El Gobierno nacional profundizó este lunes la reforma del sistema registral automotor con una medida que apunta a reducir estructuras, concentrar competencias y acelerar la transformación digital de los Registros Seccionales. La Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia dispuso la unificación de registros que actualmente funcionan bajo la responsabilidad de una misma persona, una decisión que permitirá reducir en 368 la cantidad de unidades registrales, y ordenó además la supresión de otras 14 oficinas intervenidas.

La medida no implica que 368 oficinas físicas vayan a cerrar de manera automática. El mecanismo elegido es la unificación de Registros Seccionales que, pese a mantener denominaciones y competencias diferenciadas, ya se encontraban bajo la administración de un mismo funcionario. En términos administrativos, el Gobierno busca que la estructura formal del sistema refleje su funcionamiento efectivo y evitar la duplicación de unidades allí donde una misma persona ya concentra la gestión.

El segundo movimiento es más concreto: Justicia ordenó suprimir 14 Registros Seccionales que se encontraban intervenidos y no tenían un encargado titular. A esto se suma el cierre operativo de otras 13 delegaciones cuya supresión había sido dispuesta mediante resoluciones anteriores y que todavía permanecían pendientes de ejecución. El Anexo III identifica esas 13 oficinas, entre ellas registros de Olavarría, Necochea, Lanús, Esteban Echeverría, Bahía Blanca, Bragado y Capital Federal, además de dependencias de Viedma.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios tendrá un plazo improrrogable de 30 días hábiles para completar los cierres operativos. La tarea no se limita a bajar una persiana: deberá contemplar la transferencia de documentación, trámites, competencias y registros informáticos hacia las dependencias que absorberán esas funciones.

El cambio forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor aprobado en julio. La lógica oficial es que una red más compacta, con menos categorías y competencias concentradas, permita administrar el servicio con una estructura más eficiente y, al mismo tiempo, avanzar hacia una mayor participación de los canales digitales.

Hay, sin embargo, una diferencia importante entre reducir estructuras y mejorar efectivamente el servicio. La primera puede medirse contando oficinas y funcionarios; la segunda requiere observar qué ocurre con el ciudadano que necesita realizar una transferencia, inscribir un vehículo, registrar una moto o resolver un trámite que todavía exige interacción presencial.

Ese es el punto donde la reorganización enfrenta su principal desafío. Si la concentración de competencias está acompañada por digitalización efectiva, interoperabilidad y procedimientos remotos que funcionen, una menor cantidad de sedes puede traducirse en menos burocracia y menores costos operativos. Pero si el cierre territorial avanza más rápido que la capacidad digital del sistema, el ahorro administrativo puede convertirse en mayores costos de traslado y tiempo para usuarios que dependen de la atención presencial.

La propia resolución intenta anticipar ese problema al sostener que la reorganización debe preservar la continuidad del servicio y el acceso ciudadano. La verdadera prueba de la reforma estará, por lo tanto, fuera del organigrama: en la capacidad de las oficinas que absorban nuevas competencias para atender un volumen mayor de trámites sin deteriorar los tiempos de respuesta.

La decisión también modifica el mapa económico de los Registros Seccionales. Al concentrarse funciones bajo menos unidades administrativas, cambia la escala de operación de los registros subsistentes y se reconfigura la distribución de tareas y responsabilidades. No se trata únicamente de una reducción de oficinas, sino de una nueva asignación territorial de la función registral.

El Gobierno presenta la medida como parte de una reforma más amplia destinada a simplificar y modernizar un sistema que durante décadas acumuló trámites, categorías y estructuras administrativas. El paso siguiente será determinar si esa simplificación llega efectivamente al usuario. Porque digitalizar no consiste solamente en trasladar un trámite a una pantalla: implica eliminar pasos innecesarios, reducir documentación, asegurar interoperabilidad y permitir que una operación pueda completarse sin que la distancia hasta un Registro Seccional vuelva a ser una barrera.

En ese sentido, la reorganización abre una oportunidad concreta para convertir el ajuste de estructuras en una mejora del servicio público. La reducción de 368 unidades registrales y el cierre operativo de 27 oficinas pueden representar un Estado más sencillo si la concentración se acompaña con herramientas digitales robustas y mecanismos claros para derivar trámites.

La reforma, en definitiva, cambia primero la arquitectura del sistema. El resultado que interesa a los ciudadanos será otro: cuánto tiempo demora un trámite, cuánto cuesta hacerlo, cuántas veces hay que concurrir a una oficina y qué tan lejos queda el Registro que finalmente concentra la competencia. Allí estará la medida real del éxito de la reorganización.