La Cámara Argentina de la Industria Óptica y Afines (CADIOA), respaldó este miércoles la decisión de la Aduana de realizar análisis anticipados en los equipajes de pasajeros para evitar el ingreso de productos no declarados al país.
En este sentido, el Presidente de CADIOA, Norberto Fermani, destacó que en el sector se ve “con mucho agrado que se tomen medidas para controlar el ingreso de equipaje y bultos pequeños, dado que dentro de lo que es la industria óptica es muy común observar viajeros que llegan con bultos donde compran en el exterior productos para reventa en el país que después terminan vendiéndose por internet”.
Asimismo, el empresario óptico advirtió que algunos de estos productos que ingresan al país y luego se venden mayormente a través de plataformas digitales “no cumplen con ninguno de los cánones básicos de calidad para poder ser comercializados”.
De esta manera, Fermani celebró la medida impulsada por el organismo que conduce Guillermo Mitchel y aseguró que “desde el sector óptico respaldamos a todas las medidas que apunten a proteger a la industria local del contrabando de productos que, también, implican riesgos para la salud visual de la población”.
La comisión de comercio exterior, en conjunto con el departamento de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) realizó una encuesta sobre el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La misma tiene como objetivo conocer en qué situación se encuentran las distintas empresas de nuestro país en relación al nuevo sistema de licencias de importación, su impacto en el propio funcionamiento, el nivel de comunicación con la Secretaría de Comercio y si cuentan con financiamiento del exterior.
Con más de 200 empresas consultadas, en donde casi el 90% lo componen micro, pequeñas y medianas empresas importadoras de materias primas/bienes intermedios y bienes de capital (mercaderías necesarias para la producción nacional), se observa que para la mayor parte de las empresas menos del 25% de las licencias de importación presentadas bajo el nuevo sistema SIRA son aprobadas. Además, aquellas que tienen la autorización pueden llegar a tener demoras de hasta 90 días en su aprobación. En consecuencia, esta situación ya se manifiesta en los propios niveles de insumos, stock y ventas de las empresas encuestadas, puesto que el 93% indicó que se han reducido y que, por lo tanto, ya se ven afectadas en su normal funcionamiento. Este panorama incierto se ve agravado también por la falta de financiación del exterior, ya que el propio sistema de importaciones exige, en ciertas condiciones, a las empresas a que los pagos se efectúen a 90 días, por lo que es necesario contar con financiamiento del exterior. En tal sentido, el 61% de las respuestas indicaron que se encuentran con dificultad para conseguir dicha financiación, algo que afecta aún más las operaciones de comercio exterior. Por último, al momento de la encuesta (enero 2023) el 85% no tuvo contacto alguno con la Secretaría de Comercio.
La Dirección General de Aduanas (DGA) evitó el contrabando de relojes de alta gama falsificados valuados en $1.500.000 en el paso fronterizo internacional Iguazú-Foz de Iguazú.
El hallazgo se produjo debajo de las alfombras y asientos y en el interior de la guantera de un automóvil, donde había un total de 39 relojes de alta gama falsificados de marcas como Rolex, Bulgaria y Tag Heuer, según el comunicado de la Aduana difundido hoy.
El valor de mercado real de este tipo de relojes calculado por el organismo asciende a los $1.467.800.
De acuerdo con el informe de la Aduana, “las infracciones comprendidas en el accionar del ciudadano son varias. Por un lado, los 39 relojes excedían la franquicia de USD 300 que el régimen de equipaje contempla para ingresos por vía terrestre, con lo cual su intento de evadir el control, con el agravante de llevar la mercancía oculta, ya lo expone a sanciones en el marco del artículo 863 del Código Aduanero”.
Además, el fraude marcario hace que los relojes que pretendía ingresar sean considerados mercadería prohibida, por lo cual también constituye una infracción al artículo 46 de la Ley 25.986, según precisaron.
Los relojes fueron secuestrados por la Aduana, que presentó la debida denuncia ante el juzgado de turno.
“Vemos que es preferible sacar los granos por contrabando, que pagar los gastos del Estado”, dice, sin ruborizarse el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La sentencia va en línea con la permisividad con la que se mueven los camiones cargados de soja por la provincia de Corrientes. Literalmente, ningún control cerca de los pasos fronterizos cercanos a Misiones, según pudo comprobar un equipo de Economis que hizo todo el recorrido.
El laissez faire, laissez passer, contrasta con el filtro una vez que se cruza el límite del Chimiray: en Misiones hay cuatro controles fiscales en ruta y un constante movimiento de la Policía provincial por los caminos alternativos que eligen los conductores duchos en su afán de alcanzar el río Uruguay para vender la carga en Brasil y cerrar el rentable circuito de la evasión.
Acceso a Apóstoles, Misiones desde Liebig, Corrientes
Misiones no planta soja y no recibe nada del millonario negocio exportador que germina por sí mismo la tentación de la evasión. Hoy se paga en el mercado internacional 640 dólares por tonelada de soja. Con retenciones del 33 por ciento le quedan al exportador 428,8 dólares, pagados al precio oficial estimado en 120 pesos. Le quedan 51.456 pesos por tonelada, a los que hay que descontar impuestos y costos operativos. La soja puesta en Brasil o Paraguay se cobra en cash. Los 640 dólares equivalen a 131.840 pesos. Cada camión lleva como mínimo 30 toneladas. Son 19.200 dólares sin retenciones ni impuestos. Son 3,9 millones de pesos. Hay que descontar transporte, choferes y costos operativos. Pero sigue siendo negocio.
En la Argentina elevan proyección de cosecha de soja a 43,3 millones de toneladas, sobre las 42 iniciales. Eso quiere decir que el negocio seguirá latente en la medida en que no desaparezcan el cepo ni se modifiquen las retenciones.
Paradójicamente, se habla de Misiones como la ruta de la soja negra, cuando en la práctica, es la única provincia que le pone algún límite a la irregularidad. Los camiones salen de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Atraviesan sin control cientos de kilómetros antes de llegar a la tierra colorada. Ni la Administración Federal de Ingresos Públicos ni las fuerzas federales hacen nada para frenar la exportación ilegal ni el ingreso de dólares en negro. En cambio, para ejercer los controles, Misiones invierte miles de pesos, lo mismo que para el movimiento de las fuerzas policiales. Otro dato: las rutas misioneras son dañadas por cientos de camiones con cargas que no tributan en la provincia.
Camiones a la vera de la ruta 14 en Corrientes
En Misiones, además de cobrarle un anticipo de impuestos, se iniciaron numerosas causas por inconsistencias detectadas entre el vendedor y el comprador y hasta se metió preso a un jefe de Gendarmería, denunciado por hacer la vista gorda al contrabando.
El mismo juez federal, Alejandro Marcos Gallandat, acaba de pedir al Consejo de la Magistratura que investigue al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, por una posible complicidad -a través de funcionarios suyos- con el negocio de mirar para otro lado.
Gallandat hizo la presentación al Consejo de la Magistratura y en su escrito dio a conocer que sus sospechas surgen después que recibió transcripciones de escuchas telefónicas en la que un hombre investigado por su posible participación en maniobras de contrabando, aseguró que se habría pagado a funcionarios judiciales correntinos para que se liberen camiones cargados con soja, secuestrados en la Ruta Nacional 14, en Corrientes. En las escuchas, uno de los sospechosos, revela que se hizo amigo del juez y el fiscal y que debe pagarles 2000 dólares a cada uno.
Insólitamente, el Consejo de la Magistratura informó al juez correntino de la apertura de la investigación. Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda es un nombre conocido en los últimos meses. El juez designado durante el macrismo responde al ex gobernador Ricardo Colombi y acumula sospechas de irregularidades. Hace poco fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos por negarse a que en la revisión de la salud de Adolfo Navajas Artaza, -denunciado por delitos de lesa humanidad, pero nunca llamado a declarar-, participen los peritos de la querella. Y es, por supuesto, el juez que frenó para las industrias correntinas y una misionera, la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Curiosamente Fresneda fue nombrado en reemplazo del ex juez federal Carlos Soto Dávila. El martes 21 de junio se inicia en Corrientes el juicio a Carlos Soto Dávila, sus secretarios, cinco abogados y otros, acusados en una trama de supuestas coimas pagadas por narcos.
El control de ATM en San José, el principal ingreso de cargas a Misiones
La inteligencia fiscal desplegada en Misiones permite determinar con sencillez los eslabones del negocio. El cruzamiento de datos sirve para advertir que el vendedor no tiene capacidad operativa ni el comprador tiene capacidad económica. Pools sojeros le venden a almacenes de ramos generales al costado de la ruta. No cierra por ningún lado. Sin embargo, la Afip parece no querer frenar ese negocio que es fácil de advertir analizando facturas y remitos.
Los amantes de los títulos pegadizos bautizaron al rígido sistema de control misionero como “aduana paralela”. Pero es el único filtro al contrabando y el financiamiento de operaciones en negro.
Para algunos es una “aduana paralela” que debe ser levantada y permitir la libre circulación de los camiones de carga como se hace en la vecina provincia gobernada por el referente nacional de la coalición Juntos por el Cambio.
Sin embargo desde la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) insisten en la necesidad de contar con estos controles para evitar la evasión fiscal y frenar el contrabando de mercaderías hacia Brasil y Paraguay.
Acceso a Misiones en Apóstoles, Control Fiscal de ATM
Según datos de ATM y la Policía de Misiones en lo que va del año se han detenido cientos de camiones con cargas que no poseían la adecuada documentación fiscal. Como no hay delito sino irregularidades, se les cobra una multa de 900 mil pesos por carga.
Ahora el otro boom de contrabando es el de los vinos argentinos, una bebida apreciada por los brasileños, quienes con la actual diferencia cambiaría pueden darse el gusto de comprar los mejores varietales argentinos a un irrisorio precio.
El problema no es nuevo. En 2020 el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán explicó a Economis que este tipo de contrabando continuará existiendo mientras exista la dualidad cambiaría en Argentina. “Con una brecha del 80% entre el dólar informal y el oficial, la tentación del contrabando es lucrativa, exportando por fuera del sistema. Los camiones de soja que ingresan a Misiones intentando pasar a Brasil son una muestra de ello”, había explicado en ese momento, cuando la soja estaba a 200 dólares la tonelada, hoy con un valor de 640 dólares por tonelada y un dólar blue a 207 mientras el oficial está a 124 y los anuncios de más retenciones, la rentabilidad obtenida por los contrabandistas es mayor.
Diferentes informes intentan mostrar el “negocio del contrabando” de mercaderías como algo únicamente misionero. Siendo que los granos exportados ilegalmente no son producidos en la tierra colorada. Ingresan a la provincia tras pasar dos o tres distritos más, donde no se realizan controles adecuados.
El miércoles un equipo de Economis recorrió parte de la ruta que hacen esos camiones. Al mismo tiempo, en Misiones, la Policía y la Agencia Tributaria informaban la incautación de dos camiones que ingresaron de forma ilegal con soja y la Prefectura decomisó en El Soberbio cinco toneladas de soja que estaban siendo cruzadas por el río Uruguay.
Camiones haciendo una pausa en Corrientes
El recorrido en Corrientes mostró que no había ningún control de cargas activo, desde Santo Tomé a Misiones por la Ruta nacional 14 o por alguna de las rutas provinciales 94 (que llega a Azara) y 71 (que llega a Apóstoles). Según datos recolectados por los cronistas sólo se realizan controles móviles abocados al control de camiones en algunos horarios, haciendo foco en la detección de contrabando de estupefacientes. Los controles son de rutina y solo se releva qué carga lleva y si cuenta con un aval legal para el transporte.
Aquí radica la gran diferencia con los controles realizados por Misiones, donde la ATM a través de cruces informáticos releva cuanta carga va a cada titular registrado en los remitos. Un productor de alimentos balanceados -por ejemplo- en Misiones no podría recibir 10 camiones por día, porque no tendría la capacidad para procesar tanto material. Gracias a este cruzamiento de datos ATM detecta remitos apócrifos o con inconsistencias y puede detectar cargas que ingresan a Misiones con el fin de ser llevados a la frontera para venderse de forma ilegal en Brasil. Según datos de la AFIP que figuran en las causas judiciales, en 2021 ingresaron a Misiones unas 110 mil toneladas de soja. Sin embargo, solamente 20 mil fueron absorbidas por la demanda formal.
Operativo de la Policía de Misiones
La Unidad de Información Financiera (UIF) indica que en 2021 en Misiones, a través de intervenciones de las fuerzas de seguridad nacionales, fueron incautadas 330 toneladas de soja. Representa un 0,3% de las 90 mil toneladas que “desaparecen”.
Es la Prefectura la que debe controlar los movimientos en el Río. Una notoria cuenta pendiente. Las rutas, mientras tanto, son responsabilidad de la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Provincial de Misiones.
Sabina Frederic, cuando aún era Ministra de Seguridad de la Nación había respondido a Economis en una conferencia de prensa que transportar soja en sí no era un delito, sino que el delito de evasión se daba al cruzarlo de forma ilegal fuera del país. Por lo que las fuerzas de Seguridad encargadas de los controles en las rutas (Gendarmería y Policía Federal) solo solicitan que tenga algún remito que respalde la carga que lleva. Al no contar con la logística con la que sí cuenta la ATM en sus controles, no pueden detectar que los volúmenes de carga son altamente elevados para el comercio interno y anticipar la finalidad de la carga es el contrabando.
Operativo de Prefectura en la costa del río Uruguay
La Policía de Misiones en conjunto con fuerzas federales y la Dirección General de Aduanas llevó a cabo múltiples allanamientos en varias ciudades para desarticular una estructura dedicada al contrabando de soja que ingresaba a la provincia con destino a Brasil y sin pagar los tributos correspondientes.
En la tarea policial hubo un detenido en Oberá, identificado como Jorge Rolando W, de 35 años, dueño de la empresa de camiones encargada de la logística de exportación de granos.
Luego se llevaron a cabo dos allanamientos en calle Reconquista N°169, en Oberá, en el local de la firma AgroBeans S.R.L, donde se secuestraron 1.237.000 pesos y 5000 dólares al mismo empresario..
Un segundo allanamiento se llevó a cabo en San Javier, mientras que en Bernardo de Irigoyen hubo siete allanamientos: uno en el barrio Soberanía Nacional casa 30 Mz “A” donde se secuestraron 152.500 pesos argentinos; otro en avenida Andrés Guacurari S/N°, otro en calle Independencia N° 56 donde secuestraron 708.860 pesos. Otro en calle J.J. Junes N° 174, donde secuestraron 95.407 Reales, 466.666 pesos argentinos, 4.481 dólares y €200 euros. También hubo otro allanamiento en avenida Andrés Guacurarí N° 67 donde secuestraron 1.022.100 pesos, 560 dólares y €50 euros; y otro en Km 1124, de la ruta nacional 14.
También hubo dos allanamientos en Puerto Iguazú, uno en calle Violeta de los Alpes N° 21 y el otro en B° Santa Rosa, Mz 453, casa 12 y se secuestró una avioneta en el aeroclub Alto Paraná de Eldorado.
En total, se decomisaron 3.587.126 pesos y 10.041 dólares.
Fue la culminación de una extensa investigación de la Dirección de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI), con vigilancias encubiertas, intervenciones telefónicas y demás. Así lograron conocer las maniobras fraudulentas que realizaban a través de la creación de una empresa fantasma que se dedicaba a la subfacturación de exportaciones de ajo, poroto y otros alimentos primarios, los cuales compraban a muy bajos costos sin facturar, luego transportaban a Brasil, donde se volvían a vender.
La empresa fantasma se inscribía con socios insolventes, por lo que no hay retornos de divisas, tampoco existe pagos de Ingresos Brutos, porque el dinero no ingresa legalmente al país, sino que se hacía de manera ilegal y luego la trasladan hacia el extranjero en una avioneta.
Trabajan ocho meses a un año, luego cerraban, sin pagar Ingresos Brutos ni otros impuestos. A los pocos meses reabrían otra empresas con otros socios, y así sucesivamente.
Dichas entidades denunciaron la causa es de la Provincia de Córdoba ante la Fiscalía Federal N 1, a cargo del juez Enrique Senestrari, donde se libraron exhortos para llevar a cabo los procedimientos en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Misiones.
En Misiones , se llevaron a cabo siete allanamientos el lunes 21 de diciembre. El último procedimiento fue en Eldorado, para verificar una aeronave (la cual fue secuestrada, debido a que tenían información que era ocupada por la asociación ilícita para realizar la fuga de capitales).
La avioneta secuestrada en Eldorado es de origen estadounidense.
Las inversiones entraban de Brasil y en efectivo. En uno de los allanamientos en Irigoyen se secuestro un arma de fuego calibre 9 milímetro por falta de tenencia de armas de fuego, tenía facturación y era legal, pero no tenía la tenencia.
