El mayor correo privado del país tiene deudas con la AFIP por más de $ 1400 millones; la decisión abre un frente de conflicto con el gremio del camionero Hugo Moyano, al cual pertenecen los 7000 empleados de la compañía.
Los días de OCA, el correo privado más grande del país, estarían contados. Después de meses de gestiones fallidas y de una evaluación técnica exhaustiva, el Gobierno finalmente habría decidido la semana pasada soltarle la mano. Se trata de una decisión sensible: la empresa emplea directamente a 7000 personas afiliadas al gremio del camionero Hugo Moyano, uno de los sindicalistas de mejor relación con la administración de Mauricio Macri, pero también de mayor capacidad de presión en la calle.
La empresa acarrea una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $ 1400 millones y tiene desde hace meses problemas para juntar los fondos para el pago de sueldos.
La AFIP, que le inició el año pasado a OCA y a su dueño, Patricio Farcuh, una demanda por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse, la embargó por $ 300 millones y podría bloquearle en el corto plazo otros $ 600 millones, para cobrarse parte de la deuda, según adelantaron las fuentes. Cada mes que pasa, no obstante, la deuda de OCA con el organismo recaudador se estaría incrementando en unos $ 120 millones.
Con 7000 empleados directos y otros 5000 trabajadores que dependen indirectamente del negocio, hace tiempo que el Gobierno viene siguiendo de cerca la crisis de la empresa. En noviembre pasado, en un intento de salvaguardar los puestos de trabajo, las fuentes aseguraron que Macri incluso cedió a un pedido de Moyano -para entonces, ya a cargo virtualmente de la compañía- y accedió a darle tres meses para que arme un plan de negocios y presente una propuesta de pagos para saldar la deuda con la AFIP. Pero llegó marzo y el plan de negocios nunca se materializó y tampoco hubo avances sobre la deuda con el organismo recaudador.
En paralelo, el Gobierno creó una comisión encabezada por Clarisa Estol, secretaria de Promoción de Inversiones en el Ministerio de Comunicaciones, para evaluar la situación de la compañía y ensayar escenarios posibles de rescate. En la tarea trabajó también un especialista en fusiones y adquisiciones, Alejandro Dillon, y el Estudio Alegría, con un amplio expertise en temas comerciales.
Pero la conclusión fue igualmente desalentadora: no es mucho lo que puede hacer el Estado ante una empresa privada, que además tiene grandes deudas tributarias, ya en instancia de judicialización.
Así las cosas, en una reunión en la Quinta de Olivos, la semana pasada, el propio Macri habría tomado la decisión de dejar que los hechos sigan su curso natural. Lo que, para OCA, podría significar la quiebra.
Durante el encuentro, del que también participaron el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; Estol, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el responsable de Correo Argentino, Jorge Irigoin, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, se habría evaluado en un primer momento intentar postergar el desenlace de OCA hasta noviembre, para así pasar las elecciones sin ruidos.
Pero, cuenta hoy La Nación, ya la AFIP no tendría margen para seguir demorándose en su reclamo sin correr el riesgo de que sus empleados sean interpelados eventualmente por no cumplir con sus deberes de funcionarios públicos.
En el Gobierno saben, no obstante, que la crisis de OCA podría tensar la relación con Moyano, con quien Macri venía en muy buenos términos, sobre todo, tras avalar su participación en la nueva AFA.
Una alternativa que no descarta el macrismo es que Correo Argentino -que tiene 17.000 empleados y en 2016 recibió asistencia del Estado nacional por cerca de $ 1500 millones- pueda tomar parte de la empresa, aunque siempre manteniéndola bajo una gestión independiente a la de la empresa oficial, para al menos darle continuidad a una parte de los trabajadores.
Pero OCA no sólo tiene problemas financieros. Su situación legal y societaria es por demás compleja. Farcuh -quien de hecho compró OCA en su momento gracias a gestiones de Pablo Moyano- denunció en la Justicia que parte de sus empleados le quieren sacar la empresa, a la que, dice, no puede entrar desde junio del año pasado.
