El 8M en perspectiva económica
8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo
En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.
Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?
El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.
Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza
Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.
La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.
En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.
La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.
Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.
La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.
El peso del trabajo no remunerado
Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.
El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.
Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.
Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.
El impacto del ajuste en políticas públicas
El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.
El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.
Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.
En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.
En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.
Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario
Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.
Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.
En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.
En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.
El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.
En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.
Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales
El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.
Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.
Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.
Un debate económico que trasciende el 8M
El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.
Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.
La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.
