El Gobierno inició el proceso de privatización de la empresa Intercargo
La decisión se conoció tras la publicación un decreto en donde indica que habrá una licitación pública sobre la empresa de servicios de rampas y traslados de equipaje en los aeropuertos
El Gobierno sacó un decreto este martes en el que anunció el proceso de privatización de Intercargo, la empresa dedicada a brindar el servicio de rampas y traslados de equipajes en los aeropuertos, que estuvo en el ojo de la tormenta a fines del año pasado durante un paro salvaje en Aeroparque y Ezeiza.
Este episodio, en el que miles de pasajeros se vieron afectados por la cancelación de vuelos debido a una medida de fuerza gremial, generó un enfrentamiento con el Gobierno Nacional que derivó en la desregulación de las funciones de Intercargo, en noviembre del 2024.
En ese entonces, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, anunciaba “el fin de Intercargo tal como lo conocemos”. “Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo”, señalaba sobre el episodio en donde 2000 pasajeros quedaron varados adentro de un avión, durante el conflicto.
La firma mantuvo bajo su ala el servicio de rampa y de transporte de pasajeros en los principales aeropuertos de la República Argentina, hasta principio de noviembre, cuando el Ejecutivo anunció la desregulación y habilitó a empresas privadas a empezar a operar.
De esta manera, el decreto expresa que “la empresa ha celebrado con los concesionarios de dichos aeropuertos diversos contratos de uso de los espacios para la prestación del servicio de rampa, extendiendo dicha modalidad de contratación a los VEINTIÚN (21) aeropuertos en los que se lleva a cabo actualmente esta actividad”.
Esta excepcionalidad provino de la Resolución 7417/90, donde el Estado otorgaba la concesión directa de “la prestación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ‘Ministro Pistarini’ y en el Aeroparque Metropolitano ‘Jorge Newbery’”, a la mencionada empresa.
A partir del Decreto 198/2025, publicado por estas horas en el Boletín Oficial, se autorizó el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. De esta manera, se aprueba la venta del 100 por ciento de las acciones de la empresa, marcando el inicio de una licitación pública a nivel nacional e internacional para transferir la titularidad de la firma.
Además, el Ejecutivo argumentó la decisión bajo el impulso de la desregulación y la apertura del sector. “Esta Administración ha impulsado la desregulación del sector aerocomercial mediante la reducción de requerimientos operativos, la habilitación a aerolíneas y terceros a prestar el servicio de rampa y la adopción de estándares internacionales en las operaciones aeroportuarias en general”, sostiene el documento.
En este sentido, el Gobierno indicó en el artículo primero, “el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones, conforme lo establecido en el inciso 2) del artículo 17 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”.
El documento establece que el Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso de privatización, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Esta entidad adoptará las medidas necesarias para concretar la venta de las acciones de INTERCARGO S.A.U. a través de una licitación pública internacional. Además, el contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa será rescindido de mutuo acuerdo antes de que se perfeccione la venta de las acciones.
El proceso de privatización buscará asegurar que no haya interrupciones en la prestación del servicio de rampa, garantizando la continuidad de la conectividad nacional e internacional. De acuerdo al artículo tercero de la presente medida, asegura que la cartera que conduce Luis Caputo, “debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización aquí dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.
