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El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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La recaudación impositiva de agosto alcanzó $15,3 billones

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la recaudación tributaria de agosto alcanzó los $15,3 billones, lo que representa un aumento del 30,6% respecto al mismo mes de 2024. Si bien el dato muestra un crecimiento nominal, el desempeño de varios tributos revela tensiones vinculadas a la eliminación de impuestos extraordinarios, la dinámica del comercio exterior y los cambios normativos aplicados en los últimos meses.

Ganancias e IVA impulsan, exportaciones y Bienes Personales caen

Entre los principales motores se destacó el Impuesto a las Ganancias, que recaudó $3,19 billones, con una suba interanual del 49,2%, impulsada por los anticipos de sociedades y personas humanas bajo el nuevo régimen de la Resolución General 5685/2025. También el IVA neto registró un alza del 36,9%, hasta $5,32 billones, con mejor desempeño en el componente aduanero (+38,8%) que en el impositivo (+35,2%).

En contraste, los Derechos de Exportación retrocedieron un 8,6% interanual, totalizando apenas $398.147 millones, afectados por el adelantamiento de liquidaciones debido a la baja transitoria de retenciones dispuesta hasta junio por el Decreto 38/2025, y la posterior reducción arancelaria del Decreto 526/2025.

Por su parte, Bienes Personales tuvo una fuerte caída del 62,2%, con apenas $110.408 millones, explicada por la adhesión masiva al Régimen Especial de Ingreso (REIBP, Ley 27.743) durante 2024, que permitió cancelaciones anticipadas de períodos fiscales hasta 2027.

Seguridad Social y tributos internos: señales de la economía real

Los ingresos por Seguridad Social ascendieron a $3,66 billones, con una suba del 42,4%, apuntalada por el aumento de salarios nominales. En tanto, el Impuesto a los Créditos y Débitos sumó $1,25 billones, un 36,2% más que el año pasado, aunque incidió negativamente la menor cantidad de días hábiles.

Un dato destacado fue el desempeño del Impuesto a los Combustibles, que prácticamente se duplicó (+96,9%), con $481.968 millones, reflejando el fuerte impacto de las actualizaciones impositivas aplicadas en el sector energético.

En el comercio exterior, los Derechos de Importación treparon un 84,9% interanual, alcanzando $575.978 millones, por efecto combinado del tipo de cambio y el aumento de importaciones, lo que contrasta con el retroceso de los derechos de exportación.

Desafíos fiscales hacia fin de año

La comparación interanual se ve atravesada por varios cambios normativos y coyunturales: la eliminación del Impuesto PAIS, que en agosto de 2024 había aportado $659.985 millones; la derogación en marzo de 2025 de la suspensión de certificados de exclusión, que redujo percepciones de IVA y Ganancias en aduana; y los efectos de la moratoria y del REIBP en la base de comparación.

En el acumulado enero-agosto, la recaudación suma $119,3 billones, con un incremento del 49,8% interanual. Sin embargo, la evolución en términos reales dependerá de la dinámica inflacionaria, la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad de sostener los ingresos del comercio exterior.

De cara al último cuatrimestre de 2025, el Gobierno enfrenta el desafío de recomponer recursos tras la eliminación de tributos extraordinarios y el impacto de la baja de derechos de exportación. Analistas advierten que el desempeño de la recaudación será clave para sostener el equilibrio fiscal comprometido con el FMI y las provincias.

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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Cuentas públicas: superávit primario de $1,7 billones y rojo financiero de $168.515 millones

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El Gobierno informó que las cuentas públicas tuvieron déficit financiero en julio por $168.515 millones a causa del pago de intereses de deuda y el aguinaldo de estatales, siendo el primero del año y el segundo en la gestión de Javier Milei, aunque se mantuvo el superávit primario en 1,7 billones de pesos.

El Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, explicó que el rojo fiscal se debió a que “en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio”.

En este sentido, recordó que “dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses”.

Otro factor que juega un rol de peso habitualmente en el sexto mes del año es el pago del medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional (SPN), lo que también fue expuesto por la cartera económica para argumentar el resultado deficitario.

A pesar del mal dato, Caputo remarcó que “el resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación”.

El superávit primario, en tanto, se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, lo que implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones en la comparación interanual.

Al respecto, Economía, detalló que “el crecimiento de los ingresos de 2,8% interanual real, y la caída del gasto primario de -1,3% real interanual, aún preservando el gasto social que crece al 5,7% interanual en términos reales, siguen mostrando el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional con el equilibrio fiscal, sin descuidar la situación de los sectores más vulnerables”.

De esta manera, el SPN acumuló al séptimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB), “profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +39,8% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), creciendo nuevamente a un ritmo menor al de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. 

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, señaló el Ejecutivo.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).

Equilibrio fiscal en medio de la presión de la deuda

El informe difundido por el Ministerio de Economía confirma que, durante julio de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $1.749.386 millones, en un mes marcado por la continuidad del ajuste del gasto y el crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, los intereses de deuda —netos de las operaciones intra-sector público— ascendieron a $1.917.901 millones, lo que derivó en un resultado financiero negativo de $168.515 millones.

A pesar de ese rojo puntual, el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un superávit financiero cercano al 0,3% del PIB, y un superávit primario del 1,1% del PIB, consolidando lo que el Gobierno define como “ancla fiscal” de su programa económico.

Según la información oficial, la mejora interanual en el resultado primario fue de 41% en términos reales, lo que implica un avance de $432.442 millones frente a igual mes de 2024.

Cifras clave: ingresos y gastos en julio

Los ingresos totales del SPN en julio sumaron $13,1 billones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de ellos, los recursos tributarios avanzaron 39,8% i.a., con desempeños destacados en:

  • Derechos de Exportación: +106,2% i.a.
  • Derechos de Importación: +79,8% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +54,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +47,9% i.a.
  • Bienes Personales: +336% i.a.

En paralelo, los gastos primarios ascendieron a $11,35 billones, con un alza de 34,8% i.a., es decir, creciendo menos que los ingresos.

Las prestaciones sociales representaron la mayor partida, con $7,07 billones (+44,3% i.a.), impulsadas por la fórmula de movilidad (Ley 27.609) y el DNU 274/24.

Las remuneraciones del sector público sumaron $1,69 billones (+22,8% i.a.), en un contexto de incrementos salariales pactados y reducción de la planta de empleados.

Las transferencias corrientes totalizaron $3,82 billones (+21,2% i.a.), con un crecimiento moderado al sector privado (+14,2% i.a.) y una suba más marcada hacia el sector público (+55,6% i.a.).

En cuanto a los subsidios económicos, se registró una caída interanual de $715.114 millones (-15,4%). Dentro de este rubro, los energéticos retrocedieron 34%, mientras que los destinados al transporte aumentaron 49,9%, alcanzando los $525.999 millones.

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La Dirección Regional Posadas de la Arca actualizó el régimen de reemplazos internos en sus agencias y divisiones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a través de su Dirección Regional Posadas, oficializó mediante la Disposición 28/2025 una profunda actualización en el régimen de reemplazos internos para sus agencias y divisiones operativas. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento institucional ante eventuales ausencias o impedimentos de jefaturas, y se enmarca en una serie de disposiciones previas que regulan la estructura organizacional de la región.

Firmada por Roberto Ariel Rostan, jefe interino de la División de Investigación, la disposición establece en detalle los reemplazantes directos de las jefaturas en áreas clave como Recaudación, Servicios, Jurídica, Fiscalización, Logística y Atención al Contribuyente, tanto en la sede Posadas como en los distritos Eldorado y Curuzú Cuatiá.

Reemplazos jerárquicos en áreas críticas

Entre las modificaciones más relevantes, se destacan las nuevas designaciones para cubrir la jefatura de la Agencia Sede Posadas. En caso de ausencia de su titular, asumirán en este orden: el responsable de la Sección Recaudación, seguido por el de la Sección Servicios, y luego la Oficina de Trámites y Verificaciones.

Asimismo, se establece un régimen escalonado para cada una de las oficinas y secciones internas. Por ejemplo, la Oficina Jurídica será cubierta por Mara Griselda López Penna y, en segunda instancia, por Franco Aníbal Romero. La Oficina de Control y Cobranzas tendrá como reemplazantes a Andrea Victoria Riera y Lorena Gladys Acuña. El detalle se extiende a más de 30 estructuras operativas de toda la jurisdicción.

Alcance regional

La disposición también abarca a los distritos Eldorado y Curuzú Cuatiá. En Eldorado, la responsable de la oficina de Recaudación y Verificaciones será reemplazada por Sonia Carolina Jara y Lesli Noelia Cristaldo. En Curuzú Cuatiá, los reemplazos serán asumidos por Cristian Gustavo Yardin y Natalia Soledad Girotto, respectivamente.

En paralelo, se definen sustituciones en áreas especializadas como la División Jurídica, Fiscalización de Seguridad Social, Fiscalización Agropecuaria y los equipos técnicos asociados, garantizando la cobertura operativa de todos los frentes de fiscalización y atención al contribuyente.

Base normativa

La medida se apoya en una larga serie de disposiciones internas —al menos diez entre 2019 y 2024— y en la reciente reorganización de estructuras establecida por la Dirección General Impositiva mediante la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA, además de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 y el Decreto 953/24.

El nuevo régimen entra en vigencia de inmediato y deberá ser registrado en el sistema SARHA, utilizado para la gestión de personal de la AFIP.

Con esta disposición, la Dirección Regional Posadas busca fortalecer su capacidad de respuesta, garantizar continuidad administrativa y minimizar riesgos operativos ante vacancias transitorias, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema tributario nacional.

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