El acuerdo entre el Gobierno y la cadena de comidas rápidas McDonald’s, firmado el año pasado para la inserción laboral de jóvenes desocupados a cambio de un subsidio, comenzó a desmantelarse. Fue el primer proyecto expuesto por la administración de Mauricio Macri como ejemplo de nuevas modalidades laborales, que incluía el pago de un salario mensual de $4.500 por seis horas de trabajo. De momento, no será renovado.

El convenio con Arcos Dorados (la razón social de la cadena) contemplaba el pago por parte del Ministerio de Trabajo de $1.000 por cada empleado contratado bajo esa modalidad. La presentación del acuerdo, en mayo de 2016, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después de una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la compañía para Latinoamérica, Marlén Fernández, y del representante de Arcos Dorados Argentina, Pedro Nóbili.

Las razones para desactivar el acuerdo son dos. Por un lado, el modesto resultado que tuvo: de una planificación de 5.000 incorporaciones en la actualidad hay apenas 700 jóvenes que trabajan en la empresa. Pero además la Justicia había otorgado en septiembre pasado (cuatro meses después de la firma) un recurso de amparo presentado por tres diputadas nacionales y un dirigente de la CTA. La Cámara del Trabajo entendió en esa ocasión que el convenio afectaba “derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad” y sus condiciones eran violatorias del “derecho internacional y la propia Constitución”.

Funcionarios a cargo de la implementación del programa confirmaron que desde este mes se resolvió la baja. Cerca de Triaca admitieron que el resultado no había sido el esperado, aunque matizaron con la posibilidad de relanzarlo a partir de una revisión de sus debilidades. Los voceros de la compañía, en tanto, dijeron suponer que el convenio estaba en vigencia aunque fueron sus propias autoridades las que frenaron las incorporaciones bajo el paraguas del acuerdo.

Al presentarlo el año pasado, el entendimiento fue definido como un mecanismo para “la inserción de jóvenes desocupados en el mercado laboral, con trabajos de calidad, en sintonía con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en el país en el más corto plazo”. El propósito inicial era el ingreso a la compañía de 5.000 jóvenes de “poblaciones vulnerables laboralmente” en “prácticas formativas durante un año”. Por un pago mensual de $4.500 los postulantes debían atravesar “un proceso de prueba de 30 horas semanales con prácticas formativas y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo”. Los empleados bajo ese régimen obtendrían además cobertura de salud de la obra social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral.

El convenio con McDonald’s se inscribió en el programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), de la cartera laboral, aunque con algunos beneficios extra para la cadena internacional: mientras los EPT prevén prestaciones de no más de cuatro horas el acuerdo del año pasado estiraba hasta seis horas por día las labores de los ingresantes; además, en lugar de trabajar de lunes a viernes, como se ideó el plan en un principio, Arcos Dorados podía destinarles a los empleados bajo este régimen labores durante los fines de semana.

El plan fallido significó un emblema para el Gobierno y también una prueba piloto de una serie de programas que prevé aplicar a través de la Secretaría de Empleo de la cartera laboral, a cargo de Miguel Ángel Ponte, que incluye un relanzamiento de las pasantías, un régimen que había quedado bastante en el olvido tras el uso abusivo de las empresas a partir de la década del 90. Ponte es un exdirectivo de Techint que cobró notoriedad meses atrás, cuando dijo en una entrevista radial que el proceso de contratación y despido de personal debía ser tan natural como “comer y descomer”.