¿Qué pasaría en Misiones si prospera el reclamo de fondos de María Eugenia Vidal?
Escriben Guillermo Knass y Martín Leiva Varela, ECONEA, especial para Economis. La distribución de los recursos que integran la masa bruta coparticipable es el centro de la opinión pública que desde la última reforma de la Constitución en el año 1994, no logra entablar una mecánica automática de distribución contemplando criterios objetivos de reparto a fin de que sea equitativa, solidaria y con aras de alcanzar un grado de desarrollo equivalente para la totalidad de las jurisdicciones que integran el país.
El reclamo planteado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para “actualizar” el Fondo del Conurbano Bonaerense abre un complejo escenario para las provincias.
El fondo del Conurbano, creado en 1992 por la Ley 24.073 afectaba un diez por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias a inyectar recursos a la provincia ahora gobernada por Vidal, entonces, por Eduardo Duhalde. A fines del año 1995 mediante la Ley 24.621 se establece un tope de hasta 650 millones de pesos anuales, formulado en un contexto donde se encontraba vigente la Ley de Convertibilidad que adoptaba un sistema de tipo de cambio fijo.
A comienzos de 2002 cuando se sale de tal sistema y posteriormente con una inflación constante con el correr de los años hace que dicho importe en el año 2016 pase a ser tan solo el 0,15 % de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
En tal sentido, si no tuviera un tope nominal la afectación del 10 por ciento del impuesto a las Ganancias, Buenos Aires hubiera percibido en 2016 un importe equivalente de 43.290,72 millones de pesos, es decir, 42.640,72 millones más de lo que percibió. Pero como hay una sola torta, si alguien se quiere llevar más porciones, algunos se pueden quedar con migajas, dado que cuando la afectación del impuesto a las Ganancias supera (excedente) los 650 millones de pesos, este es distribuido entre el resto de las provincias mediante los índices de coparticipación.
Misiones por tal concepto en el año 2016 percibió un total de 1.778 millones de pesos que representó el 5,5 % del total de los recursos corrientes de la Provincia. Para este año se estima un importe superior a los 2.200 millones de pesos.
En tal sentido, el gobernador Hugo Passalaqua pidió audiencia a la Corte Suprema con el objetivo de defender los intereses de todos los misioneros aclarando que “no estamos en contra de que la gobernadora Vidal pida más recursos, tiene todo el derecho de peticionar. Lo que no queremos es que lo haga a expensas de los misioneros”.
Analizando el gráfico que antecede a fin de comprender la distribución vigente, se observa que Misiones se encuentra ubicada en el puesto 19 en cuanto a la distribución de los recursos coparticipables, cuando en términos poblacionales se encuentra en el puesto 9. Es una de las más rezagadas percibiendo en promedio un importe inferior de 4.129,14 pesos por persona que lo que reciben las demás jurisdicciones. Si se multiplica por la población estimada para 2017, alcanzaría a un importe de alrededor de 5.032 millones de pesos, dado que la metodología vigente de distribución no contempla criterios objetivos de reparto, observando además que la Provincia de Buenos Aires se ubica en el último puesto.
A pesar de tal inequidad, Misiones pudo sobrellevar tal desfasaje mediante una política fiscal clara, sin comprometer a generaciones futuras, contemplando indicadores de crecimiento económico positivos en cuanto al despacho de consumo de cemento, consumo de energía eléctrica, patentamiento de automotores y cantidad de empresas formales, entre otros, que tuvieron una tasa de crecimiento por encima de la media nacional entre mediados de la década pasada y la presente.
En la discusión de la nueva Ley de Coparticipación Federal, que el Gobierno nacional trata de impulsar y que las jurisdicciones se comprometieron mediante el “Acuerdo para el Fortalecimiento del Federalismo”, debe ponerse arriba de la mesa, además de indicadores como población, Producto Bruto provincial, Necesidades Básicas Insatisfechas, densidad poblacional, entre otros, los recursos que el Estado nacional distribuye arbitrariamente entre las jurisdicciones. El Gobierno central se queda con el 73 por ciento de los recursos y las Provincias con el 27 %, incluyendo en dicho análisis a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, donde si se los excluye el reparto es del 65,6 por ciento y 36,4 por ciento respectivamente, abordando particularmente y con el fin de ser verdaderamente un país federal las competencias de cada una, porque los gobiernos subnacionales tienen a su cargo la educación, la seguridad y la salud que por ejemplo, estas tres áreas representaron más del 50 por ciento del total de erogaciones de Misiones en el año 2016.
Es dable destacar que el Gobernador de la Provincia el año pasado logró, en defensa de los intereses de los misioneros, firmar el Acuerdo Nación Provincias el 18 de Mayo por el cual se acordó la reducción gradual en un 3 por ciento anual de la detracción de la masa de coparticipables bruta que se destinaba a financiar a la ANSES, como así también, en el mes de marzo del 2017 logró reducir los costos de recaudación y fiscalización que efectúa la AFIP y detrae de la coparticipación federal siendo este último un ahorro estimado para el corriente año de 140 millones de pesos, que son claras señales de lucha por los intereses locales.
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