Comas: “Quizás sea el momento de ir hacia la disolución del INYM”
Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.
El debate sobre la desregulación yerbatera en el Congreso de la Nación sumó un componente de alta densidad política y jurídica que trasciende la discusión coyuntural sobre los precios de “abandono” en la chacra. Durante el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales en la Cámara de Diputados, la representación de la industria molinera de Corrientes elevó la apuesta: no solo defendió el retiro del Estado instrumentado por el DNU 70/23, sino que reclamó formalmente la disolución definitiva del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), apalancándose en un proyecto legislativo que busca erradicar lo que consideran una “maraña burocrática” inconstitucional.
La postura correntina, sintetizada en la exposición de Joaquín Comas —presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y exdirector del INYM entre 2022 y 2024—, introdujo un análisis sistémico sobre los ciclos de sobreoferta y la pérdida de competitividad geopolítica del NEA frente a Paraguay y Brasil.
La hipótesis de la coincidencia temporal y el ciclo biológico
Para los sectores concentrados de la molienda correntina, adjudicar la actual depresión de precios relativos a la vigencia del DNU 70/23 constituye un error de diagnóstico macroeconómico. Comas apeló a la teoría de los ciclos de commodities agrícolas para aislar la variable regulatoria del comportamiento del mercado:
“El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.
De acuerdo con este análisis, el colapso del valor de la hoja verde responde a la maduración biológica de las inversiones realizadas entre 2018 y 2021. Estimulados por un ciclo de precios excepcionales, los productores implantaron aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas en la región. Dado que la planta de yerba mate requiere entre 4 y 5 años para alcanzar su productividad plena, el pico de la sobreoferta estructural colisionó cronológicamente con la firma del decreto desregulador.
La batalla por el derecho de propiedad y el fantasma de la Resolución 170
El núcleo duro del argumento correntino se centró en la seguridad jurídica y la jerarquía constitucional, reflotando la polémica por la Resolución 170/21 del INYM. Dicha norma, diseñada bajo una matriz de protección al minifundio, limitaba las nuevas plantaciones a un máximo de 5 hectáreas por año por productor, bloqueando la expansión a gran escala de la industria integrada.
Desde la óptica de la molinería correntina, esa medida fue un quiebre institucional dictado por “trasnochados” que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho a comerciar y ejercer industria lícita) y el derecho a la propiedad privada:
“¿Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo tengo que hacer lo que un instituto me diga, cuando se juntaron en un salón siete personas y armaron algo que no pasó ni por comisión?”.
Bajo esta lectura, la fijación de precios mínimos —que según Comas sistemáticamente terminaba en laudos nacionales incumplidos por la fuerza de la realidad física del mercado— y las trabas a la expansión corporativa transformaron al INYM en un esquema asfixiante que no resistía el test de constitucionalidad.
Subsidio cruzado y el “dumping” indirecto hacia Brasil y Paraguay
Uno de los aportes más críticos de la jornada fue la denuncia sobre las consecuencias geopolíticas de la regulación argentina. La industria molinera sostiene que el INYM operó durante un cuarto de siglo como una estructura de extracción de renta que financió su propia burocracia en lugar de generar valor genérico para el sector.
Costo de la estructura: Se estimó el presupuesto del organismo en una caja anual de entre $4.000 y $5.000 millones de pesos, fondeada de manera compulsiva a través de la tasa de fiscalización (estampillado) que paga la industria y que, marginalmente, se traslada al consumidor.
Déficit de inserción global: La crítica sectorial apunta a que, en 25 años, las misiones comerciales del organismo no lograron abrir mercados internacionales significativos, limitando el horizonte de absorción de los excedentes de stock.
El punto neurálgico del análisis de la industria es que las restricciones internas impuestas al productor y al molino argentino actuaron como un incentivo indirecto para el desarrollo agroindustrial de los países vecinos. Al encarecer artificialmente el costo de producción local y limitar la escala, el INYM se convirtió, según la visión correntina, en el “mejor promotor de la yerba mate de Brasil y de Paraguay”, cediendo terreno en el mercado global que recién ahora, tras la liberación del frente exportador, se intenta recuperar.
Hacia la disolución: El Proyecto Brambilla
La ofensiva de los molineros correntinos no quedó en la catarsis retórica. Comas instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado originalmente por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla y respaldado por una veintena de legisladores.
Dicha iniciativa busca la derogación integral de los aspectos regulatorios remanentes de la Ley 25.564 y la liquidación de los activos del INYM, bajo la premisa de que los mercados imperfectos encuentran su equilibrio óptimo mediante la libre competencia y la depuración de inventarios, sin necesidad de un arbitraje estatal que fije precios sostén.
La sesión, coordinada por Strada y Basterra, dejó en claro la fosa ideológica que divide a la cadena: mientras las cooperativas de base y los colonos de Misiones observan en la desaparición del INYM la antesala de un proceso de concentración y éxodo rural, la gran industria integrada del norte de Corrientes lo interpreta como una emancipación corporativa indispensable para competir en el mercado internacionalizado del siglo XXI.
