
El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65% de la iniciativa, y Rockhopper Exploration, compañía británica titular del 35% restante. Las firmas avanzaron con la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028, según los datos incluidos en los antecedentes del caso.
El desarrollo de este yacimiento agrega una dimensión económica a la disputa diplomática y jurídica. La explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur involucra inversiones de largo plazo, expectativas de producción y exportación, licencias y cuestiones ambientales, además de la controversia sobre los derechos de explotación en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
La resolución que adopte el Tribunal del Mar sobre las medidas provisionales determinará si corresponde establecer restricciones temporales mientras se constituye el tribunal arbitral. No resolverá por sí misma el fondo de la disputa ni definirá la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre constituirán, por lo tanto, una instancia relevante para conocer los argumentos de las partes y el alcance de la intervención judicial internacional. El proceso permitirá seguir la evolución de una controversia en la que convergen política exterior, derecho marítimo, recursos energéticos y protección ambiental.
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