La fotografía que ilustra esta columna fue tomada por José Luis Tulumaris y es una metáfora de la Argentina de las últimas horas. Instituciones valladas, policías tratando de contener las manifestaciones y un villano haciendo de las suyas ante los ojos del mundo. 

El paro convocado por la CGT y la enorme movilización en todo el país mostraron el nivel de descontento acumulado en el primer tramo de la gestión del presidente Javier Milei, que profundizó la crisis y la pérdida de poder adquisitivo atando todo a una serie de reformas sin ninguna medida -ni una sola- direccionada a mitigar el impacto en el bolsillo. La Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella lanzó un nuevo informe sobre la gestión Milei y reveló que el índice de Confianza en el Gobierno por parte de la sociedad bajó un 8,7% respecto a diciembre.

La contundencia de la protesta excedió los límites de una convocatoria sindical. Los intentos por minimizar sus efectos fueron vanos. La primera consecuencia fue el retiro del capítulo fiscal de la ley Ómnibus, que el Gobierno defiende como único plan, ante la imposibilidad de contar con los votos para validarla. 

En el medio pasó de todo. Un dictamen de mayoría conseguido con los números justos, un texto cambiado fuera del Congreso en una maniobra que es mucho más que una desprolijidad y que se parece mucho al escándalo de la Banelco de la primera alianza allá por 2000. Ambos momentos tienen un hilo conductor: Federico Sturzenegger le puso su firma al megacanje que marcó el epílogo del gobierno de De la Rúa y ahora es el redactor de la mega ley que quiere cambiar de un plumazo todo el andamiaje jurídico, económico, político y social de la Argentina. 

Todas las reformas atacan a leyes que se lograron en base a discusiones públicas en las que participó la sociedad civil. Este cambio impuesto, rompe con todas las formas: no hubo evaluación ni consultas a los sectores, que se enteraron de estaban alcanzados al leer un proyecto que no se sabe a ciencia cierta por quien fue redactado. Aprobar el paquete promueve la inseguridad jurídica, ya que vastos sectores buscarán lo antes posible su reivindicación. ¿Quién invertirá en un país sin reglas sólidas?

Gobernar no es imponer. Gestionar es mucho más que ordenar. Y nadie debe estar por encima de la ley. Pero la gestión de Milei ya suma varios capítulos de “desprolijidades”. Un informe oficial reveló que no existieron dictámenes e informes previos al dictado del DNU, tal como está previsto en la ley, lo que podría implicar su nulidad. También que Sturzenegger no es funcionario, por lo que tenía prohibido intervenir en su redacción. El ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no sólo diseñó el DNU sino también los cambios introducidos en el dictamen fuera de las oficinas del Congreso. 

Según trascendió, en una reunión en una oficina de Recoleta, Miguel Pichetto, el diputado que más hizo por la aprobación de la ley, estalló de furia contra Sturzenegger, quien no tiene ningún cargo oficial en el gobierno a pesar de su momento estelar cuando Milei anunció el decretazo. Pichetto exigió que se retirara del lugar y comenzó a referirse al economista como “este tarado”. “Si está este tarado acá, yo me voy. Este tarado destruyó el país, nos metió en un caos institucional con el DNU“, les dijo a los otros diputados y negociadores. Consciente de que no era bienvenido en la reunión, Sturzenegger tuvo que partir.

No es menor que el dictamen por el oficialismo tenga apenas 21 firmas a favor, mientras que el resto de los diputados marcó su disidencia, como el bloque misionerista, que cumple la premisa de dar gobernabilidad, sin resignar posiciones ni avalar libros cerrados. 

Solo 21 convencidos de 257 diputados, muestra el “consenso” que no supo construir el Gobierno, que es el encargado de conseguir los votos para aprobar su ley madre, para la que parece no tener plan B. Sin embargo, el propio Presidente se dedicó a dinamitar posibles acuerdos en defensa de su resistido plan.  “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, amenazó Milei a los gobernadores, según reveló el diario Clarín. La nota provocó la primera eyección en la primera línea del Gobierno, con el despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. No hubo desmentidas. 

A la promesa de Milei se sumó después el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aclaró que el recorte masivo a las provincias “no es una amenaza“, sino “la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”. Caputo no fue votado por nadie. Y pertenece al espacio que en las elecciones generales salió tercero. Lejos de la mayoría. Pero aún si formara parte de una “mayoría”, el plan de Gobierno no es un simple cambio de modelo económico, sino que arrasa con derechos conquistados y leyes largamente trabajadas con la participación de diversos sectores. El plan de ajuste destruye por igual normativas ambientales como la red de contención cultural en pos de un libre mercado que sólo favorece a los sectores más concentrados de la economía. Baja impuestos a los más ricos al mismo tiempo que reimplanta el impuesto a las Ganancias y sube impuestos a los exportadores. 

Por eso no debe sorprender la reacción política y social. No es de la oposición, sino que la resistencia la supera, impulsada incluso por sectores que posiblemente hayan votado por Milei.

La eliminación del capítulo fiscal de la ley Ómnibus es un poco de sensatez en medio de tanto desatino. Pero es apenas una mínima porción de un proyecto que tiene un artículo clave: las facultades delegadas, un cheque en blanco con el que Milei puede hacer lo que quiera por uno o más años -el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago admitió que Milei pedirá a cambio del capítulo económico, facultades delegadas por dos años prorrogables por otros dos- y que sepulta la idea de una república y determina el cierre del Congreso. 

El dictamen “que quedó” incluye enormes cambios. Elimina el financiamiento público de los partidos políticos, incluyendo todo aporte para boletas y espacio en medios audiovisuales, no pone límite al gasto en campaña y multiplica por diez el máximo de aportes privados por persona. 

Mantiene la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen de la protesta.

En el ámbito educativo, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente. También permanece la iniciativa para transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional -la plata de los jubilados-, todo lo referido con bioeconomía, la ley de pesca (con las modificaciones que se hicieron a la hora del dictamen) y las modificaciones para la legislación de los hidrocarburos. Desaparece el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

No es por falta de voluntad de la oposición que el Gobierno no avanza. El PRO y el radicalismo están decididos a darle todas las herramientas, incluso las facultades delegadas -raro caso el de los diputados de la UCR que en las provincias cuestionan esas herramientas pero las aceptan, dóciles, en la Nación-. 

Pero nadie está dispuesto a votar alegremente una licuación de jubilaciones, ajuste de salarios, privatizaciones y apertura de importaciones. Esos votos se castigan después en los territorios. 

En contraste, la oposición ofreció alternativas para conseguir recursos sin que el ajuste sea tan brutal. Revisar exenciones impositivas que van desde Bienes Personales hasta el IVA que recae sobre los honorarios de directores de sociedades, impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial y exenciones de Bienes Personales sobre depósitos de entidades financieras. Entre todos, suman casi 2,5% del PBI, cerca de la mitad de lo que el Gobierno pretende ajustar. Pero Caputo ni quiso oir hablar del tema. ¿Será porque lo había propuesto Sergio Massa en su campaña?

Dos opciones: es nula la capacidad negociadora del Gobierno o, en última instancia, se pretende tener, en el rechazo opositor, un chivo expiatorio al eventual fracaso del plan económico. Si no hay ley, puede haber DNUs. 

Los otros espacios políticos también sumaron volumen de debate en las comisiones. Los casos más claros son los de Tucumán, que armaron un bloque propio y el misionerismo de Innovación Federal, que con perfil bajo pero una consigna clara, buscó la protección de las economías regionales, particularmente el sector forestal y el tabacalero, que iban a sufrir un aumento de retenciones -del cero al 15 en la madera y del 12 al 15 por ciento en el tabaco-. Por ahora, las economías regionales de Misiones, están custodiadas. Fueron las que mejor soportaron la caída exportadora del último año y son vitales para sostener el empleo en la provincia. 

La firma en disidencia del dictamen por parte del bloque misionerista marca eso: gobernabilidad sin resignar posiciones. Misiones coincide con el objetivo de equilibrar las cuentas y es ejemplo de ello en las últimas dos décadas, a pesar de la herencia recibida de los 90. Pasó de ser una provincia sobreendeudada y con pésimos indicadores sociales, a una con equilibrio financiero, autonomía económica y mejor plantada ante las crisis. Pero lo logró con un camino distinto al que propone Milei, con una diferencia sustancial: en el proceso no cargó de sufrimiento a la sociedad. No hubo promesas utópicas de un futuro inalcanzable, sino construcción en presente. 

Misiones puede plantar banderas porque predica con el ejemplo. Cuentas saneadas, el gasto público controlado, empleo privado mucho más alto que en el sector público, al que no se le cargó un impuesto a los sueldos, como hubo en los 90. En la mesa de negociaciones, no se le puede reprochar a la provincia nada que no haya hecho.

Por eso Misiones también negocia la supervivencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, incluido en el DNU de desregulación económica de Milei. Aunque el fallo de la jueza Adriana Fiori mantuvo el status quo del organismo yerbatero, la Nación ya apeló su decisión y ahora será la Justicia Federal la que deba dar la próxima respuesta. Indudablemente, de mantenerse las posturas, el conflicto terminará en la Corte Suprema. Mientras tanto, los productores de la zona norte decidieron paralizar la cosecha y reclamar un precio mínimo de 505 pesos -más del doble que los valores vigentes-.

Los valores exigidos por los productores representan 110,42 por ciento más que los precios vigentes hasta el nuevo acuerdo -si se mantiene el status quo del INYM- y se ubicarían en 0,61 dólares (oficial), el promedio ideal buscado por la Provincia. 

En la producción se saben vulnerables: las resoluciones que tome el INYM son pasibles de cuestionamientos legales y, en última instancia, la industria tiene el poder de veto en las negociaciones por los precios. Si hay laudo, en estas condiciones, no será a favor del productor. 

Por eso la Provincia busca blindar al INYM y guarda algunas cartas de negociación con la Nación. La creación de un organismo propio llevará tiempo, pero la decisión política es cuidar a toda la cadena productiva, como se venía haciendo en los últimos años. La industria también está expectante por los costos disparados por suba de combustibles y energía, además de las demandas salariales que son acuciantes por la inflación desbordada.

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