Sin mosquito, no hay dengue. La frase parece una verdad de perogrullo, pero resulta clave para el combate a la enfermedad. Misiones tiene varios frentes de lucha abiertos, con la descacharrización permanente y la vacunación que inició antes que nadie en medio de una feroz epidemia que se extendió a buena parte del país. Ahora sumará una nueva arma letal contra el mosquito, pero a tono con las políticas de cuidado de la biodiversidad que tiene como bandera.
Este jueves se entregará una primera tanda de insecticida Bacillus Thuringiensis Susp. Israelensis (BTI), una solución innovadora en el control biológico de poblaciones de mosquitos vectores de enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla y los jejenes.
El BTI, una bacteria ampliamente reconocida en programas de manejo integrado de plagas a nivel mundial y ha demostrado su eficacia en el control de mosquitos de los géneros Aedes, Culex, Anopheles y Simulium. Su capacidad para erradicar estas poblaciones de insectos transmisores de enfermedades es un paso significativo hacia la protección de la salud pública y el bienestar de las comunidades.
El producto, hecho en Misiones de la mano de la empresa Agrosustentable, será distribuido entre 20 municipios, en un acto que será encabezado por el jefe de Gabinete, Héctor Llera, en el Parque Industrial.
Se trata de un producto biodegradable de rápida acción y altamente selectivo, que no afecta a otros insectos, ni a la flora y fauna y tampoco genera resistencia.
El BTI mata las larvas de los mosquitos en el estadio inicial de su ciclo de vida. El ingrediente activo es ingerido como alimento por la larva del mosquito que se encuentra en el medio acuático.
Una vez que las esporas y los cristales llegan al intestino de la larva, gracias al pH y a la acción enzimática de este medio, la toxina se vuelve activa, lo que produce su parálisis intestinal. Debido a este proceso, la larva deja de comer y muere antes de llegar al estado adulto.
El concepto de la sustentabilidad ha penetrado en todas las sociedades del mundo y de un modo tajante en nuestra provincia. Pensar un futuro sin respeto por el ambiente es tener una visión cortoplacista y de simple contexto. Equilibrar o balancear el progreso con el desarrollo es el desafío que tenemos en cada momento previo a tomar una decisión, desde lo más simple como cambiar un foco, a lo más complejo como instalar una industria. Y ese equilibro, necesariamente, tiene que estar dotado de conocimiento.
Desde Misiones mostramos al mundo que hay un pequeño territorio apto, no sólo de la belleza que nos da la naturaleza, sino de un Estado inteligente que tiene una profunda visión sobre el progreso de nuestra comunidad en sinergia absoluta entre lo público con lo privado, generando alternativas innovadoras que, como lo expresó Carlos Rovira, “aceleran procesos”.
Esos procesos, no pueden ser corrientes o ampliados sin acompañamiento de un gobierno que se encuentra en la búsqueda permanente de nuevos espacios que doten a los productores, empresas o industrias de nuestra propia inteligencia. La articulación entre una educación disruptiva y las metodologías innovadoras para el trabajo no hace más que conceder seguridad y conocimiento para aplicarse en la cotidianeidad, en la rutina. En ese sentido, las bases de todas estas políticas trazadas por una economía ordenada yacen desde un Estado sólido que le otorga valor al que emprende.
Somos una provincia minifundista por excelencia con chacras donde viven personas con una diversidad productiva importante que se sienten acompañados por el gobierno que nos cuida y nos da oportunidades para poder desarrollarnos. Más allá de la contención, hay una apuesta al marco tecnológico que permite ser un modelo agro sustentable de vanguardia, y no se trata de un deseo, sino de una realidad que está motivado por un cambio cultural que no se anima a dar el mundo.
Los pasos que venimos dando como proyecto político, están lejos de ser decisiones espasmódicas y caprichosas, sino que son piezas que se van encastrando para fortalecer a una provincia que es observada en todo el país por la jerarquía del conocimiento aplicado. La configuración de un nuevo mundo estimula el pensamiento, los avances tecnológicos impulsan al desarrollo humano en convivencia con estas nuevas herramientas, y condicionan a sociedades pétreas.
Nuestra tarea es comprender la dinámica del mundo y actuar en función de las nuevas demandas con las reservas absolutas de la identidad misionera. Esto es presente y lo estamos viviendo día a día en nuestra tierra colorada con un gobierno que significa a la inteligencia para conducir al Estado.
*Ministro del Agro y la Producción de Misiones, dirigente del Frente Renovador
El Gobierno de México, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ratificó una medida histórica para la región: la prohibición de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y, también, el uso del herbicida glifosato, con fecha límite en el 2024. El decreto, publicado el 13 de febrero, se trata de una modificación del publicado en diciembre de 2020 para extender las fechas de prohibición y limitar los alcances al consumo humano pero no a la importación de maíz para forraje u otros usos industriales. Estos cambios tiene un motivo de fondo: las presiones de Estados Unidos —productor y exportador del maíz y del paquete de agroquímico y semilla— y de las multinacionales del agronegocio a través de mecanismos incorporados en el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El decreto cita la Constitución mexicana para reconocer la obligación del Estado de cumplir con “derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y “a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas”, en un país que se autoabastece de maíz blanco para el consumo humano. Además, respecto de la prohibición del uso de glifosato y los agroquímicos que lo tengan entre sus activos en 2024, el decreto cita las investigaciones científicas que “han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud, el medioambiente y la biodiversidad” y cómo el agroquímico “ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC-OMS)”.
A pesar de los argumentos, el decreto fue publicado horas antes de que venciera el plazo impuesto por Estados Unidos para que México “explique las bases científicas de las prohibiciones contra el maíz transgénico y el glifosato”, desconociendo las investigaciones existentes e incluso fallos judiciales en suelo estadounidense, bajo amenaza de dirimir el tema en el panel de violaciones al T-MEC.
La secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, explicó que el objetivo del nuevo decreto, que sustituye al de 2020, es “eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas”, o sea, “que lo único que no se podrá comprar al extranjero es maíz genéticamente modificado que tenga como destino final el consumo humano”. Estados Unidos también logró extender la fecha de la entrada en vigencia de la prohibición de la aplicación de glifosato: el decreto anterior ponía el límite en enero de 2024, cuando finaliza el mandato de López Obrador. Ahora, será en marzo de 2024, cuando ya podría haber un gobierno alineado a otros intereses.
Foto: Nicolas Pousthomis / Tierra Viva
Las modificaciones y el lobby de las transnacionales para mantener el maíz transgénico en México
¿Cómo se ajustaron esas “imprecisiones” en el nuevo decreto? Por un lado, precisa que “regula el uso del glifosato y de las semillas y grano de maíz genéticamente modificado, no así de otros agroquímicos, granos o plantas”. En tanto, incorpora el criterio de “autosuficiencia” para hacer más laxos los plazos del fin de las importaciones de maíz transgénico y sostiene que la prohibición será, en lo inmediato, para “la alimentación humana, que es la que se realiza en el sector conocido como de la masa y la tortilla (…) sin que ello implique que no se otorguen autorizaciones para el uso del maíz genéticamente modificado para alimentación animal o uso industrial”.
Las negociaciones por parte de Estados Unidos para flexibilizar el decreto llevaron a reuniones entre el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y el propio López Obrador, en las que se barajó estirar la fecha de prohibición a 2025. Es que, según cifras oficiales, el negocio de la exportación de maíz transgénico ronda los 5000 millones de dólares para las empresas transnacionales.
De esta manera, con el decreto en vigencia, México podrá seguir importando maíz transgénico desde Estados Unidos para forraje, pero no para la elaboración de productos comestibles como hojuelas de maíz, fructosa y aceites, entre otros. Además, la canola, la soja, el algodón y el resto de las materias primas del modelo transgénico quedan fuera de la regulación.
En cuanto al uso de glifosato el decreto, si bien extendió hasta marzo la fecha límite para su prohibición, ratifica en su artículo 4 el objetivo que “la Administración Pública Federal, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato”. Con eso objetivo, en el artículo 5 propone que hasta marzo de 2024, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan “sustentar y proponer alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato”.
Incluso, en los considerandos del decreto, se menciona que ya se encuentran en desarrollo 5 herbicidas agroecológicos de manufactura mexicana, a cargo de empresas y universidades públicas; y que existen otros siete en el mercado mundial.
En una reciente columna, Fernando Bejarano, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), detalló cómo la representante de Syngenta en Estados Unidos, Mary Kay Thatcher, lideró las reuniones con productores en Iowa –estado maicero– para aumentar la presión sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, para que “vaya con el presidente de México y le diga: ‘esto tiene que terminar’”. El temor de las empresas del agronegocio es que la prohibición siente precedente que luego avance sobre la soja transgénica, algo que el reciente decreto de López Obrador aclaró que no sucederá por el momento.
Foto: Sebastián Granata / Télam
Bejarano precisó que fueron dos senadores republicanos de Iowa los que pidieron la creación de un panel de “solución de controversias” por violaciones al T-MEC (sobre la base de un estudio que señalaba las pérdidas económicas que implicaría dejar de exportar maíz transgénico a México). El estudio fue financiado por las empresas del agronegocio en Estados Unidos y México, entre ellas Croplife América, que reúne a las empresas Bayer-Monsanto, Corteva, Grupo Syngenta y BASF, las cuales juntas controlan el 62 por ciento del mercado de plaguicidas en el mundo.
Bejarano también anticipó el peligro que implicaba sostener la importación de maíz transgénico para forraje: “El maíz amarillo importado se destina principalmente para la engorda del ganado que se exporta y para la agroindustria. Pero nada garantiza que si continúa esta importación no se mezcle con el maíz blanco de las tortillas o se use en alimentos procesados y termine con residuos de glifosato, como se demostró un estudio de la Universidad de México (UNAM) en 2017”. Y agregó: “Hay que considerar además que las tolerancias de residuos de glifosato en granos para el ganado en Estados Unidos pueden ser hasta 100 veces mayores que las autorizadas para consumo humano”.
“Sin Maíz No Hay País”
A pesar de las presiones y limitaciones, la decisión tomada en 2020 por el gobierno de López Obrador tuvo ya impactos positivos. Según precisa el decreto, el país ya avanzó en el objetivo “la sustitución gradual del glifosato con alternativas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”. Entre 2021 y 2022, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología redujo un 50 por ciento la recomendación de importación de glifosato, mientras que “programas de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida han mostrado avances significativos en la transición agroecológica, así como en la difusión y escalamiento del uso de bioinsumos y alternativas agroecológicas con experiencias exitosas en todo el país para diversos cultivos”.
Estos cambios son impulsados desde hace veinte años por la Campaña Sin Maíz no hay País, que reúne a un amplio colectivo de organizaciones en defensa del maíz nativo. Tras la publicación del nuevo decreto el colectivo se pronunció con un análisis de ambos textos. En principio valoró cuatro ejes centrales que se mantuvieron a pesar de algunos cambios:
La restricción que impide al gobierno federal adquirir maíz genéticamente modificado y glifosato.
La fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.
La prohibición de liberar (sembrar) maíz genéticamente modificado.
La prohibición de utilizar maíz genéticamente modificado en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.
Marcados estos puntos positivos, la Campaña Sin Maíz no hay País advirtió sobre “resquicios que obligan a las organizaciones y a la ciudadanía en su conjunto, a participar de forma decidida para lograr leyes con sus respectivos reglamentos”. En ese sentido, el colectivo marcó como primer punto que el cumplimiento debe estar cruzado por el cumplimiento del “principio precautorio” para prevenir daños graves o irreversibles en la práctica del cultivo del maíz, que México domesticó “hace más de 7000 años y que nuestro país es centro de origen y diversificación permanente”.
Respecto de la “evidencia científica” exigida por Estados Unidos bajo amenaza de llevar a México ante un panel de controversias del T-MEC, la Campaña valoró las citas a las investigaciones internacionales que se mencionan en el decreto y agregó que la Cibiogem, organismo dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “ha publicado un amplio expediente al respecto. Sin embargo, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.
Foto: Gerónimo Molina / Subcoop
El documento del colectivo de organizaciones también mostró preocupación por la “trazabilidad” del maíz transgénico que continuará importándose para forraje y otros usos industriales debido a que el nuevo decreto señala que “será responsabilidad de quien lo utilice”, por lo que cita los estudios de la UNAM y la Asociación de Consumidores Orgánicos que han encontrado glifosato y transgénicos en alimentos para consumo humano. “Es indispensable establecer controles a partir de leyes y reglamentos que incluyan sanciones”, exigen desde la campaña y proponen avanzar en una ley de etiquetado de los productos que contengan transgénicos, que ya funciona en países de la Unión Europea.
En ese mismo sentido, advierten como el criterio de “autosuficiencia” del abastecimiento del maíz para el forraje y el uso industrial puede terminar siendo un condicionante y exigen “políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia”.
“La actual polémica entre México y Estados Unidos evidencia lo que la Campaña Sin Maíz no hay País ha planteado durante años: el maíz en México y en Estados Unidos corresponde a dos realidades distintas e incompatibles. En México el maíz es el principal alimento y tiene connotaciones culturales que son base de la identidad de millones de personas. En Estados Unidos, en cambio, el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados, y para generar agrocombustibles”, sostiene el documento de la Campaña y recomienda al gobierno mexicano hacer valer las cláusulas de soberanía nacional que están presentes en el tratado T-MEC, particularmente en torno a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
El Parque Industrial de Posadas fue el escenario de la presentación oficial de la megafábrica de Bioinsumos “Agro Sustentable”, que contó con la participación de las autoridades de la empresa y funcionarios provinciales y locales. La planta, que cuenta con Certificación B, tiene como objetivo generar bio insumos para que productores misioneros reduzcan el uso de agroquímicos en sus plantaciones.
El acto se llevó adelante en las últimas horas de la tarde del viernes, donde el presidente de la empresa, Joaquín Basanta explicó que se trata de un hito muy emocionante para ellos, ya que se trata del fortalecimiento de un trabajo que ya desarrollan en la Provincia hace algunos años. “Este proyecto tiene siete años y hoy verlo así es algo muy emocionante. Hicimos un trabajo muy importante en estos siete años que fue investigar y trabajar de qué manera podemos ver que la agricultura pasa a ser sustentable, que pasa a tener un triple impacto”, reiteró.
Actualmente, desde la empresa, producen cien mil litros de biopesticidas por mes, para la yerba mate, cítricos, té, tabaco, palta, maracuyá y otros frutos. El objetivo es multiplicar por dos o tres esa producción entre 2023 y 2024.
Agro Sustentable comenzó hace ocho años comercializando un fertilizante foliar orgánico hasta que se amplió la demanda de nuevos productos “para tener más herramientas y soluciones para los productores”.
“Hoy en día en esta planta, la cual es que me emociona, trabajamos y lo perfeccionamos para llegar hasta un 50 o un 60 por ciento de producción en lo que respecta a los testigos sin aplicar el GTG, sin aplicar un fertilizante que es orgánico, que no tiene ningún tipo de químico que sea nocivo ni para la salud, ni para el cultivo, ni para el sur”, continuó Basanta.
Durante su alocución, el empresario agradeció al Gobierno de Misiones que tuvo un rol fundamental en la instalación de la empresa en la Provincia, a través de las políticas impulsadas de agricultura sustentables, siendo una de las pioneras en el país en trabajar desde el sector público en el tema.
Con una fuerte inversión en laboratorio, tanques y reactores, la empresa instaló una planta modelo a nivel latinoamericano y con recurso humano local, misionero, conformado por profesionales genetistas, ingenieros en alimentos, contadores, entre otros cargos. “Los recursos en Misiones son espectaculares, gente de trabajo, gente de laburo que viene a laburar todos los días”, resaltó.
Además, Basanta informó que ya son 10.000 los productores de la tierra colorada que ya trabajan con los bioinsumos que fabrica Agro Sustentable en su planta de la ciudad de Posadas, mostrando resultados positivos para diferentes plantaciones de la tierra colorada.
Durante la presentación estuvieron presentes el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura Carlos Rovira, los diputados Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli y el intendente de Posadas Leonardo Stelatto, entre otros.
El conductor del partido Renovador, Carlos Rovira, destacó el trabajo que realiza la empresa y el compromiso por parte de los productores que se comprometen, a través de prácticas responsables a tener cultivos más sustentables. “Nuestra provincia es vanguardia en un modelo agrosustentable, es anguardia en el país. Y esto es un objetivo muy caro, requiere de años de inversión, de transferencia de conocimientos”, enfatizó.
En la misma línea aprovechó la presentación para explicar por qué hoy Misiones es atractiva para las inversiones desde las pequeñas pymes hasta un gigante como Arcor. “Acá nació una start up, que tiene destino de unicornio”, precisó en relación con Agro Sustentable.
En 2.021 Agro Sustentable se instaló en el Parque Industrial y sumó tecnología para abastecer la demanda del país, donde atienden cultivos intensivos como trigo, soja o maíz. De esta manera, Misiones se transformará de este modo en la provincia con la mayor superficie en producción orgánica, con producción sustentable.
Agro Sustentable es una empresa B con certificación de triple impacto, social, ambiental y económico social, porque los productores pueden utilizar productos de muy baja toxicidad, los alimentos no están en contacto con productos que pueden ser peligrosos y por otro lado social, porque al consumidor final llegan productos inocuos sin químicos. Además, el impacto ambiental es positivo, porque son productos amigables con el medioambiente.
