Sobre la hora el Congreso incluyó el Capítulo Tabacalero en la ley Bases

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La Cámara de Diputados incluyó sobre la hora el Capítulo Tabacalero en la nueva ley Bases y le dio un espaldarazo a las provincias productoras como Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Tucumán y Corrientes, que reclaman que las tabacaleras tributen un mismo impuesto mínimo y engrosen así el Fondo Especial que se reparte entre los tabacaleros. De ratificarse en el Senado, la nueva norma permitirá elevar de 70 a 73% la alícuota del impuesto interno al tabaco y eliminar tributo mínimo que hoy rige. Este artículo estaba contemplado en la iniciativa original que había presentado el Gobierno en diciembre pasado, pero llamativamente lo eliminó en la nueva versión.

El articulado tabacalero se incluyó por la presión de Misiones, Salta y las demás provincias tabacaleras, con rechazo de la izquierda y buena parte del peronismo kirchnerista. Se votó entonces a continuación la inclusión o no de ese artículo, y el resultado fue positivo, pues hubo 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones.

El capítulo había sido incluido en el proyecto original enviado al Congreso Nacional el 27 de diciembre de 2023, y expresaba la decisión política de solucionar de raíz la situación inequidad y privilegio de algunos actores de la cadena comercial de los cigarrillos que tributan menos impuestos internos y afectan seriamente la recaudación, tanto del FET como de recursos coparticipables.

La tabacalera Sarandí, entre otros, se beneficiaba de fallos judiciales para no tributar el impuesto interno de los cigarrillos, lo que provoca una pérdida, solo para Misiones, de unos 16 mil millones de pesos por el FET.

La elusión del pago de los impuestos internos por parte de empresas comercializadoras de cigarrillos a nivel nacional, provocó una pérdida estimada de US$900 millones en la recaudación del FET de 2023, que representa aproximadamente unos $220 por cada kilogramo de tabaco producido en la campaña pasada.

En paralelo, los empresarios que eluden el pago, lograron bloquear la acción recaudatoria del Estado a través de medidas judiciales en contra de la redacción actual de la Ley 27430 de impuestos internos. 

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