El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”.
En la denuncia, firmada por Felicitas Achábal en carácter de Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, se detalla que Tabacalera Sarandí S.A. “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.
La agencia fiscal gubernamental detectó además diferentes irregularidades en la facturación electrónica, patrones atípicos en la emisión de comprobantes, ausencia de pagos tributarios y uso exclusivo de efectivo, lo que impide la trazabilidad de los fondos.
“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, detalla la denuncia, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.
La investigación oficial destaca también que estas empresas funcionaban como “usinas” para blanquear dinero de origen ilícito mediante la incorporación de efectivo en el circuito financiero formal.
La presentación se originó en el informe elevado por la División Fiscalización Externa II, que pertenece a la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales.
ARCA realizó tareas de investigación y fiscalización enfocadas “en analizar con profundidad la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos”, dice un comunicado de la agencia estatal.
A través de esos relevamientos, el organismo que ahora encabeza Juan Pazo, un funcionario de la más alta confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió iniciar una investigación por “maniobras de legitimación de bienes u otros activos de origen ilícito”, que consiste en el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima.
Modus Operandi
Sobre el modus operandi que identificaron para Tabacalera Sarandí, la denuncia penal realiza la siguiente descripción:
La empresa fabrica y comercializa las marcas de cigarrillos Red Point, West, Kiel y Master. La cadena de comercialización de los productos fabricados está integrada por diferentes etapas.
- En la primera etapa, Tabacalera Sarandí SA (TSSA), vende los cigarrillos a contribuyentes mayoristas y, por estas operaciones, emite facturas Tipo A. Las características intrínsecas de este tipo de comprobante que se emite, permite conocer quién es el adquiriente del producto. En esta etapa, la comercialización está concentrada porque el producto se traslada desde el fabricante hasta el mayorista.
- En la segunda etapa, los contribuyentes mayoristas venden los productos mencionados a sujetos responsables de puntos de venta minorista. Es el momento en que la comercialización se atomiza “porque los contribuyentes mayoristas son los encargados de distribuir geográficamente el producto”.
- En la tercera y última etapa, los distribuidores minoristas comercializan los cigarrillos para que lleguen a los consumidores finales quienes los adquieren en los puntos de venta minorista, como pueden ser los kioscos y los almacenes de barrio.
Según la investigación de ARCA, del análisis del “módulo de facturación electrónica A, “Tabacalera Sarandí emitió comprobantes de venta de cigarrillos a ciertas personas humanas y jurídicas que declaran ante el Organismo la actividad de distribuidores mayoristas de cigarrillos”. De la consulta sistémica, prosigue la denuncia, “se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.
Por ello, dice ARCA, se comprobó que estos presuntos distribuidores mayoristas poseen una serie características, a saber:
- Venden los cigarrillos que compran a TSSA a consumidores finales no identificados, emitiendo por dichas operaciones facturas Tipo B.
- Las facturas emitidas por estos mayoristas contienen un precio de venta similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos de TSSA, dando una rentabilidad muy baja. Estos mayoristas exhiben un patrón de emisión de los comprobantes (facturas Tipo B) “que resulta altamente irregular, con intervalos de apenas segundos, entre cada documento. Esta modalidad de emisión de comprobantes automatizada y secuencial, es incompatible con una atención presencial genuina, dado el volumen y frecuencia de emisión de comprobantes, en ubicaciones que no corresponden a zonas comerciales de alta afluencia de público y/o inconsistentes con los domicilios comerciales declarados por éstos.
- No registran pagos tributarios, ni acreditaciones bancarias de acreditaciones mínimas. Los cobros por la venta minorista fueron en efectivo y los pagos a los proveedores, a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos. –
- No cuentan con estructura edilicia ni de personal.
Se detalla que Tabacalera Sarandí “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar”
A partir de esos elementos, prosigue la denuncia, ARCA efectuó tareas de investigación y fiscalización que se enfocaron en analizar con profundidad, la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos. El objetivo de estas diligencias consistió en verificar la autenticidad de las operaciones y, en caso de resultar procedente, incluirlos en la Base de Contribuyentes No Confiables, de conformidad con las normas internas del Organismo.
Un cuadro posterior, incluido en el documento de denuncia, detalla los clientes de Tabacalera Sarandí categorizados como “usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”.
La investigación fiscal se orienta a detectar el uso de facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.
La calidad de “usina” no recae sobre los proveedores, sino sobre los clientes, “evidenciando una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal”, esto es, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.
Según la investigación y denuncia de ARCA, la operatoria entre Tabacalera Sarandí S.A. y los 23 distribuidores identificados le permitió a Otero recibir fondos de operaciones de venta por un monto de $33.632 millones de 2021 a 2023 lo que representa “aproximadamente un 31% del total facturado en dichos periodos”.
Según la denuncia, “los pagos por las ventas realizadas a TSSA a las distribuidoras, se realizaron mediante depósitos en efectivo a las cuentas recaudadoras de la vendedora. No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero”.
Finalmente, los fondos derivados de las ventas a distribuidoras catalogadas como “usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera” se incorporan al circuito financiero formal, como pagos en las cuentas bancarias de Tabacalera Sarandí “ y por ello es que se pone en conocimiento la maniobra observada”.
